Última semana para despejar el futuro catalán
La declaración unilateral de la independencia o la convocatoria de elecciones locales son las dos opciones que se barajan en el gobierno de Puigdemont para evitar la suspensión de la autonomía regional dispuesta por Rajoy.
La declaración unilateral de la independencia o la convocatoria de elecciones locales son las dos opciones que se barajan en el gobierno de Puigdemont para evitar la suspensión de la autonomía regional dispuesta por Rajoy.
Entre el jueves y el viernes prometen despejar la incógnita del futuro –el próximo, al menos– de Cataluña. La Mesa del Parlamento regional aprobó ayer la solicitud de Carles Puigdemont de convocar un Pleno para decidir la respuesta a lo que consideran “el peor ataque desde Franco”, es decir, la intervención del autogobierno catalán por el Ejecutivo español. Mariano Rajoy resolvió finalmente, después de ya casi dos meses de tensión extrema y posibilidades de diálogo cada vez más remotas, aplicar el artículo “maldito” de la Constitución, el famoso 155 que abre las puertas a la suspensión de la autonomía de una región en “circunstancias excepcionales”.
En Barcelona, el jueves podría ser “el gran día” que los secesionistas anhelan desde hace años porque, si bien el Govern no especificó sus intenciones para el próximo Pleno parlamentario, sí que habló de “dar respuesta” a las medidas del Poder central en su comparecencia el pasado sábado tras el anuncio de Rajoy. De momento, dos opciones son las que a nivel público se barajan: la convocatoria de elecciones regionales –antes de que sea el propio líder del Partido Popular (PP) el que lo haga, habilitado por el artículo 155– o la declaración unilateral de la independencia (conocida por todos en España como DUI), que también podría ser el levantamiento de la suspensión de la DUI que Puigdemont realizó el día 10.
Desde los partidos que forman la confluencia nacionalista que gobierna Cataluña –Junts pel Sí– un amplio porcentaje aboga por concluir el proceso hacia la separación en consonancia con el apoyo popular recibido en el referéndum del 1 de octubre, cuando más de dos millones de personas expresaron en las urnas que quieren irse de España. El portavoz del bloque de gobierno, Lluís Corominas, explicó que su grupo impulsará todas las medidas jurídicas oportunas, también la penal, para evitar que la suspensión de la autonomía acordada por PP, PSOE y Ciudadanos se haga efectiva y la CUP, formación independentista y anticapitalista que comparte gobierno con el grupo de Puigdemont y con Esquerra Republicana, insistió ayer en que no comparte “la estrategia de ir a remolque de las decisiones que toma el gobierno español”, reafirmándose en que “la declaración de la república está plenamente legitimada por los resultados del referéndum del 1-O” y apostando por que “el Parlament haga la proclamación lo antes posible”.
La CUP hizo también este lunes un llamamiento a la “desobediencia civil masiva” ante la intervención de Cataluña a través de un comunicado que realza “la República, autoorganización, autotutela, resistencia desde el municipalismo e internacionalismo” como “puntas de lanza de esta lucha no violenta para rechazar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y para alcanzar la libertad colectiva”. Por su parte, el consejero de Exteriores del Govern, Raül Romeva, defendió que los funcionarios de Cataluña “no seguirán órdenes de Madrid sino que obedecerán a las instituciones catalanas electas” si el gobierno central asume competencias autonómicas, tal como lo anunció que lo haría tras el Consejo de Ministros del pasado sábado.
Pero si hay algo que no están dispuestos a tolerar desde Madrid es la desobediencia, como claramente demostraron las imágenes de los 294 heridos en manos de la policía nacional el día del referéndum. La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió ayer en una entrevista radiofónica a la pregunta de qué pasará si Puigdemont decide atrincherarse en sus despacho cuando haya sido destituido, que “Puigdemont y todo el Govern dejarán de ejercer sus funciones en el momento en el que el Senado apruebe el 155 y dejarán de serlo a todos los efectos legales por mucho que quieran vivir en la ficción. Puigdemont dejará de cobrar, no tendrá firma de presidente, no podrá adoptar decisiones válidas ni ejercer sus funciones si se resiste a incumplir la ley”.
Amenazas aparte, el equipo de Rajoy también quiso dejar en claro ayer que todavía queda un margen para la anulación o modulación de la aplicación del 155 si se produce algún cambio en la política de Puigdemont. Sáenz de Santamaría señaló que el artículo está ahora en manos del Senado y que éste tiene “capacidad de adaptarse” a los posibles nuevos escenarios en Cataluña e incluso de modificar las medidasaprobadas por el Consejo de Ministros del pasado sábado “hasta el final de la tramitación” del artículo, es decir, en la votación del próximo viernes.
Si a lo largo de esta semana crucial para el conflicto entre España y Cataluña, Carles Puigdemont resuelve convocar elecciones, la puesta en marcha de la intervención se paralizaría (porque ya no habría President, vicepresident o consellers que destituir como propuso Rajoy en su interpretación del 155). Si, en cambio, el gobierno catalán declara formalmente la independencia, la norma podría incluso endurecerse, ya que hasta el viernes los distintos grupos parlamentarios, el PP entre ellos, están habilitados para presentar enmiendas al polémico artículo de la Carta Magna.
Tanto Podemos como el Partido Socialista Catalán (PSC) y la formación de Ada Colau (BCN en Comú) insisten en que las elecciones autonómicas son, llegados a este punto, el “menos malo” de los escenarios posibles. “Si no lleva a cabo la segunda opción se la van a llevar a cabo”, destacó Pablo Echenique, secretario de Organización del partido de Pablo Iglesias, dejando en claro que “cualquier cosa que haga Puigdemont este jueves que sea distinto a declarar unilateralmente la independencia será mejor que declarar la independencia”.
En este día D que se prevé para finales de semana, mientras en Barcelona se esté debatiendo la manera de evitar que Mariano Rajoy ejerza el control absoluto de la región por al menos seis meses (plazo máximo para unas elecciones locales, de acuerdo con lo dipuesto por el PP, PSOE y Ciudadanos), en Madrid estará a punto de concluir su informe sobre la aplicación del 155 la Comisión de senadores constituida hoy expresamente para ello, a la espera de que el presidente de la Generalitat, también ese día, acuda en persona para presentar sus alegaciones.
Carles Puigdemont tiene previsto asistir al Senado para defender su postura, aunque la fecha y hora de dicha comparecencia aún no esté cerrada puesto que, en principio, coincidiría con el pleno en el Parlamento de Cataluña. En cualquier caso, a más tardar el viernes todos habrán develado sus planes y el sábado la ciudadanía catalana sabrá, por lo menos por un tiempo, quién es su president.
