«Estamos quebrados»: los empresarios tucumanos del transporte suspenden de manera rotativa a 150 choferes
AETAT presiona por un cambio de sistema y reclama a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán alrededor de $2.000 millones por mes.
Desde UTA confirmaron que la medida aplicada por los dueños de las empresas son rotativas y alcanzan a la totalidad de las líneas capitalinas. AETAT presiona por un cambio de sistema y reclama a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán alrededor de $2.000 millones por mes. Los choferes no descartan medidas de fuerza, aunque aseguraron que no existen deudas salariales. Nuevo encuentro en la Secretaría de Trabajo.
El conflicto del transporte público, que tienen en tensiones a los empresarios y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, tuvo en las últimas horas un nuevo episodio luego de que se confirmara la suspensión rotativa de 150 choferes, según lo informado desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que este miércoles al mediodía se reunirán nuevamente con los dueños de las líneas capitalinas en la Secretaría de Trabajo.
César González, titular de UTA señaló que las suspensiones rotativas son de cinco a 12 días, y alcanzan a la totalidad de las líneas urbanas de la Capital. “Son unos 150 trabajadores”, confirmó. Sin embargo, se mostró expectante respecto a la próxima audiencia, e incluso marcó que no hay falta de pagos entre los casi 1.200 empleados que tiene el sector.
“El tema de la crisis que manifiestan (los empresarios) es porque ha caído bastante la venta de pasajes, es verdad, entre un 20% y un 30%. Si a eso agregás el Moto Uber, es compleja la situación de algunas empresas. Pero lo que no queremos como gremio es que queden compañeros en la calle”, explicó González. Y advirtió que “tampoco vamos a permitir que sean disminuir de sus salarios estos días de suspensión”.
El dirigente afirmó que el conflicto “sigue de la misma manera”, a partir de la decisión de los empresarios. Explicó que UTA accedió a la convocatoria de funcionarios municipales porque “queremos que esto se solucione a través del diálogo, y no se llegue a ningún conflicto”. “Si no hay solución, vamos a tener determinado en la asamblea cuáles son los pasos a seguir”, expresó.
Ayer martes al mediodía se desarrolló una reunión de conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo, los empresarios ratificaron la suspensión de 150 choferes de las líneas que recorren la Capital y se pasó a un cuarto intermedio para hoy miércoles, donde estarían presentes funcionarios del municipio conducido por Rossana Chahla.
Los anuncios y advertencias empresariales se dieron luego de que solicitaran a la Municipalidad un cambio de sistema para «terminar» con la crisis del sector, y que implicaría que la municipalidad les otorgue cerca de $2.000 millones mensuales.
«Creemos que es la solución el sistema que adoptó Córdoba. Hoy en día, con la tecnología que hay, ellos pueden disponer qué frecuencia, qué ramal, qué línea, cuántos kilómetros, a cuántos minutos, cada coche o cada unidad, como queramos llamarlo, y que nos paguen por kilómetro realizado. Por supuesto que tenemos que andar a la frecuencia y hacer la cantidad de kilómetros que disponga el municipio, en este caso poder concedente», explicó la semana pasada en FM La Tucumana 95.9.
Berretta reiteró que la entidad “no ha pedido un aumento de tarifas”, sino que propuso mutar a un sistema por kilómetro realizado, como funciona en Salta y en otros distritos del país. Reprochó a su vez la falta de controles a “los ilegales”, en especial, de los Uber Moto. Y cuestionó la falta de propuestas por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Está comprobado que estamos quebrados”, dijo.
Tras las medidas anunciadas por los empresarios, la secretaria de Gobierno Municipal, Camila Giuliano, dijo: «ellos no pueden dejar de prestar el servicio sin avisar. No recibimos ninguna comunicación formal; solo conocemos las declaraciones públicas del señor Jorge Berreta —vicepresidente de AETAT—, pero sin precisiones sobre qué líneas ni en qué horarios. Si efectivamente suspenden el servicio sin informar, estarían infringiendo la ordenanza 400/79, que habilita al municipio a sancionar a las líneas y, en casos extremos, incluso a quedarse momentáneamente con las unidades de colectivo”.
Por su parte, por medio de una nota, la Municipalidad rechazó el escrito de AETAT que pide el cambio de sistema y el pago por kilómetro recorrido.
En la nota, el fiscal municipal Conrado Mosqueira calificó como “llamativo” el comportamiento de Aetat, dado que “inesperadamente” elevaron el pedido de un cambio de sistema “bajo amenaza de formular una denuncia penal en los términos del artículo 249 del Código Penal Argentino”, que multa la omisión o retardo ilegal de un funcionario público. El letrado aludió también a la última reunión con Aetat y apuntó que, “mediante amenaza de paro inmediato del servicio”, los empresarios “intiman a proveer un subsidio de $2.000 millones”. Y afirmó que, de persistir esa “conducta extorsiva”, se formulará una denuncia por extorsión.
La intendenta Chahla dijo ayer martes que «estaría de acuerdo porque el último aumento fue en noviembre de 2024”, al ser consultada sobre el pedido de los empresarios. Agregó que mantiene diálogo con intendentes de otras provincias y que la situación local se encuentra por debajo de los valores vigentes en otros distritos. “He hablado con intendentes de otras provincias, como Salta o Córdoba, y allí las tarifas están más altas que en Tucumán. Creo que es un tema que hay que revisar, siempre protegiendo al usuario, pero también entendiendo la situación de los empresarios y los choferes”, expresó.
Chahla explicó que desde el inicio de su gestión el municipio sostiene una mesa de diálogo permanente con las empresas y con la Provincia, aunque subrayó que el problema excede las reuniones y está directamente vinculado al contexto económico. “El problema no es solo dialogar, sino también la situación económica general. Los empresarios aducen una crisis profunda, y nosotros hemos estado acompañando con adelantos de subsidios y reuniones desde el primer momento”, indicó.
Sobre los tres pedidos concretos: aumentar el boleto, recibir un aporte de $2.000 millones por parte del municipio y avanzar en la licitación de las concesiones, Chahla fue categórica: “Nosotros no contamos con esos fondos, pero sí avanzaremos en el envío de los pliegos para licitar las concesiones, lo que permitirá ordenar el sistema”.
En esa línea, consideró necesario encarar una discusión integral sobre movilidad en toda la provincia. “El transporte no termina en San Miguel; es metropolitano, interurbano y rural. Tenemos que sentarnos todos los actores (Gobierno, municipios, empresarios y usuarios) para diseñar un esquema sustentable a corto, mediano y largo plazo”, señaló.
Finalmente, la intendenta descartó que el conflicto responda a disputas partidarias. “El problema del transporte siempre estuvo latente. No hay que buscar interpretaciones políticas, sino soluciones. El gobernador fue claro: hay que tener una respuesta inmediata y una planificación de fondo”, concluyó.
