Desmontes en Salta: Greenpeace denunció el convenio que firmaron Bergman y Urtubey
Según la organización ambientalista Greenpeace, el acuerdo entre Nación, Provincia y productores agropecuarios busca "legalizar" la desforestación.
Según la organización ambientalista Greenpeace, el acuerdo entre Nación, Provincia y productores agropecuarios busca «legalizar» la desforestación.
Greenpeace denunció este viernes que el gobierno de Salta está preparando, junto a las asociaciones de grandes productores agropecuarios de la provincia,una legalización de los desmontes que infringen la Ley de Bosques.
“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, manifestó este viernes Hernán Giardini, que es coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Las declaraciones del activista fueron publicadas hoy, en la página oficial de Greenpeace, donde se hizo referencia a la firma de un acta, el lunes último, entre el gobierno salteño y organizaciones de productores como la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas.
El convenio que refrendaron también el gobernador Urtubey y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, indica que, junto al gobierno salteño y dependencias de dicha cartera nacional y también la de Agroindustria, estas asociaciones deberán evaluar y verificar, en un plazo de 30 días, la ejecución de los 32 permisos de desmontes otorgados por la provincia y luego suspendidos por pedido de la Nación, por lo que se encuentran paralizados.
En ese sentido, Greenpeace recordó que la resolución 56/2018, del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Si bien la administración provincial suspendió la ejecución, la reconocida ONG denunció haber detectado, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que, tras dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en diversas estancias.
“El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse”, señaló Giardini.
