Sin conflictos: con la excusa de una «urgencia», Larreta compró focos a un firma de los Peña
La increíble y -por lo menos- irregular transacción se realizó por decreto entre el Gobierno de la Ciudad y una empresa del primo del jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, y del también familiar del secretario de Comercio, Miguel Braun.
La increíble y -por lo menos- irregular transacción se realizó por decreto entre el Gobierno de la Ciudad y una empresa del primo del jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, y del también familiar del secretario de Comercio, Miguel Braun.
En abril pasado, Horacio Rodríguez Larreta anunció un plan para «colaborar con los vecinos en el cambio de la matriz energética» mediante la distribución gratuita de 5 millones de bombillas LED.
Tal cual lo publicó El Cronista.com, la Ciudad sólo adquirió 396.700, a través de una compra por un decreto de «necesidad y urgencia».
La transacción significó la suma de $ 11.837.528. Esto significa un precio por foco de aproximadamente 30 pesos. La compra se realizó a través del decreto 433/2016 de Larreta, con lo cual evitó someterse a los procedimientos públicos de licitación pública y abierta.
Sin ningún conflicto de interés, las empresas adjudicatarias fueron First Light Latin America S.R.L. y General Lighting Systems S.A., esta última perteneciente al empresario Alejandro Jaime Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete, marcos Peña Braun y del secretario de Comercio, Miguel Braun.
First Light Latin America es una importadora multimarca de luminarias LED, y a la vez la principal distribuidora de los bulbos BGH en el país. La compañía recibirá de la Ciudad $ 8.355.200 a cambio de 280.000 lamparitas.
La empresa de Braun Peña ya tuvo otros contratos con el Gobierno porteño. En noviembre pasado ganó un contrato de $ 238.594.496 para proveer «luminarias LED con telegesión y equipamiento».
El Ejecutivo justificó la compra exprés, a los márgenes de la ley 2095 de Compras y Contrataciones, en la «imprescindible necesidad» de «asegurar la prestación de servicios esenciales» que no pueden ser gestionados a través de los procedimientos habituales, según consta en la resolución 1112 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la que accedió El Cronista, medio que publicó la información en primera instancia.
