Para facilitar los negocios inmobiliarios
El gobierno porteño busca acelerar la venta de tierras del Estado y zonificar áreas para levantar torres y habilitar comercios.
El gobierno porteño busca acelerar la venta de tierras del Estado y zonificar áreas para levantar torres y habilitar comercios.
En las últimas sesiones del año, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza en la Legislatura con la aprobación de varias leyes clave para consolidar su política urbana de vender inmuebles y terrenos públicos para financiar obras, al mismo tiempo que favorece el negocio de los desarrolladores inmobiliarios. En esa línea, este jueves el oficialismo, que cuenta con mayoría propia, tratará varios proyectos, entre ellos uno que facilita la venta de los bienes del Estado, y otros que le dan marco normativo a las tierras del Mercado de Hacienda, y al sector denominado «Estación Villa Crespo», situado en la línea del Ferrocarril San Martín, y al «Triángulo Salguero » (próximo a la bajada de la autopista Illia), que serán zonificados para levantar edificios.
Las leyes que tratará la Legislatura incluyen: el tratamiento en segunda lectura de la ley para el desarrollo e integración urbana del predio del Mercado de Hacienda (expediente 2928-J-2018); el Régimen para la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad (Exp. 2796-J-19), una ley que oficia de sucedáneo al fallido intento del gobierno de crear una agencia de bienes porteña; el Régimen de contrataciones de obra pública (Exp. 1717-D-19); el cambio de zonificación para el sector denominado «Estación Villa Crespo» (Exp. 2795-J-19) para la construcción de viviendas y comercios, y la zonificación del predio «Triangulo Salguero» (Exp. 2794-J-19), una zona deshabitada que quedará habilitada para una bajada de la autopista Illia y para edificios de hasta 20 metros de altura.
La legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde sostuvo que «tanto en el régimen para la disposición de bienes inmuebles como el de contrataciones de obra pública son proyectos en los que es necesario avanzar para generar herramientas que permitan mayor transparencia y una asignación efectiva y eficiente de los recursos de la administración porteña». Sin embargo, señaló que «la propuesta del Ejecutivo presenta graves problemas: no crea mecanismos de regulación y control superadores a los ya existentes y, plantea grandes interrogantes sobre cómo se llevarán a cabo los procesos que deberán implementarse». Y remarcó que «resulta imposible escindir este debate de un proceso de venta de suelo público orientada casi exclusivamente al negocio inmobiliario».
El ex candidato a jefe de gobierno y legislador del FIT, Gabriel Solano, advirtió que las leyes que el oficialismo aprobará «van en el sentido de darle rienda suelta al capitalismo inmobiliario que ha llevado a un aumento de precio de la tierra, encarecido los alquileres y perjudicado a una mayoría que no puede acceder a la compra de inmuebles y a la que alquilar le cuesta cada vez más».
De las leyes a tratar, la que concentra mayores rechazos en las bancadas opositoras es el Régimen para la disposición de bienes inmuebles, que flexibiliza y descentraliza la venta al permitir que cada repartición pública que vende un inmueble establezca la modalidad de venta y de pago, a diferencia de lo que establece actual, que fija la venta por subasta pública y con pago al contado, salvo algunas excepciones.
Según el Ejecutivo porteño, la reglamentación vigente impide atraer más capitales inmobiliarios, por ese motivo la nueva ley contempla, además de la subasta pública, la licitación pública; el concurso público; la disposición directa y la venta con prioridad de compra. Además, establece que las formas de pagos pueden ser «sumas de dinero, y/o en una obligación de hacer o de entregar una o varias cosas muebles o inmuebles».
Al respecto, el legislador Santiago Roberto, del bloque Peronista, advirtió que «en diciembre el oficialismo pierde los dos tercios necesarios para aprobar venta de tierras. Entonces están buscando sancionar leyes a las apuradas». Y explicó que el proyecto «le permite al Ejecutivo cambiar tierras públicas por obras o servicios de empresas privadas, sin necesidad de que lo autorice la Legislatura». «Parece una ley hecha a medida del pedido de autorización de venta de 65 inmuebles que ingresó la semana pasada, y que ahora buscan agilizar para su comercialización», agregó.
En cuanto a la zonificación del Mercado de hacienda, el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que debería ser una oportunidad para destinar tierras para la integración urbana de la villa 15, aunque eso no figura en la agenda del oficialismo».
