Mendoza: Denuncian el “abandono oficial” de las pymes rurales
Profesionales y técnicos de Agricultura Familiar y del Senasa alertan por “el vaciamiento” de su tarea.
Profesionales y técnicos de Agricultura Familiar y del Senasa alertan por “el vaciamiento” de su tarea.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar despidió ayer a 9 de sus técnicos en Mendoza. Mientras en la delegación local del Senasa crece el temor a un recorte similar en su personal.
Se trata de organismos nacionales con presencia en la provincia que desde noviembre de 2017 vienen sufriendo achicamientos en nombre de los recortes presupuestarios del gobierno nacional en todo el país. El ajuste incluye también alINTI y al INTA.
Los profesionales del sector se encuentran en estado de alerta y reclaman las reincorporaciones. Han dispuesto un paro en todo el país hasta el próximo viernes, respetando las guardias mínimas.
“Están abandonando el sector de pequeños y medianos productores”, disparó el delegado gremial en Agricultura Familiar Mendoza, Gustavo Vitale. Y recordó que atienden a “9 mil de los 20 mil núcleos de agricultura familiar de entre 2 y 10 hectáreas”, ubicados en el Cinturón Verde de Guaymallén y en zonas agrarias de Maipú, Luján, Valle de Uco, San Rafael o Alvear.
“Las Naciones Unidas promueve el decenio (2019-29) de la agricultura familiar en el mundo y en la Argentina están vaciando el sector”, cuestionó.
En tanto, en el Senasa, el delegado Sergio López confirmó que el trabajo a reglamento mantiene las inspecciones sobre los tres frigoríficos de la Zona Nortede la provincia: María del Carmen en Guaymallén y San Javier y Vildoza en Maipú.
Todo se lleva a cabo en medio de una polémica entre el personal de los organismos de control sanitario y el gobierno nacional, que impulsa “el autocontrol empresario” en el sector. Esta iniciativa oficial cuenta con el visto bueno de grandes empresas de la actividad, como Paladini, Unilever y Quick Food.
El Senasa cuenta con una regional en Cuyo que tiene su sede en San Juan pero su mayor volumen operativo en Mendoza.
Aquí trabajan unas 90 personas encargadas de inspeccionar la sanidad animal y vegetal y la inocuidad en las mercaderías que transitan por Puerto Seco (Idits) y por el Puerto Terrestre Mendoza (Transportes Dibiagi).
También controlan la sanidad de exportaciones e importaciones en el aeropuerto de El Plumerillo y los movimientos internos en los galpones de empaque de frutas y hortalizas en toda la provincia. Asimismo, realizan tareas de inspecciones al movimiento de fertilizantes y alimentos.
Y tienen incumbencia en la lucha contra la Lobesia botrana en la vitivinicultura, un tema que -en la última temporada- produjo colisiones del Senasa nacional con el Iscamen provincial.
“Desde octubre no nos pagan los viáticos de nuestras movilidades y a pesar de ello seguimos cumpliendo con nuestras tareas, de las que depende la salud de los consumidores”, remarcó López.
Agricultura Familiar fue trasladada del Ministerio de Agroindustria -a cargo del ex presidente de la Sociedad Rural Luis Etchevehere- al Ministerio de Desarrollo Social, de Carolina Stanley. “Ni en uno ni en otro ministerio encontramos fondos específicos”, denunció Vitale.
La planta de asesores de microproductores en la provincia se redujo de 56 a 50 en noviembre y con los despidos de ayer puede achicarse a 41.
Trabajan con experiencias que alcanzaron volumen, como la del Consejo Apícola de Mendoza, que llegó a exportar su miel; con experiencias cooperativas agrícolas como la del Cinturón Verde, y con cantidad de unidades de autosustentación, de las que participan crianceros de chivos y cerdos y puesteros desde Lavalle a Malargüe. Entre su personal hay ingenieros agrónomos y veterinarios.
Los certificados de servicio versus el autocontrol privado
Jorge Ravetti, titular de ATE en tres partidos de la provincia de Buenos Aires, remarcó que los trabajadores del Senasa rechazan “la quita de la certificación de servicios de inspección veterinaria (del Estado) a los establecimientos frigoríficos”.
Ravetti remarcó que “el autocontrol privado (que impulsa el gobierno nacional) implica que la carne, los embutidos, los fiambres, los lácteos y todos los productos de origen animal que se consumen no estarán certificados por el Estado sino por los mismos productores. Un hecho riesgoso para la salud”.
El personal cumplió ayer la primera de cuatro jornadas de paro activo, que incluye asambleas en todo el país, en rechazo a “los nuevos despidos que provocarán el retiro definitivo del control del Estado de sus funciones indelegables”.
