Movimientos sociales dan un espaldarazo a Rousseff pero critican el ajuste fiscal
Los movimientos sociales, sindicatos y algunos partidos políticos de izquierda marcharon ayer por las calles de varias ciudades brasileñas para darle un espaldarazo a la presidenta, Dilma Rousseff, pero, a su vez, criticaron el ajuste fiscal presentado por el Gobierno para sanear las cuentas.
Las manifestaciones contra el juicio político a la presidenta, que los movimientos califican como un intento de golpe de Estado, se dieron en 23 ciudades de Brasil, tres días después de las convocadas por los grupos que demandan la destitución de la presaidenta, que tuvieron una baja adhesión.
Las manifestaciones contra el juicio político a la presidenta, que los movimientos califican como un intento de golpe de Estado, se dieron en 23 ciudades de Brasil, tres días después de las convocadas por los grupos que demandan la destitución de la presaidenta, que tuvieron una baja adhesión.
Las movilizaciones marcharon por lugares como Rio de Janeiro, Natal, Goias, San Pablo y Brasilia, entre otras, con banderas que proclamaron el «Día Nacional de Lucha contra el Impeachment, el ajuste fiscal y Cunha», según informaron sus organizadores.
A ultima hora el Tribunal Supremo de Justicia (STF, Corte) decidía si continuaba o no el proceso que el martes pasado ser inició con la conformación de una comisión especial que juzgaría a la mandataria.
La Cámara de Diputados decidió el martes pasado analizar el pedido de instauración de un juicio con fines de destitución por el supuesto maquillaje de las cuentas fiscales presentadas por el gobierno pero fue suspendido temporalmente por el Supremo después de que el oficialismo solicitó esclarecer algunos detalles sobre el trámite.
Según Fachin, cuya sentencia debe ser debatida y votada por los otros diez miembros de la corte, el proceso con miras a la pérdida del cargo de la mandataria solicitado por la oposición se ajusta a derecho y atiende todos las exigencias de la Constitución.
El instructor rebatió el argumento presentado por partidos oficialistas y aclaró que un proceso de esa naturaleza es de contenido «político y jurídico».
Fachin rebatió el alegato de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, estuviera «impedido» de autorizar el inicio del trámite del juicio político por su condición de declarado opositor al gobierno de Rousseff.
La elección secreta había sido objetada por el oficialismo bajo el argumento que las votaciones en la Cámara baja son usualmente abiertas, pero, en opinión del magistrado instructor, se está frente a una situación excepcional.
«Entiendo que la Constitución, en situaciones excepcionales como ésta, permite que la votación sea secreta» a fin de «resguardar al parlamentario frente a la posibilidad de juzgar a un Presidente de la República», declaró.
Tras la presentación del voto del instructor, la corte suspendió la sesión y acordó reanudarla mañana cuando expresarán su parecer los otros diez miembros de la corte.
Durante el mediodía, el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, descartó cualquier hipótesis sobre una renuncia de la presidenta. «Esa hipótesis (de renuncia) no existe porque sería una falta de respeto a la carta democrática brasileña», declaró Silva en un encuentro con corresponsales extranjeros en San Pablo.
Sobre el proceso de eventual juicio político que se tramita en el Congreso, Silva afirmó que «el gobierno está enfrentando este asunto desde el punto de vista de que (la destitución) no tiene respaldo jurídico», porque «un desequilibrio en la gestión financiera no puede caracterizar un crimen».
«Es innegable que Brasil vive un momento de crisis política y económica», manifestó el ministro, para quien la «mayor preocupación», en los actuales momentos, «es con el crecimiento de la intolerancia política, que es inaceptable».
Tras la presentación del voto del instructor, la corte suspendió la sesión y acordó reanudarla mañana, cuando expresarán su parecer los otros diez miembros de la corte.
El juez Luiz Fachin, instructor de la causa en la que la Corte decidirá el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, negó hoy uno a uno los alegatos del oficialismo contra ese proceso.
«La enorme mayoría de los actores políticos son adversarios o partidarios de un presidente», por lo que «no se puede exigir una imparcialidad absoluta» en un proceso que «también es de naturaleza política y, por tanto, no puede ser exclusivamente jurídico», dijo y reafirmó que tanto la admisión del proceso como una votación secreta hecha en la Cámara baja para escoger a los miembros de una comisión especial que tramitará el caso se hicieron dentro del marco legal.
De acuerdo con Silva, la actual crisis política partió desde las elecciones de 2014, «las más polarizadas desde la redemocratización», después de 21 años de dictadura entre 1964 y 1985.
