Gremio municipal de Río Gallegos presentó amparo y concejal plantea observaciones
Aunque según el concejal Jorge Gareca había quedado claro que el Decreto 2.072 era una autolimitación de facultades del propio Ejecutivo Municipal y su par Silvia D’Andrea calificó de “legal” la norma, ayer el gremio presentó un recurso de amparo pidiendo la inconstitucionalidad y la edil cambió de posición y adelantó que enviará “observaciones” a artículos que son “preocupantes”.
Cuando se estimaba que la reunión del lunes mantenida entre concejales de ambas bancadas y un nutrido grupo de delegados del gremio junto a su secretario general para analizar “concienzudamente” el Decreto 2.072 de reordenamiento, dictado por el intendente Grasso, había puesto un manto de calma sobre las dudas que existían sobre el tema, a punto tal que el concejal Jorge Gareca señaló: “creo que quedó todo claro, y que es facultad del Ejecutivo el dictado de ese decreto sin que el Concejo deba ratificarlo”.
A eso se le sumó que la propia Silvia D’Andrea, que encabezó dicha reunión, ayer en declaraciones periodísticas aseguró que el decreto era “legal” y dentro de “los poderes conferidos a través de la Ley 55 al Ejecutivo Municipal”, aunque aclaró que consideraba que, “no tiene legitimación en el momento político que vivimos, nadie discute la legalidad jurídica del decreto”.
Sin embargo ayer, a través de un comunicado y luego que trascendiera que el gremio presentó ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda la aplicación de la norma, considerando que violaba el estatuto municipal y era inconstitucional, la concejal radical sostuvo que en la norma hay artículos que causan “preocupación”.
Luego de afirmar que “las soluciones que el vecino y los trabajadores municipales esperan no están en este Decreto, ni en ningún otro, sino en el buen ejercicio de la práctica de la política y de la gestión de los recursos humanos” , aseguró que “es lamentable que transcriban el manual de misiones y funciones a otro decreto, y con ciertos aditamentos tendenciosos que generan malestar”, consideró que el instrumento “resulta por demás arbitrario y preocupa y mucho”, y agrega que “violenta la Ordenanza 1.378, y los pactos internacionales, entre otros; considero que está muy mal redactado, por otro lado y en una instancia de ‘buena fe’ se debe convocar a las partes para aportar y no dejar de lado a nadie, ni pretender mostrar una imagen que no ayuda y mucho menos generar herramientas con intencionalidades negativas en su práctica”, agregó, y sentenció que “en el análisis con nuestros asesores letrados observamos diversos artículos, preocupa y mucho, voy a estar enviando nota al intendente con las observaciones correspondientes y espero que esté a la altura de las circunstancias, todos los actos de gobierno se deben transparentar”.
Recurso de Amparo
En la mañana de ayer, a través de su asesor letrado, el gremio presentó un recurso de amparo pidiendo “se declare la inconstitucionalidad del Decreto 2.072 en tanto viola la Ordenanza 1.378 -Estatuto que rige la actividad- y afecta derechos de raigambre constitucional (arts 14 y 14 bis de la Constitución Nacional)”.
Desde la organización sindical indicaron que “bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se violente nuestro estatuto y vamos a defenderlo siempre, esta acción del Ejecutivo ha demostrado la falsedad de la buena fe convocada y que afecta la voluntad de mediación en el marco del conflicto, y quienes intervienen en esta instancia de mediación, tanto del juez y de la Secretaría de Trabajo, es arbitrario y avasalla con su contenido a través de sus artículos 3, 4, 6, 7, 8, 12, 20 y 21 los derechos consagrados que amparan nuestra actividad, así como la legislación laboral (Nacional y Supranacional) que ampara a los trabajadores”, culmina el comunicado.
