El Senado chileno aprueba la ley que elimina el sistema electoral creado por Augusto Pinochet
15/01/2015 EL MUNDO
El sistema favorecía a la derecha, que al amparo del sistema binominal con un tercio de la votación controlaba la mitad del Congreso. El antiguo modelo es sustituido por uno proporcional. Se llevaron a cabo 19 horas de debate.
El Senado chileno aprobó ayer, tras 19 horas de debate, un proyecto de ley que elimina el sistema electoral binominal creado durante la dictadura de Augusto Pinochet y lo sustituye por uno proporcional, aunque debe ir a la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley, según fuentes parlamentarias.
Con este proyecto, clave dentro de los cambios políticos impulsados por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se pone fin al modelo diseñado durante la dictadura y que en la práctica favoreció a la derecha política, que al amparo del sistema binominal con un tercio de la votación controlaba la mitad del congreso.
Una lista debía obtener el 66,6% de los votosBajo el sistema binominal se elegían dos cargos parlamentarios por distrito o circunscripción, y para obtener ambos una lista debía obtener el 66,6% de los votos.
Ello dio como resultado que los dos grandes bloques políticos del país, la Alianza de derechas y el actual pacto gobernante de centroizquierda, la Nueva Mayoría, llamada anteriormente Concertación, hayan dominado el Parlamento desde 1990, marginando prácticamente a los partidos más pequeños y a los candidatos independientes.
La aprobación del proyecto «permite dar un salto importante y terminar con un sistema electoral único en el mundo», destacó tras el término de la sesión el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Con el sistema proporcional aprobado se favorece a las candidaturas que individualmente obtengan mayor número de votos en cada elección. Más diputados y senadores El nuevo sistema aumentará además de 120 a 155 el número de diputados y de 38 a 50 el de senadores, con el objetivo de mejorar la representación de los distritos y circunscripciones del país, los cuales también fueron rediseñados.
«Nos sentimos tremendamente orgullosos de decir que hemos logrado algo histórico después de 25 años», dijo tras la sesión la presidenta del Senado, Isabel Allende, pese a que el proyecto para convertirse en ley debe ir a un tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría.
El Senado aprobó también el texto propuesto por el Gobierno sobre la ley de cuotas, la cual establece que la cantidad de candidatos hombres o mujeres no podrá superar el 60% del total de las postulaciones de los distintos partidos políticos.
Hemos logrado algo histórico después de 25 años. Adicionalmente se aprobó una norma que permite que en las elecciones de diputados y senadores, dentro de cada pacto electoral, los partidos políticos puedan asociarse con candidatos independientes.
El proyecto presentado por el Gobierno fue aprobado gracias a los decisivos votos de la senadora del grupo de derecha Amplitud Lily Pérez y del independiente Antonio Horvath, quienes otorgaron la mayoría necesaria para aprobar cada uno de los artículos.
Entre otras medidas, se instauró una norma que indica que cada lista podrá llevar un número de competidores igual al número de escaños disponibles más uno y una indicación que establece que los independientes deberán contar con un número de firmas igual al 0,5% de los electores que participaron en los últimos comicios.
Durante la discusión, los parlamentarios de la Nueva Mayoría se enfrentaron constantemente con los de la Alianza de derechas, a quienes acusaron de dilatar artificialmente el debate al tratar cada uno de los puntos del proyecto sin argumentos de peso para modificarlo.
Mientras, la oposición hizo hincapié en que la iniciativa será perjudicial para la democracia chilena, al distorsionar la igualdad del voto y favorecer las opciones electorales del oficialismo con la reconfiguración de los distritos y circunscripciones propuesta por La Moneda -sede de Gobierno-, entre otras críticas.
En ese contexto, el senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente, anunció que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la nueva normativa, que para esa agrupación es un traje hecho a la medida de la coalición gobernante.