Mendoza: Buscan frenar la implementación de la reforma del Estatuto del Empleado Público
Una medida cautelar fue presentada por un sindicato, mientras buscan declarar inconstitucional la reforma del estatuto del empleado público.
Una medida cautelar fue presentada por un sindicato, mientras buscan declarar inconstitucional la reforma del estatuto del empleado público.
Hace casi un mes, el 30 de septiembre, el Senado provincial convirtió en ley la reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, la cual introduce cambios significativos a la legislación laboral para los trabajadores estatales y tuvo gran resistencia, sobre todo desde el sector sindical.
Menos de una semana necesitó Cornejo para promulgar -el lunes 6 de este mes- esta ley, que fue sancionada de manera particular, tras un empate en 19 votos en la Cámara Alta y un posterior desempate de la vicegobernadora Hebe Casado. Sin embargo, ahora buscan frenar su implementación recurriendo a una medida cautelar por inconstitucionalidad en la Justicia.
El pedido llegó por parte de la Sección Mendoza de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), bajo la representación de su secretario general, Cristian Abel Galdeano. Pretenden que se declare la inconstitucionalidad de la norma, en tanto que «modifica de manera unilateral normas contenidas en el Estatuto del Empleado Público, violando el marco procedimental de la negociación colectiva abierta». También debido a que «de forma arbitraria y antijurídica vulnera preceptos de jerarquía constitucional, convenciones y tratados internacionales y legales».
Se establece en el pedido que como medida precautoria, mientras se declara su inconstitucionalidad o no, se suspenda su aplicación.
Los puntos esgrimidos en el pedido
Por un lado, la medida cautelar asegura que el nuevo Estatuto del Empleado Público lesiona la garantía constitucional de los sindicatos y trabajadores para celebrar convenios colectivos de trabajo y la libertad sindical. Por otro lado, asegura que el artículo 53 limita la posibilidad de interponer recursos por parte del trabajador, violando el derecho a defensa y debido proceso.
También señala que el artículo 4 bis impone la figura de «personal interino» que según la presentación tiene el objetivo de introducir dentro del régimen de empleado público figuras propias del derecho privado, por lo que de esta manera se violaría la igualdad en las condiciones de ingreso y al derecho a la carrera y estabilidad del agente público. Entre otros fundamentos.
La Suprema Corte de la provincia deberá analizar en primer lugar si se da lugar a la medida cautelar para suspender la aplicación de la ley, mientras analiza y sanciona luego su constitucionalidad o no.
Qué dijo el secretario general del gremio
En diálogo con MDZ Radio, el secretario general de UPCN, Cristian Galdeano, explicó por qué presentaron la cautelar. «El camino que debería seguir es que realmente cuando lo traten, realmente den vía a la cautelar para que no se aplique hasta que realmente se resuelva, algo que no se debe aplicar precisamente porque es inconstitucional en el sentido de que vulnera derechos provinciales, nacionales e internacionales de la OIT», señaló.
«Tengo entendido que ATE también la presentó, no sé si ayer o anteayer, con la diferencia que no va con la cautelar, no lo ha hecho con cautelar. ¿Cuál es la diferencia entre ir con la cautelar y no ir con la cautelar? Precisamente puede llevar mucho tiempo, años que se resuelva y mientras tanto van a dar vía libre a la nueva ley; en cambio poniendo la cautelar directamente se tiene que parar todo hasta que se resuelva el tema en la Corte», agregó Galdeano.
