AMLO abre una caja de Pandora
El mismo mandatario está incluido en esos registros secretos, que lo señalan simpatizante del Partido Comunista. También fueron espiados el Che, Gabo y María Félix.
El mismo mandatario está incluido en esos registros secretos, que lo señalan simpatizante del Partido Comunista. También fueron espiados el Che, Gabo y María Félix.
¿Qué tienen en común personajes tan distintos como el Che Guevara, la Reina Isabel II de Inglaterra, Gabriel García Márquez y María Félix? A los cuatro los espió en diferentes épocas el aparato de Inteligencia mexicano. Un decreto reciente que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió una caja de Pandora que abarca casi 90 años de historia. Es el que permite desclasificar documentos sobre el espionaje al que fueron sometidos políticos, artistas, escritores, periodistas, personalidades extranjeras y todo tipo de opositores. El mismo mandatario está incluido en esos registros que se encuentran en el Palacio de Lecumberri, del Distrito Federal. Una ex cárcel que funcionó entre 1900 y 1976 y por la que pasaron desde Pancho Villa al asesino de León Trotsky, Ramón Mercader. Ahí se ubica hoy el Archivo General de la Nación, depositario de los expedientes que acumulaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), un organismo que sucedió en el tiempo a otros como la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS) que cometió múltiples violaciones a los derechos humanos entre 1947 y 1985. “No va a quedar ningún archivo secreto, es la decisión”, dijo López Obrador cuando anunció la divulgación de los papeles de inteligencia. Como AMLO, figuran en los registros varios ex presidentes mexicanos: Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. El dossier sobre el actual mandatario es uno de los más abundantes. Comienza con un comentario sobre sus antiguas simpatías políticas, que él refutó. Lo describe como “simpatizante del PSUM-PCM (Partido Socialista Unificado de México-Partido Comunista de México) y en 1976 ingresó al PRI”. López Obrador declaró: “No fui militante del partido comunista PSUM-PCM, pero sí apoyaba a luchadores sociales”.
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En uno de los tantos informes de inteligencia dedicado al presidente –unas quince hojas–, se mencionaba el 25 de julio de 1983: “Dicen que trata de hacer más progresista al PRI”. Los servicios lo seguían mientras daba clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). El copiado y pegado de datos sobre AMLO –el acrónimo por el cual se conoce al mandatario– es tan detallado como el que los servicios mexicanos le dedicaron a Salinas de Gortari, su histórico adversario político. Ya lo vigilaban entre 1956 y 1985 cuando estudiaba Economía en la Universidad Autónoma de México (Unam). Su presidencia se prolongó entre 1988 y 1994. Terminó envuelto en una sucesión de escándalos. Desde acusaciones de fraude a vínculos con el narcotráfico.
“Fue una etapa negra en la vida pública del país. Eso se tiene que conocer y nunca más espiar ni perseguir a nadie”, declaró el presidente, quien recibió más elogios por la desclasificación de documentos que por la amnistía que anunció a presos políticos apenas asumió el cargo. Dieciséis de ellos fueron liberados a principios de enero. Desde el gobierno se explicó que algunos eran ambientalistas y otros militantes contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Hay casi tres centenares y medio que esperan por una revisión de sus casos.
El día que López Obrador presentó la apertura de los documentos de inteligencia estaba acompañado por Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación y doctor en historia. El funcionario explicó: “Digamos que tenemos 90 años de información pero que este archivo, en su mayoría, está organizado por policías, es decir, por gente que no tiene formación en archivística. De hecho, muchas veces, ellos mismos no sabían qué había en esa documentación”. En la avalancha de escritos que serán puestos a consulta figuran unos 28 que la DFS le dedicó a la reina de Inglaterra entre 1975 y 1983. Esos papeles conviven con los que prueban cómo se siguieron los pasos de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en su exilio mexicano durante los años ‘50. Estaban por embarcarse hacia Cuba en el Granma. Luego entraron victoriosos a La Habana e hicieron la revolución. Las tareas de inteligencia también incluyeron a García Márquez y el mexicano Octavio Paz, premios Nobel de Literatura. A éste último lo siguieron durante más de treinta años, entre 1954 y 1985. Otros intelectuales, escritores y periodistas como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska – premio Cervantes 2013 – y Carlos Monsiváis surgen entre las víctimas de los seguimientos del aparato represivo del Estado.
La actriz María Félix, una de las figuras más célebres de la llamada Época de Oro del cine mexicano y varios de sus colegas, están en los archivos sobre el mundo del espectáculo. Es tan variada la cantidad de expedientes desclasificados que aparecen desde sindicalistas a narcotraficantes, religiosos y periodistas deportivos. Hay un funcionario del partido de López Obrador, Morena, que sufre el récord de espionaje en su contra. Se trata del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Tiene 85 años y fue espiado entre 1949 y 1985. Su archivo consta de 426 fojas. Otra de las figuras políticas más cercanas a AMLO, su coordinadora de campaña Tatiana Clouthier, asegura que los servicios la vigilaron desde que tenía 19 años con el fin de presionar a su padre Manuel Clouthier, ex candidato presidencial fallecido en un accidente de tránsito en 1989.
La historia de tantos mexicanos que quedará expuesta por la desclasificación de expedientes de inteligencia que firmó López Obrador, es la de un país que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) tenía 37.435 ciudadanos en esa condición a abril de 2018. El aparato represivo del Estado, según la intelectual Pilar Calveiro, exiliada en México durante la última dictadura argentina expresa “una suerte de señal de alarma sobre las nuevas formas de desaparición forzada como el tráfico de personas y trata”.
El acervo documental que será sometido a consulta pública por decisión del gobierno de López Obrador es tan grande que puede dividirse en dos etapas: desde la Revolución Mexicana en 1910 hasta 1985 y desde este año hasta la actualidad. Su valor histórico quizás ofrezca la posibilidad de conocer con más detalles dos tragedias que jalonaron la vida del país. Pueden sintetizarse en el título de un libro reciente: De Tlatelolco a Ayotzinapa, las violencias del Estado, un ensayo del profesor, investigador y ensayista Sergio Aguayo, quien criticó de AMLO la “contradicción” de abrir los archivos con el anuncio de la amplia amnistía que puso en marcha.
