Allanaron el municipio de Caleta Olivia
Con expresas directivas de la titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, cinco funcionarios de ese organismo allanaron ayer por algo más de cuatro horas el edificio central del municipio de esta ciudad.
Con expresas directivas de la titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, cinco funcionarios de ese organismo allanaron ayer por algo más de cuatro horas el edificio central del municipio de esta ciudad. Incautaron varios expedientes relacionados con la cuestionada venta de terrenos fiscales a empresarios chinos y otros documentos que podrían tener vinculación con una denuncia sobre presuntos negociados.
El operativo comenzó alrededor de las 10 y los oficiales de justicia estuvieron acompañados por varios efectivos de la Delegación Comodoro Rivadavia de la Policía Federal, pero no estuvo presente el intendente Facundo Prades, en tanto que voceros allegados al mismo señalaron que optó por no concurrir a su despacho.
Fundamentaron ello en razones de seguridad debido a que coincidentemente se registraba una protesta de trabajadores de planta permanente de la comuna que reclaman el pago de los salarios de julio a todas las categorías ya que aún faltan cancelar los correspondientes a la categoría más alta del escalafón, el módulo 7.
Los manifestantes habían arrojado numerosas bolsas con residuos domiciliarios en uno de los accesos y prendido fuego a varias cubiertas, tras lo cual se retiraron hasta el predio aledaño al edificio central, bloqueando con otra fogata el acceso al sector de Transporte.
GENESIS DEL ESCANDALO
Si bien hasta avanzada la tarde de ayer el Ejecutivo Municipal no había emitido un informe sobre el procedimiento, era vox populi que el mismo fue una consecuencia del escándalo institucional que cobró notoriedad nacional hace poco más de un mes a través del canal de televisión Todo Noticias (TN).
En esa ocasión, Fermín Valdivia Jara –ex asesor del senador Alfredo Martínez- denunció al intendente de haber incurrido en el delito de cohecho acusándolo de cobrar para su propio beneficio una suma de dos millones de pesos aportados por tres empresarios chinos, a los que habría favorecido con la entrega de terrenos destinados a la construcción de supermercados.
Para avalar sus dichos aportó un video casero donde se muestra al jefe comunal ingresando a la (supuesta) habitación de un hotel de Buenos Aires, munido de una mochila para llevarse parte del dinero que se encontraba sobre una mesa e incluso admitió –arrepentido- que él mismo había sido el intermediario.
DENUNCIA PARALELA
En relación al operativo de la víspera, inicialmente se pensó que el Juzgado Federal local actuaba a requerimiento de la jueza María Gabriela Lanz, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42,con sede en Buenos Aires, donde recayó la causa original.
Sin embargo, fuentes confiables revelaron que se fundamentó en otra denuncia que, sobre el mismo caso, presentara ante los estrados de la jueza Yáñez otro vecino de esta ciudad, Juan Ignacio Paradiso.
La misma alude a encubrimiento, lavado de activos, delitos contra el fisco y asociación ilícita, también enmarcada en la cesión de terrenos a los empresarios orientales e incluso involucra a dos secretarios del gabinete comunal, Marcos Antonelli (Hacienda) y Mauro Zacarías (Obras Públicas).
Por otra parte, pudo saberse que los oficiales de justicia fueron recibidos inicialmente por los dos funcionarios municipales mencionados, además del titular de la cartera de Gobierno, Jorge Lacrouts y que más tarde acudió el diputado provincial Gerardo Terraz.
En principio los secretarios habrían respondido verbalmente a numerosas consultas y posteriormente se les solicito que mostraran expedientes vinculados a la cuestionada cesión de terrenos, los que finalmente fueron incautados para ser analizados por peritos especializados en el tema.
Por otra parte, trascendió que se labró un acta con la presencia de dos testigos particulares (cuyas identidades no se difundieron) y que en rigor las actuaciones del Juzgado Federal local habían comenzado a efectuarse el miércoles, con inspecciones a las oficinas de Comercio, Tierras y Medio Ambiente.
