El municipio de Oro Verde enfrenta un juicio millonario
La Municipalidad de Oro Verde está en alerta rojo. La gestión de José Luis Dumé debe afrontar un litigio millonario en contra gestado en 2004.
El 15 de diciembre el municipio sufrió el embargo judicial de sus cuentas que recién fue levantado este martes. El revés está enmarcado en una causa en la que se reclama una supuesta “apropiación indebida” de terrenos. Después de diez años en los que el recurso atravesó diferentes instancias, esta semana se retuvieron preventivamente la caja comunal. Los querellantes solicitaron la medida y la jueza en lo Civil y Comercial, Juliana María Ortiz Mallo, dictó dos oficios al banco Bersa, uno por $1.025.000 y otro por $95.200. El primero fue levantado a pedido del municipio, y el segundo monto fue entregado en concepto de pago.
El fallo (de segunda instancia), fija en $775.000 el monto (de capital) que debería abonar el municipio en concepto de daños y perjuicios; y $666.500 (de capital) en concepto de honorarios profesionales por actuación en las dos instancias, más los intereses al momento del pago. Según estimaciones de las autoridades municipales, el monto que deberá abonarse está por encima de los $2 millones. “El embargo preventivo lo pudimos levantar a través de un acuerdo en el que pusimos terrenos al valor de la demanda como garantía. Lo hicimos porque necesitamos los recursos para el funcionamiento de la administración”, apuntó el intendente ante EL DIARIO. Y agregó: “Para que se den una idea de cómo es la cosa: el Presupuesto que estamos por aprobar es de unos $28 millones. Bueno, lo que deberíamos pagar por el juicio es un año de lo que se recauda por tasa inmobiliaria”, comparó.
La comuna realizó una nueva apelación, haciendo hincapié en el monto y fecha de actualización e intereses. La causa se encuentra, ahora, en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Estamos estudiando qué podemos hacer, porque también es cierto que la Constitución provincial nos ampara en cuanto a la inembargabilidad de los fondos, pero bueno, todo eso se está estudiando”, señaló. Ante la consulta si el expediente, ante una nueva sentencia adversa, podía ser recurrida a la Corte Suprema de Justicia, Dumé dijo que “hay que ver y analizar la situación”.
El caso. En el año 2000 se aprobó en Oro Verde la ordenanza Nº 12/00 para “perfeccionar títulos cuya posesión ostenta el municipio”. Se hizo en el marco jurídico provincial y nacional. En 2004 comenzaron los trámites posesorios sobre el terreno en cuestión y otros inmuebles. Fue allí que se inició el litigio, cuando el demandante envió una carta documento por la negación del estado de deuda del terreno en discusión. En agosto del mismo año la Municipalidad constató que existían impuestos pagados en DGR en el último año. Se resolvieron las publicaciones oficiales y en octubre se declaró la prescripción adquisitiva del terreno mediante decreto.
En marzo de 2005, el municipio recibió una nueva carta documento del demandante requiriendo la desafectación del terreno apropiado y que fue subdividido en seis lotes. Al año siguiente se realizó la primera presentación ante la Justicia por no poder lograr la devolución del terreno ya que había sido vendido por el municipio.
En julio de 2007, la comuna recibió una nueva carta documento intimando al pago por daños y perjuicios que fue rechazada. La Justicia designó un perito al que se le negó información y se lo impugnó. Al año siguiente se interpuso la primera demanda judicial que se inició en 2009. En abril de 2014, el fallo de primera instancia condenó a la Municipalidad al pago de $775.000 por daños y perjuicios y $352.487 de honorarios profesionales. Esa sentencia fue apelada, pero quedó firme en septiembre pasado. La misma fijó el mismo monto de la instancia anterior, salvo la revocación de lucro cesante que se había pedido. Finalmente se reguló honorarios por $666.500 por primera y segunda instancia. A lo que se sumarán los intereses al momento del pago.
AL MARGEN
Aclaraciones. El intendente Dumé brindó una conferencia de prensa –en la que participaron vecinos y representantes de instituciones intermedias–, donde explicó la situación del municipio. Además, se explayó en los pasos seguidos a lo largo de una década en el litigio por la posesión irregular de esos terrenos. “Es una erogación muy importante la que tiene que afrontar el municipio, y seguramente se verá reflejada en las obras que teníamos planificadas para 2015. Pero quiero ser claro en que esto no afectará los servicios, sueldos y ni tendrá como consecuencia un aumento de tasas por encima de lo presupuestado anteriormente”, aseguró el jefe comunal.
