El 30% de las tasas a la industria irán a financiar obras en Río Grande y Ushuaia
Sobre tablas se sancionó por mayoría una ley que destina el 30% de la recaudación por tasas de verificación de procesos productivos a la pesca e industria a un fondo para financiar obras de infraestructura en Río Grande y Ushuaia que será manejado por esos municipios. La iniciativa fue presentada por la legisladora Rojo, que fue candidata a la reelección por Forja, fuerza política aliada al Frente para la Victoria en la pasada elección provincial y cuyo principal referente es el intendente de Río Grande. En tanto, por unanimidad se aprobó por ley la modificación al horario de atención de bancos y entidades financieras que operan en la Provincia.
El Parlamento resolvió por unanimidad modificar por ley el horario de funcionamiento de los bancos que operan en la Provincia, en tanto que por mayoría, y sobre tablas, aprobó una ley que afecta el 30% de la recaudación por tasas de verificación a la pesca y a la industria a constituir un fondo de financiamiento de obras de infraestructura para Ushuaia y Río Grande y otra que establece por un plazo de 5 años una zona para la extracción de áridos en el sector de playa correspondiente a la Reserva Costa Atlántica.
También con disidencia de los legisladores Arcando y Martínez, del Frente para la Victoria; Siracusa, del PJ; y la oficialista Del Corro se sancionó el presupuesto octubre-diciembre 2015 para la Procuraduría Penitenciara y la modificación a la ley de Policía del Trabajo que creó un adicional salarial equivalente al 65% del haber básico para los agentes que prestan funciones en la cartera laboral provincial.
A pesar de la divergencia de criterios que quedaron de manifiesto en la votación de algunos de los proyectos abordados ayer, la sesión transcurrió en un clima de absoluta calma y en la que el gran ausente fue el debate en torno a las iniciativas en la hubo posturas disidentes.
Unicamente el legislador del FPV, y vicegobernador electo, Juan Carlos Arcando postuló, sin éxito, al momento del tratamiento del proyecto de creación del fondo de financiamiento para obra pública y del referido a la explotación de áridos que ambas iniciativas fueran giradas a comisión.
El resultado de la votación de esos proyectos parece haber dejado en evidencia los posicionamientos políticos de los Legisladores, por lo menos en aquellos temas vinculados a cuestiones económicas; por una lado un bloque integrador por los parlamentarios de la UCR, MPF, Tapia del MST, el justicialista Barrientos, Rojo del bloque Partido Popular Patagónico-FORJA y Marinello del Bloque Patagónico. Por el otro los dos referentes del Frente para la Victoria, la justicialista Siracusa y Del Corro del actual partido gobernante.
Con la negativa de los oficialismos se restaron fondos al Ejecutivo
Sin lugar a dudas el proyecto presentado por la legisladora Rojo, que afecta el 30% de la recaudación por tasas de verificación de procesos productivos para financiar obras en Río Grande y Ushuaia, fue el que generó mayor sorpresa por distintas razones. Una de ellas, porque esos recursos que en la actualidad son de libre disponibilidad para el Ejecutivo provincial se pretende se distribuyan parcialmente a los municipios de Río Grande y Ushuaia en función al número de habitantes de cada una de esas ciudad, lo que implica restar cuanto menos unos 150 millones de pesos al año al Ejecutivo, y de alguna manera permite a los dos Municipios recuperar con creces los recursos que resignaron con la constitución del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Otra, que se haya dejado fuera del reparto al Municipio de Tolhuin. Otra, que la autora de la iniciativa sea una legisladora que fue candidata a la reelección por Forja, fuerza política que tiene como principal referente al intendente de Río Grande, Gustavo Melella y que en las pasadas elecciones provinciales constituyó una informal alianza con el Frente para la Victoria, partido que gobernará Tierra del Fuego a partir del próximo 17 de diciembre.
La propuesta en cuestión resultó aprobada con los votos de los legisladores Rodríguez, Martínez Allende y Blanco (UCR); Andrade, Löffler y Lechman (MPF); Barrientos (PJ); Tapia (MST) Marinello (Bloque Patagónico) y Rojo, ello a pesar de que Arcando (FPV) solicitó que se remitiera a Comisión habida cuenta que implicaba un claro desfinanciamiento para el Ejecutivo Provincial.
Atento a la postura contraría a la aprobación del proyecto por parte de la única representante que tiene el Ejecutivo en el Parlamento, todo hace suponer que la gobernadora Ríos vetará la iniciativa. A pesar de ello, si los 10 legisladores que votaron favorablemente el proyecto Rojo mantienen esa convicción contarían con los votos para la insistencia.
Canteras en la costa por otros 5 años
Otra iniciativa presentada sobre tablas y también aprobada por mayoría, fue el proyecto ingresado por el mopofista Damián Löffler que dispone por un plazo de 5 años “una zona de uso especial en el sector de playa correspondiente a la Reserva Costa Atlántica, en la que se podrá realizar la actividad de extracción de áridos minerales de tercera categoría”.
De acuerdo a los manifestado por el reelecto legislador del MPF, la iniciativa en cuestión fue elaborada de manera conjunta por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y los titulares de las canteras que venían realizando su actividad en la zona costera cercana a la ciudad de Río Grande, y a las que por razones de preservación del medio ambiente se les revocó la autorización para seguir operando en ese sector.
Löffler refirió que esa determinación generó, en su momento, preocupación en las empresas constructoras y en los organismos estatales que desarrollan obra pública tanto por la potencial falta de áridos como un posible aumento en el costo de ese insumo básico, lo que derivó en el trabajo conjunto del que surgió el proyecto por él presentado.
Una vez fue el frentista Arcando el que peticionó a sus pares el giro de la propuesta a comisión, que fue respaldada únicamente por Martínez, Siracusa y Del Corro. En esta oportunidad fue el radical Blanco quien sustentó la postura de la mayoría argumentando que por tratarse de un proyecto elaborada por el área gubernamental competente en la materia no encontraba argumentos valederos para diferir su aprobación.
Presupuesto para la Procuraduría Penitenciara
Tampoco hubo unanimidad de criterio respecto de la aprobación del presupuesto octubre-diciembre de 2015 para la Procuraduría Penitenciara. Al someterse a votación el proyecto que asignó una partida de 2,2 millones de pesos al organismo creado por el Parlamento, los legisladores Arcando, Martínez, Siracusa y Del Corro votaron por la negativa. Esa postura mereció el reproche del radical Blanco, quien calificó de incongruente la conducta de esos 4 Legisladores. Recordó que la ley de creación de la Procuraduría fue aprobada por unanimidad; que también se votó de manera unánime el rechazo al veto dispuesto por el Ejecutivo y que no hubo objección alguna a la toma de juramento y puesta en funciones del Procurador y del Procurados Adjunto. Por ello dijo que le “parecía poco serio” que esos mismos Legisladores se opusieran a dotar al organismo de los recursos económicos que posibilitarán que comience a funcionar.
De la resolución a la ley
Además de la ratificación de la totalidad de las Resoluciones de Presidencia, de los pedidos de informe y las declaraciones de interés provincial, también resultó aprobado por unanimidad el proyecto de ley que fijó “para las entidades bancarias y financieras que operan en la Provincia, el horario de atención al público comprendido entre las 08:00 a 13:00 de lunes a viernes, a partir del día 1 de diciembre de 2015”.
Originalmente el bloque radical había presentado un proyecto de resolución en el que se solicitaba al Ejecutivo fueguino que arbitrara los medios para fijar el nuevo horario de atención al público, pero antes de tratarse el asunto se votó un cuarto intermedio. Una vez que los legisladores volvieron a ocupar sus bancas, Blanco anunció que se había acordado cambiar el carácter del proyecto, por lo que la modificación horaria dejó de ser una solicitud para convertirse en una decisión aprobada de manera unánime.
Si bien ningún parlamentario fundamentó en sesión los motivos del cambio ni las razones por las cuales interpretaron que la Legislatura tiene facultades para disponer una medida de se tipo, trascendió que se valieron para ello de una ley de la provincia de Mendoza que legisló en ese mismo sentido y de una interpretación amplia de la redacción del artículo 4 del decreto nacional 262/86. el mencionado decreto establece que en los bancos “el horario de atención al público será de 10 a 15” pero contempla la posibilidad de que “en las provincias y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus respectivos gobiernos podrán disponer, cuando las necesidades locales lo hagan imprescindible, la implantación de horarios de ocupación para el personal y de atención al público distintos” al antes mencionado.
Para los parlamentarios , al referir el decreto a Gobierno y no a Poder Ejecutivo está habilitando también a que el poder que integran legisle en la materia.
De la sesión de ayer no participaron el vicegobernador Roberto Crocianelli, quien se encuentra usufructuando hasta el 12 de noviembre su “licencia anual reglamentaria”, ni el legislador Adrián Liendo que también está en uso de de licencia.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
