España: Cien días de intervención
El gobierno de Madrid se puso al frente de las áreas gubernamentales catalanas vía la aplicación del artículo 155. Esta medida tiene vigencia hasta la asunción de un nuevo jefe de Gobierno. Puigdemont no pudo ser investido.
El gobierno de Madrid se puso al frente de las áreas gubernamentales catalanas vía la aplicación del artículo 155. Esta medida tiene vigencia hasta la asunción de un nuevo jefe de Gobierno. Puigdemont no pudo ser investido.
Cataluña continúa estancada cuando se cumplen cien días de la intervención administrativa por parte del gobierno español de Mariano Rajoy, que también destituyó al Ejecutivo regional de Carles Puigdemont y convocó elecciones tras una fallida declaración de independencia por parte del Parlamento catalán.
La región sigue sin Gobierno propio, el principal candidato a la investidura continúa prófugo en Bélgica junto a otros cuatro ex miembros de su gobierno y varios líderes independentistas están en prisión por delitos relacionados con su plan de ruptura con España. Los comicios celebrados el 21 de diciembre dieron de nuevo la mayoría absoluta a los partidos secesionistas, pero la situación judicial del principal candidato, Puigdemont, está complicando la tarea de formar gobierno y la región se encuentra actualmente en el limbo.
El líder separatista, único aspirante propuesto por el “Parlament” de Cataluña para encabezar el gobierno regional, permanece en Bélgica desde que fue destituido a finales de octubre y está siendo investigado en España por delitos vinculados a su proceso independentista, por lo que sobre él pesa una orden de detención.
Precisamente para evitar su arresto, su partido -Junts per Cataluny- propuso celebrar una investidura a distancia, telemática o delegada, que no implicara el regreso del candidato a España. Pero, a instancias de un recurso del gobierno de Rajoy, el Tribunal Constitucional prohibió realizar el nombramiento de esta manera.
El pleno de investidura se llegó a convocar para el pasado 30 de enero en el “Parlament”, pero ante la decisión del alto tribunal y en medio de una gran incertidumbre, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, anunció su aplazamiento “sine die”.
Lo que puede durar esta situación es de momento una incógnita ya que hay diferentes interpretaciones de la normativa que establece los plazos para formar gobierno. Por ello, no se sabe todavía si ya se se ha puesto en marcha la cuenta atrás de dos meses para tratar de evitar nuevas elecciones. Desde Madrid explicaron que se guiarán por lo que digan los letrados del “Parlament” en un informe.
El gobierno de Rajoy reclama un candidato a jefe del Ejecutivo catalán sin problemas con la Justicia para superar la parálisis en la que se haya la región, mientras que una parte del independentismo -el partido Esquerra Republicana- apuesta por combinar una presidencia efectiva con otra simbólica que ejercería Puigdemont desde Bélgica.
Los partidos que apoyaron la intervención de Cataluña, por otra parte, no tienen los escaños suficientes en el “Parlament” catalán para formar gobierno, pese a que el partido más votado en las elecciones de diciembre fue uno de ellos, el liberal Ciudadanos.
Ante esta situación de bloqueo, son muchas las voces que consideran la repetición de elecciones como el escenario más plausible. Incluso una de las ex consejeras del gobierno de Puigdemont que permanecen junto a él en Bélgica, Clara Ponsati, aseguró el sábado que prefiere nuevos comicios a la fórmula propuesta por Esquerra Republicana con una presidencia simbólica.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte de Madrid, con el que se intervino la administración catalana, tiene vigencia hasta la investidura de un jefe del Gobierno en la región.
Esto significa que de momento Madrid sigue al frente de las distintas áreas gubernamentales catalanas y que continúan vigentes las medidas acordadas por el Ejecutivo de Rajoy, como el cierre de las oficinas catalanas en el exterior (todas excepto la de Bruselas).
Un colectivo que agrupa a los funcionarios públicos de Cataluña recopiló a final de diciembre las consecuencias del artículo 155 en la región y destacó que hasta entonces el Estado había cesado a unos 250 cargos eventuales, paralizado un centenar de iniciativas normativas, suprimido 24 organismos públicos, frenado una decena de líneas de subvención y nombrado a ocho personas.
La crisis por el proceso separatista catalán, una de las más graves de las últimas décadas en España, lastró además la economía de la región y uno de sus principales motores económicos, el turismo.
