El Presupuesto provincial de Santa Cruz reclama a municipios adherir a la responsabilidad fiscal
El presupuesto 2019 presentado la semana pasada incluye un nuevo pedido a intendentes y comisionados, para que asuman las pautas para el control del gasto público.
El presupuesto 2019 presentado la semana pasada incluye un nuevo pedido a intendentes y comisionados, para que asuman las pautas para el control del gasto público.
El miércoles de la semana pasada, la gobernadora Alicia Kirchner giró a Diputados el proyecto de Presupuesto Provincial para 2019, que sorprendió con la novedad de un superávit financiero estimado en $1.440 millones.
Vuelven a pedirle a los municipios y comisiones de fomento que adhieran al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Eso, que el equipo económico que conduce Ignacio Perincioli definió en el proyecto como el resultado de una “eficiente utilización de los recursos y una razonable asignación de los gastos”, es entre otras cosas, el reflejo del cumplimiento de pautas de control del gasto.
En diciembre del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri logró que se aprobaran en el Congreso, una serie de modificaciones al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, añadiendo metas para las “buenas prácticas de gobierno”, a las que Santa Cruz adhirió a finales de abril con la ley 3.587, publicada en el Boletín Oficial del 10 de mayo.
Este nuevo esquema significó que se fijaran metas de austeridad a las que los municipios y comisiones de fomento deberían haber adherido.
Respecto del presupuesto “equilibrado” que presentó Santa Cruz, el intendente de Puerto Deseado, Guillermo González, opinó en declaraciones a Tiempo FM que “las expectativas son buenas” porque “armamos un plan de obras para que sean incluidas y entendiendo la situación del país y que la provincia va a tener que absorber todo lo que el Gobierno Nacional dejó de hacerse cargo. En tres años de gestión la provincia mejoró su parte contable y administrativa y hace que no tengamos mayores inconvenientes. Hemos trabajado con previsibilidad y por eso tenemos el aguinaldo casi garantizado”, sostuvo el Intendente.
Pero en el proyecto que ingresó el miércoles a la Legislatura, uno de los puntos vuelve a pedirle a los municipios y comisiones de fomento que adhieran al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Sucede que las claves para la regulación del gasto público en los municipios, son no poder endeudarse ni recibir asistencia financiera si no están adentro del Régimen de Responsabilidad Fiscal, así como tampoco aumentar el gasto corriente por encima del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Tienen que cumplir con no incrementar su planta de personal por encima del aumento de la población, no pueden los intendentes tomar medidas que incrementen el gasto durante los seis meses antes de dejar su gestión, y finalmente, están obligados a publicar sus números, a actualizar su ejecución presupuestaria en forma trimestral, y a remitir a la provincia la nómina de empleados y sueldos.
De un tiempo a esta parte, el Gobierno nacional celebra el reordenamiento del estado que llevó adelante Alicia Kirchner, y hasta el propio Rogelio Frigerio salió a decir días atrás que con la Gobernadora de Santa Cruz, “hemos trabajado juntos para mejorar una situación tremenda que recibió el Gobierno nacional en diciembre del 2015, una provincia quebrada que hoy, por el esfuerzo del Gobierno nacional y también de las políticas de ajuste fiscal que han hecho en la provincia, por lo menos desde el punto de vista fiscal, está ordenado, después hay un montón de otros problemas a resolver”.
Sin embargo esto, que levantó en cólera al ex gobernador Daniel Peralta vía Twitter, no es visto con buenos ojos en Alcorta, ya que si bien la provincia cumplió con sus metas, el Gobierno nacional incumplió las suyas.
Y es que Santa Cruz fue una de las diecinueve provincias que firmó el consenso fiscal que, entre sus ‘beneficios’, reducía la detracción del 15% de la masa de los impuestos coparticipables, con destino a obligaciones previsionales nacionales y gastos operativos a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Los compromisos de la Nación iban desde el pago de compensaciones a las provincias, sostener el Fondo Federal Solidario, Fondo Soja, sostener además el déficit de la Caja de Previsión Social.
Por su parte, Santa Cruz prometió modificaciones al impuesto sobre Ingresos Brutos, el Inmobiliario, a los Sellos, tributos sobre la nómina salarial, entre otros.
Sin embargo, con el tiempo el gobierno de Mauricio Macri dejó de cumplir con aquella firma cuando eliminó el Fondo Soja por DNU y dejó de transferir los fondos para el sostenimiento del régimen previsional no armonizado con la ANSeS. De ahí que el gobierno de Alicia Kirchner haya sido el primero en negarse a firmar la adenda del Consenso Fiscal que este año sacó Cambiemos.
