SOEM redobla la apuesta y denuncia penalmente al Intendente de Río Gallegos
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales acusó al intendente de violar los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la juez Marcela Quintana y el fiscal interviniente de la causa será José Antonio Chan. Mientras tanto, el gremio decidió continuar con las medidas de fuerza, hasta el 5 de agosto, cuando vuelvan a reunirse en asamblea luego de las vacaciones de invierno.
Ayer, Pedro Mansilla, en su carácter de secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), se presentó en el Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de la juez Marcela Quintana, para radicar una denuncia penal contra el intendente de Río Gallegos Raúl Cantín. “Vengo por el presente a formular de modo expreso una denuncia penal contra Raúl Alberto Cantín (…) y contra todo otro integrante del gabinete municipal que hubiere propiciado, efectuado u ocultado los hechos que se describirán. En los términos establecidos en el artículo 166° y siguiente del Código Procesal Penal, a los efectos que se inicie investigación penal en función de los delitos que habría sido cometidos por el mencionado. Se pide se investigue: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, dice textualmente el escrito presentado ante el Juzgado.
Entre los argumentos expresados que dieron motivo a esta presentación, los municipales enumeran: “por el retraso del pago de haberes, cuotas sindicales retenidas considerando una práctica desleal, falta de pago en las cuotas alimentarias a niños, niñas y adolescentes que le son retenidas a los trabajadores y no son depositadas en las cuentas judiciales”.
También indican que “el municipio no ingresa los aportes patronales ni personales a la Caja de Previsión Social (CPS) y a la Caja de Servicios Sociales (CSS) generando un incumplimiento en los deberes de funcionarios”.
Asimismo, el SOEM solicita que “en un plazo de 10 días se informe sobre: La deuda que mantiene el municipio a la CSS por aportes patronales y personales del Municipio de Río Gallegos, discriminado por año.
Deuda que mantiene el municipio a la Caja de Previsión Social (CPS) aportes patronales y personales. Deuda que mantiene el municipio al Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz (ISPRO) en concepto al seguro de vida obligatorio, discriminado en su caso, mes a mes”.
Pausa por vacaciones
Ayer, en asamblea, el gremio resolvió continuar con las medidas de fuerza que mantienen hace más de 100 días. De esta manera, mantendrán el quite de colaboración con retención de tarea en los sectores de trabajo hasta finalizar la jornada laboral.
Sin embargo, los municipales decidieron no volver a reunirse en asamblea hasta el 5 de agosto, cuando hayan terminado las vacaciones de invierno. “Como algunos compañeros decidieron tomar el receso invernal, decidimos hacer la próxima asamblea el 5 de agosto” dijo al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos el secretario adjunto del sindicato, Oscar Coñuecar.
Por su parte, Pedro Mansilla anticipó que presentarán “de manera formal, por nota un pedido de audiencia al intendente y al gobernador (Daniel Peralta)” y dijo que así, “veremos de qué manera buscar un canal de solución”.
Fiscalía inactiva
La semana pasada, luego de que el sindicato decidiera llenar el centro de la ciudad de basura y prenderla fuego, el fiscal José Antonio Chan presentó una denuncia en virtud de esos hechos. En el texto, el funcionario judicial solicitaba el “requerimiento de instrucción por la presunta comisión de los delitos de intimidación pública, desobediencia y daño agravado”, contemplados en los artículos 211, 239 y 184 inc. 5 del Código Penal, solicitando al Juzgado N°1 disponga “las medidas pertinentes para su investigación”.
Ahora, Javier Pérez Gallart, asesor letrado del SOEM, dijo que Chan “no es un fiscal que tenga un perfil alto ni medio, sino que tiene un perfil bajísimo y no se destaca por su pro actividad en las causas judiciales”, y ejemplificó: “causas que hubo importantes como la denuncia por la Caja de Previsión que hicieron los empleados judiciales o las denuncias mismas que hizo el Tribunal de Cuentas sobre el estado de la Municipalidad”. Por lo que consideró que no sólo se trata de una “Fiscalía es inactiva, sino que es una Fiscalía que está y hace lo mínimo indispensable con los expedientes penales”.
“Por eso –explicó- fue que en ese contexto expresé que esto, más que una cuestión judicial o una preocupación funcional o ciudadana, tenía que ver con una actitud política”.
En otro tramo de sus declaraciones vertidas a LU12 Radio Río Gallegos, Pérez Gallart se refirió a la intimación, enviada días atrás al Municipio, exigiendo el pago de haberes, razones similares que se mantienen en denuncia penal presentada ayer por los municipales. “El tema de los haberes tiene la urgencia de la necesidad de los trabajadores, como las horas extra que se hicieron, que fueron devengadas previas a las medidas de fuerza y no se pagaron, como los adicionales, las bonificaciones especiales”, y explicó que “por un lado porque eso hace a la urgencia de cubrir las necesidades inmediatas de los trabajadores, pero también hay una serie de irregularidades complejas, que tienen que ver con la falta de ingresos de los aportes personales y patronales –Caja de Previsión y de Servicios Sociales-, falta de ingreso al seguro obligatorio, cuota alimentaria, y así el conjunto de las obligaciones que tiene el Municipio como Estado empleador se están incumpliendo”. Agregó, además, que “no hemos tenido respuesta a la carta documento. Esto también es un delito. Se trata de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, indicó.
Por otra parte, consideró “increíble que se haya llegado a más de 100 días de huelga en una demanda que se podía haber resuelto en los primeros 30 días. El Municipio todavía no ha presentado el Presupuesto y realmente hay una cantidad de fondos o partidas que podrían haber sido reasignadas para establecer una negociación con el gremio”, opinó.
“En un punto intermedio –continuó-, se podría haber resuelto y el Municipio podría haber tenido en sus manos la posibilidad de resolverlo. En ese momento, se perdió la posibilidad de negociar por especular con esta pulseada entre el Estado Municipal y los trabajadores. Hoy se ha convertido en una cuestión de lo más compleja”.
