Multaron a Intendente y Funcionarios zondinos por casi $22 mil

Billetera-Pesos-Manos-npEl organismo rechazó la cuenta 2012. El castigo alcanza al intendente y a varios de sus colaboradores.

El Tribunal de Cuentas rechazó el ejercicio 2012 que había rendido el municipio de Zonda y castigó a un grupo de funcionarios, entre ellos el intendente César Monla, a pagar cerca de 22 mil pesos. Los condenados tendrán que poner la plata de su bolsillo, como una forma de compensar el perjuicio fiscal que le provocaron a las cuentas de la comuna. Sin embargo, pueden pedir que la resolución sea revisada por el mismo organismo y hasta tienen la chance de recurrir a la Justicia.

La resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se centra en tres anomalías de la gestión municipal. Una es por una multa que el municipio le tuvo que pagar a Rentas al no depositar a tiempo lo que les retiene a los proveedores en concepto de Ingresos Brutos y Lote Hogar, otro se debe a vacaciones mal liquidadas a una agente comunal y el tercero responde a la falta de rendición de viáticos que usaron los funcionarios en distintos viajes.

El primer cargo es por un total de 6.318,51 pesos y el dinero lo deben poner entre el jefe comunal, el exsecretario de Hacienda Gabriel Rodríguez (era quien ocupaba el cargo en 2012) y la contadora del municipio, Carina Gutiérrez. El monto a pagar por la segunda anomalía asciende a 1.443,42 pesos y es responsabilidad de Javier Monla, María del Rosario Varela y Graciela Aravena.

El tercero, sobre los viáticos no rendidos como corresponde, merece un párrafo aparte, porque es el que más dinero implica y donde hay más funcionarios implicados. Monla fue condenado a pagar 4.357 pesos, Rodríguez deberá poner una suma idéntica y Gutiérrez se tiene que hacer cargo de 4.343 pesos. Mientras que el exsecretario de Hacienda tendrá que abonar, además, 990 pesos por problemas en la rendición de los pasajes que utilizó para uno de sus viajes.

Así las cosas, el monto total del perjuicio suma 21.808,93 pesos. Y debe salir del patrimonio de los involucrados, para que de esa forma reparen el daño que, según el Tribunal de Cuentas, le ocasionaron al municipio zondino.

La cosa podría haber sido peor, ya que inicialmente el faltante por viáticos era mucho mayor. En abril, antes de dictaminar sobre la cuenta 2012, el organismo de control intimó a los mismos funcionarios, a los concejales Marcelo Gil, Roque Gutiérrez y Héctor Godoy y a la empleada municipal María Belén García a reintegrar por ese concepto algo más de 54 mil pesos. En ese entonces, Monla salió a decir que era un error de los miembros del Tribunal de Cuentas y que tenía toda la documentación. Sin embargo, lograron justificar parcialmente lo que gastaron y el faltante se redujo.

En el caso de los ediles y la agente municipal, explicaron fuentes calificadas, presentaron todos los comprobantes y se vieron liberados de cualquier cargo. Los demás sólo justificaron un parte, el resto del dinero quedó en el aire y ahora fueron intimados nuevamente a cubrir el faltante.

El fallo por los dos primeros cargos salieron por unanimidad. Y el que se refiere a los viáticos fue por mayoría: Isaac Abecasis, Aldo Molina y Juan Pablo Ruiz votaron por formularles cargos al intendente y su equipo, mientras que Graciela Chaves y la vocal que se encarga de las cuentas municipales, Laura Yanzón, se manifestaron en contrario.

En la resolución, el Tribunal de Cuentas declara la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y los emplaza a que depositen el dinero que falta en una cuenta bancaria de la Municipalidad de Zonda. Sin embargo, la ley que regula el mecanismo de control y castigo por el gasto público les da la posibilidad de resistir. Pueden presentar un recurso de reconsideración en el mismo Tribunal y si se los rechazan, tienen la opción de ir a la Corte de Justicia, el único órgano habilitado a revisar una sentencia como la que salió a la luz ayer.

Agotadas todas esas instancias, si el fallo es confirmado, no tendrán otra que meterse la mano al bolsillo. Si no lo hacen, se exponen a ser ejecutados judicialmente por la Fiscalía de Estado.

Fuente: Diario de Cuyo