Proyecto de Bachelet para retornar a la educación estatal
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió ayer al Legislativo un proyecto de ley que crea una Dirección Nacional de Educación Pública y 67 servicios locales descentralizados.
Cumple asi con una promesa de campaña.
Con esta medida, el Gobierno de Chile pretende devolver al Estado «la responsabilidad de administrar la educación pública para asegurar que Esta sea de calidad», explicó Bachelet en el Palacio deLa Moneda, sede del Ejecutivo.
La administración de la educación, que hasta 1986 dependía del Ministerio de Educación de Chile, fue traspasada a los municipios en los cuales estaban ubicados los centros. En ese entonces las razones esgrimidas para iniciar dicho proceso fueron variadas pero la principal de ellas fue la descentralización del servicio educativo fiscal, que a partir de entonces se asignó a los municipios.
Eso propició que los municipios rurales, con pocos recursos, tuvieran dificultades para financiar los centros docentes y su profesorado, lo que impactó directamente en su nivel educativo. Asimismo, desde ese entonces el Estado pagó a las escuelas de acuerdo a la asistencia de los alumnos, lo que también jugó en contra de los municipios rurales, donde con cierta frecuencia los alumnos faltan a clase para ayudar a su familia en las tareas del campo.
Educación, «derecho común de todos los ciudadanos»
En ese contexto, la mandataria subrayó que una vez se apruebe la ley la calidad de las escuelas y liceos dejará de depender de «cómo le vaya a cada municipio», para convertirse en responsabilidad de todo el país. «Entre todos vamos a dar el soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta de calidad», agregó la presidenta, quien recordó que la educación es un «derecho común para todos los ciudadanos».
La iniciativa creará una Dirección Nacional de Educación Pública, que será la encargada de coordinar y supervisar la red estatal de educación y que se subdividirá en 67 servicios locales, encargados de la gestión territorial.
Dichas direcciones liberarán a las escuelas de sus actuales obligaciones de gestión administrativa, para poder centrarse en los procesos educativos y velarán para que existan las condiciones y recursos que garanticen la seguridad y calidad de la educación de las escuelas.
