Un sugestivo operativo judicial en Berazategui
Los empleados se quejaron porque no podían salir y no tenían teléfono ni Internet. La medida la ordenó el juez Luis Armella, cuestionado en la causa sobre el Riachuelo, mientras el intendente estaba de licencia.
Los empleados se quejaron porque no podían salir y no tenían teléfono ni Internet. La medida la ordenó el juez Luis Armella, cuestionado en la causa sobre el Riachuelo, mientras el intendente estaba de licencia.
Un operativo de más de 300 gendarmes irrumpió ayer en la municipalidad de Berazategui. Durante ocho horas, los oficiales revolvieron cada escritorio de los cinco pisos del edificio municipal, incluída la privada del intendente, Patricio Mussi, quien se encuentra de licencia desde el martes. La orden partió del juzgado federal 1 de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella –el mismo que fue apartado por la Corte en 2012 de la Causa Riachuelo tras una investigación de Página/12 que reveló cómo el magistrado contrató para el saneamiento de la cuenca a empresas de sus familiares–. Armella dispuso el allanamiento en el marco de la causa en la que se investiga al intendente por la supuesta malversación de fondos públicos del Plan Argentina Trabaja. A la hora de ordenar la medida, el magistrado estaba al tanto de la ausencia del intendente, dado que las licencias de los jefes comunales se tramitan públicamente en el consejo deliberante.
Sorprendidos por la magnitud del operativo, muchos de los empleados del municipio entraron en pánico. “Los gendarmes no nos explicaban nada de qué buscaban, pero revolvieron cada papel y hasta nuestros elementos personales, incluso de las recepcionistas. Muchas madres no podían pasar a buscar a sus hijos por la escuela y tampoco podían avisar, porque nos cortaron los teléfonos e internet. Fue todo muy angustiante”, contó una de las trabajadoras.
“Esto es peor que en las épocas militares”, denunció el diputado provincial del FpV-PJ, Juan José Mussi, padre de Patricio y ex intendente, a quien hasta anoche le fue prohibido el ingreso al edificio.
El allanamiento se extendió por ocho horas, durante las cuales les fue prohibido a los trabajadores abandonar el edificio. Y continuaba anoche, cuando se terminaban de labrar las actas sobre qué elementos se habían secuestrado del lugar. “No creo que sepan ni qué vinieron a buscar, porque no se enfocaron en ningún área en particular, sino que literalmente dieron vuelta todo. Hasta revisaron los techos y quisieron romper una pared de durlock porque querían averiguar si había algo escondido”, detalló la empleada.
El de ayer fue el tercer allanamiento sobre la intendencia en lo que va del año. Los dos anteriores habían sido en el marco de la causa que investiga un brote de diarrea en el municipio, que también lleva adelante el juez Armella. “La denuncia provino de un médico de apellido Nadaz y la radicó en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires”, dijo ayer el magistrado en declaraciones periodísticas. Se refería a la causa por el supuesto mal estado de las plantas de Aysa en el municipio y no al caso de las supuesto desvío de fondos en el Plan Argentina Trabaja. La misma confusión, según los testimonios, la tuvieron los gendarmes, que durante el allanamiento no se concentraron en ningún área específica del municipio, sino que revisaron y secuestraron papeles al voleo. El juez indicó además que no descarta nuevos operativos.
Armella fue separado por la Corte de la Causa Riachuelo, luego que se detectara que había contratado empresas ligadas a sus familiares para el saneamiento del río, información que reveló este diario. Por ese motivo enfrenta un pedido de juicio político que duerme en el Consejo de la Magistratura. En octubre del año pasado fue citado a declaración indagatoria por pedido de la Procuvin, dado que mantuvo presos durante un año y tres meses sin ninguna prueba a cinco personas en el marco de la investigación del secuestro extorsivo del empresario Leonardo Bergara.
Ayer, el magistrado ordenó el allanamiento estando en conocimiento de la licencia del intendente –lo reemplazaba el jefe comunal interino Juan Carlos Valor–, que tiene estado público dado que debió ser aprobada por la legislatura local. “Hablé con Patricio, está muy preocupado. Es todo muy llamativo, parece más un caso de persecución política que una investigación judicial real”, sostuvo Juan José Mussi.
