Violencia policial e impunidad en Chile
Los casos de violencia policial juzgados por tribunales militares, las causas pendientes por violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura (1973-1990) y la penalización del aborto, destacaron en el informe anual sobre Chile de Amnistía Internacional.
La ONU instó a las autoridades chilenas a reconocer la vigencia de los Derechos Humanos en el país.
De los casos de violaciones de derechos humanos que implican a miembros de las fuerzas de seguridad, cuestionó que sigan siendo juzgados por tribunales militares, pese al compromiso público de las autoridades de reformar la legislación pertinente. Anotó que no se realizaron progresos respecto a la derogación de la Ley de Amnistía de 1978.
Aunque los datos oficiales del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indican que 72 de las 122 personas que entre 2014 y septiembre de 2015 habían sido declaradas culpables de violar derechos humanos estaban cumpliendo penas de prisión, las organizaciones de víctimas condenaban la lentitud en establecer la verdad sobre los miles de casos de desaparecidos. Amnistía reclamó por el mantenimiento del secreto de la información de la Comisión Valech sobre tortura y encarcelamiento por motivos políticos durante la dictadura que por 50 años no estará a disposición de quienes demandan justicia.
Asimismo, destacó avances en el caso del crimen del cantautor Víctor Jara en 1973, con la acusación de 10 ex militares. Otros siete ex militares fueron acusados de quemar vivo a Rodrigo Rojas, de 19 años, y de herir gravemente a Carmen Gloria Quintana, de 18 años, en 1986, luego de la información entregada en 2015 por un recluta de la época.
De los derechos reproductivos, relevó que el aborto sigue tipificado como delito y que un proyecto de ley para despenalizarlo en tres circunstancias sigue en el Congreso. En cuanto a los derechos de los pueblos originarios, indicó que nuevas denuncias refieren uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante operativos policiales contra comunidades.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) instó a Chile a garantizar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, con el fin de asegurar el consentimiento libre, previo e informado en las decisiones que pudieran afectar directamente sus garantías.
Sobre los derechos del mundo homosexual, destacó la entrada en vigor de la legislación sobre el acuerdo de vida en pareja, que incluía a aquellas del mismo sexo. Aún resta, acotó, que se apruebe un proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género que permitiría cambiar el nombre y género en documentos oficiales.
