Tucumán: De $ 2.110 millones de deuda municipal, casi un tercio corresponde a la capital
En términos absolutos, el pasivo de las intendencias se incrementó en los últimos 13 años. Sin embargo, el crecimiento en los ingresos por coparticipación de impuestos y de Fondo de Desarrollo del Interior les permitiría desendeudarse en una menor cantidad de tiempo respecto de antes de ingresar al Pacto Social con la Provincia.
Del total de la deuda pública de los municipios, casi un tercio corresponde a la administración de San Miguel de Tucumán. Así se desprende de un informe oficial al que accedió LA GACETA, y en el que se refleja que entre las 19 intendencias acumulan un pasivo de casi $ 2.110 millones. De ese monto global, alrededor de $ 590 millones pertenecen a la Capital.
La polémica respecto del grado de endeudamiento de los gobiernos locales resurgió con fuerza durante la semana pasada, luego de que el intendente Domingo Amaya le reclamara al Poder Ejecutivo unos $ 170 millones en saldos a favor por la cesión de coparticipación y de recaudación propia. Como contrapartida, el Gobierno le replicó al jefe municipal capitalino que el pasivo de esa administración llegaba a $ 590 millones, y lo invitó a salir del Pacto Social si lo consideraba necesario.
El convenio está vigente desde 2000, cuando el gobernador, José Alperovich, se desempeñaba como ministro de Economía de Julio Miranda. Consiste en un acuerdo mediante el cual el Gobierno provincial se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación (federal y provincial). Algunos, como la capital, además cedieron sus ingresos tributarios propios.
Según la planilla oficial, en términos absolutos la deuda de las municipalidades se incrementó en los últimos 13 años.
En rigor, cuando en el año 2000 comenzó a regir el Pacto Social, el pasivo general de las Intendencias era de casi $ 1.700 millones. Trece años después, la suma adeudada es de $ 2.110 millones. En tanto, los ingresos recibidos por los municipios en concepto de coparticipación y de Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) prácticamente se duplicaron en ese lapso. Así, mientras en 2000 por coparticipación los 19 municipios recibieron $ 56,1 millones, el año pasado obtuvieron casi $ 100 millones. El caso del FDI (no alcanza a la Capital) es similar: de $ 18 millones se elevó a $ 32 millones en 13 años. En general, ambos ítems crecieron de $ 74,4 millones, al inicio del Pacto Social, a $ 161 millones en 2013.
Este incremento en los ingresos por coparticipación y por FDI permitió que, a la vuelta de 13 años, la mayoría de los municipios necesite de menos tiempo para alcanzar el desendeudamiento. Así, por ejemplo, San Miguel de Tucumán necesitaba de 20 meses -cediendo todos sus ingresos y “cerrando” sus puertas” a fin de no generar nuevos gastos- para devolver los $ 500 millones que debía en 2000; hoy, la relación es de 13 cuotas. Hay municipios en los que esa diferencia se achicó aún más. Concepción, por caso, requería entregar todos sus fondos durante 14 meses al inicio del nuevo milenio, en tanto que ahora podría concretar el desendeudamiento en siete meses. Simoca, administración del este provincial, necesitaría de dos cuotas para cancelar su pasivo, en tanto que La Cocha en menos de un mes podría cumplirlo.
Detrás de la Capital, entre los más endeudados aparecen Yerba Buena ($ 279 millones), Banda del Río Salí ($ 206 millones), Lules ($ 181 millones), Aguilares ($ 151 millones), Famaillá ($ 127 millones), Tafí Viejo ($ 112 millones) y Monteros ($ 102 millones).
Diferente es el caso de los municipios de Yerba Buena, de Lules y de Aguilares. Las tres administraciones peronistas son las únicas tres que incrementaron la relación entre sus pasivos y las cuotas que necesitarían para su cancelación, a la vuelta de estos años de vigencia del Pacto Social.
La “Ciudad Jardín”, por ejemplo, adeudaba $ 185 millones en 2000, y hoy presenta un pasivo de casi $ 279 millones. Así, en lugar de las 67 cuotas que necesitaba hace 13 años, hoy debería ceder todos sus ingresos durante 74 mensualidades. La explicación se sustenta en que esa Intendencia recibe recursos dentro del Pacto Social como si fuese un municipio de primera categoría; sin embargo, según la ley, es una administración de segunda categoría y, por ende, sus ingresos coparticipables y de FDI se miden como administración de segunda. Lules y Aguilares, finalmente, adeudan más cuotas que en 2000 porque se sumaron varios años más tarde al Pacto Social, según la explicación del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.
A juzgar por las planillas, el principal acreedor de los municipios es la Provincia: por el Fondo Fiduciario para Obras y Sueldos, los 19 gobiernos locales adeudan $ 1.700 millones de los $ 2.110 millones que tienen de pasivo global. Pero a esa cifra deberían sumarse los montos que la Provincia asumió mediante títulos públicos, como los Bogar y los Consadep.
Los $ 2.110 millones, además, implican casi un 10% del Presupuesto de gastos provinciales para este año, pautado en $ 23.000 millones por la Legislatura.
