Conmoción en los latinos de EEUU por nuevo decreto migratorio
La ofensiva oficial contra la inmigración ilegal hizo crecer a los estafadores que cobran miles de dólares para tramitar residencias. Denuncian detenciones.
La ofensiva oficial contra la inmigración ilegal hizo crecer a los estafadores que cobran miles de dólares para tramitar residencias. Denuncian detenciones.
La ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal ha conmocionado a la población latina a lo largo y ancho de Estados Unidos e hizo florecer a los embaucadores que sacan partido de las necesidades de los más vulnerables.
Grupos defensores de los inmigrantes y funcionarios afirman que los embaucadores se están dando un festín con el temor de los inmigrantes: desde abogados sin escrúpulos que cobran miles de dólares por tramitar un permiso de residencia o una visa de trabajo que nunca se materializan hasta estafadores que cobran por documentos que se consiguen gratis por internet pasando por personas que alegan ser funcionarios de migración.
“Cuando hay gente preocupada y con miedo, lamentablemente aparecen los que sacan partido», dice Enrique Morones, fundador y director de la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Border Angels, con sede en San Diego (suroeste).
El decreto es muy laxo y otorga a los agentes federales amplias potestades para aplicar las leyes migratorias; les permite deportar incluso a inmigrantes indocumentados que no han cometido delitos graves.
Defensores de los derechos humanos alegan que están de acuerdo con que se deporte a los delincuentes, pero que el decreto amenaza a casi todos los inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
Denuncian, como ejemplo, numerosas detenciones en las últimas semanas, incluida la de un padre de cuatro niños, que fue arrestado en Los Angeles después de dejar a uno de ellos, nacido en Estados Unidos, en la escuela, y la de una mujer en Arizona que vivió en Estados Unidos durante más de dos décadas antes de ser deportada el mes pasado.
Casos como estos han llevado a muchos inmigrantes -algunos sin educación formal o que no hablan inglés- a buscar consejo con personas que dicen ser abogados o cualquiera que les prometa un acceso fácil a la legalización.
Muchos estafadores aparecen en reuniones de inmigrantes en las que distribuyen folletos, ofrecen sus servicios u obtienen nombres y números de teléfono, asegura Morones. Las autoridades han advertido que algunos incluso dicen que son funcionarios federales de migración. Un trabajador agrícola mexicano víctima de un abogado corrupto muestra un documento de inmigración por el que pagó 500 dólares y que ignoraba que estaba disponible gratuitamente en internet.
Buscan separar a las familias
El anuncio del gobierno estadounidense de que analiza separar a los hijos de quienes sean detenidos al cruzar ilegalmente la frontera desató ayer la indignación de organizaciones defensoras de inmigrantes y de representantes hispanos en el Congreso, que calificaron de “inhumana” esa política.
La congresista Michelle Lujan Grisham, presidenta del bloque de legisladores latinos demócratas, aseveró en un comunicado que esa posible medida “cuestiona los derechos humanos básicos y la autoridad moral de nuestro país en el mundo”.
El secretario de Seguridad Nacional John Kelly indicó la víspera que las acciones formarían parte de un esfuerzo por desalentar a las familias de realizar la peligrosa travesía a través de México hacia la frontera con Estados Unidos.
La vicepresidenta del National Council of La Raza, Clarissa Martínez, dijo que la propuesta no tiene sentido debido a los costos que representan las detenciones indefinidas y porque va en contra de los valores familiares.
Martínez aseguró en conferencia de prensa que el gobierno de Donald Trump enfrentaría demandas legales si llegara a adoptar tal política pero advirtió que “a la administración poco le importa si las medidas son ilegales. Lo que buscan es causar confusión y miedo”.
