Astilleros Río Santiago: La «Gestapo» antisindical en acción
Página/12 recorrió el Astillero Río Santiago y recogió los testimonios que cuentan cómo fue el plan del gobierno de Vidal para vaciar la empresa. Las amenazas, la persecución a los trabajadores, las causas fabricadas y las operaciones mediáticas.
Página/12 recorrió el Astillero Río Santiago y recogió los testimonios que cuentan cómo fue el plan del gobierno de Vidal para vaciar la empresa. Las amenazas, la persecución a los trabajadores, las causas fabricadas y las operaciones mediáticas.
Thiara estaba en la clase de Lenguajes Tecnológicos en la Escuela Técnica Astillero Río Santiago cuando un preceptor interrumpió. Les pidió que llamen a sus padres para que los vayan a retirar, porque estaban «pasando cosas». Era 7 de mayo de 2018 y había comenzado el plan que el gobierno de María Eugenia Vidal diseñó para terminar con el Astillero. Daniel Capdevila, que después iba a convertirse en interventor, entró con treinta personas armadas al predio en el que funciona la empresa naval en la ciudad de Ensenada, se metió a las oficinas y despidió en una mañana a siete gerentes de carrera.
De esta manera comenzó el desenlace de esa intuición que, con la experiencia de los 90, percibían los trabajadores desde el cambio de gestión en 2015: venían por el Astillero. Con la intervención empezó una etapa de persecuciones en autos negros, de llamados intimidatorios, de pasar de comer carne con ensalada a fideos y arroz en el comedor por falta de presupuesto, de quita de derechos salariales, de falta de insumos, de denuncias, de retrasos en los pagos, de represión.
Thiara es una de las estudiantes de la Escuela Técnica Astillero Río Santiago, que se encuentra adentro del predio. A parte de vivirlo como alumna lo vivió como hija y como nieta, porque es la tercera generación dentro de la fábrica: «Se me pone la piel de gallina y lloro porque fue complicado el momento, fue triste no saber qué iba a pasar con mi papá, con mis tíos y con mis abuelos. Si iba a poder seguir yendo al colegio donde paso más tiempo que en mi casa», recuerda con angustia.
«Mostrar el mal»
La historia siguió al pie de la letra ese plan integral de tres etapas que el gobierno de María Eugenia Vidal diagramó para vaciar el astillero estatal más grande del país entre junio y septiembre de 2018 y filtró esta semana el sitio web Infogremiales. La planificación empezaba en junio interviniendo la agenda económica y la pública: «Horas extras» y «Mostrar el mal», son las anotaciones que hicieron los funcionarios de la provincia de Buenos Aires en los respectivos casilleros.
Para Julio la agenda económica del plan de Vidal apuntaba específicamente al «comedor, el ausentismo, las vacaciones, jubilaciones». Dicho y hecho, una vez acomodado el interventor les sacaron a los trabajadores la liquidación por vacaciones y los premios de eficiencia, un derecho adquirido hace 35 años y que representa más de un 25 por ciento del salario mensual.
«Nos ahogaban económicamente entonces no podíamos brindar determinados servicios y querían enfrentarnos con los trabajadores», complementa Francisco Banegas, secretario general del gremio, sentado en un salón que ahora llaman coloquialmente sala de espionaje porque cuando se fueron los interventores encontraron micrófonos por los que escuchaban sus asambleas.
La persecución era continua: los grababan en las asambleas y después filtraban las frases que más le convenían a los medios, los seguían con autos sin mucho disimulo, se acercaban al gremio a sacarles fotos, los llamaban por teléfono para decirles que sabían dónde vivían y quiénes eran sus familiares. «Una tarde vengo de trabajar y mi vecino me cuenta que le habían querido entrar a robar pero que al final no. Que se bajaron cinco tipos de un auto negro, le rompieron el vidrio y cuando vieron que estaba él con su pareja le dijeron que se quede tranquilo que no era con él. En ese momento ni me di cuenta que era para mí, un año más tarde retomando el episodio mi vecino me contó que el comisario había dicho que buscaban a un gremialista con la mujer embarazada. Mi mujer estaba embarazada en ese momento», cuenta Seimandi.
Según el cronograma oficial, en agosto ya debía estar en marcha la segunda denuncia, esta vez por asociación ilícita en el manejo de fondos entre el Astillero y ATE, y tenían que empezar a reducir el personal. La denuncia se hizo a fines de julio por Daniel Capdevila, que apuntó al gremio por administración fraudulenta proponiendo dos líneas de investigación: por un lado el dinero destinado al pago de los menús del comedor donde supuestamente se pagaban más viandas de las que efectivamente se entregaban y, por otro lado, investigar si existían empleados truchos que cobran sueldos sin prestar servicios. “Con lo de los despedidos no pudieron avanzar”, festeja el secretario general del gremio.
Pero el clima laboral de una empresa que genera un sentido de pertenencia tal que muchos de sus trabajadores se tatúan algún símbolo en su cuerpo, se nubló: «No era solo lo económico, entrabas acá y eran ocho horas de bombardeos de información, audios, rumores, listas de despedidos», cuenta Nahir, trabajadora del control de calidad y su compañero Nicolás agrega: «Eran ocho horas de angustia, de gente que se le caía el pelo, otros que se enfermaron, algunos que se quisieron suicidar».
Victorias
«No teníamos miedo, más que nada indignación e impotencia. Pero miedo para paralizarnos no, porque sino no hubiéramos podido seguir adelante», cuenta Banegas. El secretario general del gremio ATE-Ensenada trabaja hace 47 años en el Astillero Río Santiago y la experiencia de los 90 lo hizo prepararse para lo peor: » Sabíamos que iban a venir para privatizarnos, los gobiernos de derecha no juegan a favor de la clase trabajadora», reflexiona y cuenta que, a la par de los funcionarios, desde el sindicato también armaron un plan que consistía en responder de manera inteligente a las provocaciones. «No fue fácil porque hay muchos compañeros que querían ir al frente cuando escuchaban por la tele que decían que cobrábamos sueldos que nunca vimos, que no construíamos un barco desde hace más de treinta años y ellos trabajaban todos los días y sabían que no era así. Si los dejábamos accionar esto era una masacre», agrega.
Entre las 39 hectáreas de buques, estructuras, máquinas, galpones, grúas y talleres los trabajadores eligieron una pared para pintar algunas fechas claves para la lucha: se destacan el 21 y 22 de agosto de 2018.
Tras tres meses de intervención, ese 21 de agosto los trabajadores hicieron una marcha pacífica hacia la Ciudad de La Plata para visibilizar el hostigamiento que sufrían y pedir insumos básicos para seguir trabajando. En la marcha se cruzaron con el funeral de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo e hicieron un minuto de silencio frente a la universidad donde la estaban velando.
No pasó más de una cuadra que empezó la peor represión que sufrieron en esos meses. Los policías estuvieron tres horas descargando, los metieron presos, los golpearon, los atropellaron con un patrullero. «Íbamos a pedirle a Vidal que nos atienda y nos atendió con golpes. No se entiende cómo no murió nadie con tremenda represión», dice Banegas. Al otro día miles de personas se juntaron en la plaza de Ensenada en repudio a ese hecho. Primera victoria.
La segunda y la que los trabajadores identifican como el fin del conflicto fue el 18 de septiembre de ese año, con la resistencia pacífica en el Ministerio de Economía provincial. Estuvieron horas adentro a pesar de las amenazas: «Hay dos salidas, con sangre o sin sangre. O se van pacíficamente o entra la policía y los saca», recuerdan las amenazas los trabajadores. Después vinieron dos curas aliados del sindicato para mediar con el gobierno y consiguieron firmar el acta en el que el Ministerio se comprometía a darles insumos para seguir produciendo. Ese día le armaron la primera causa a Banegas por encabezar la permanencia, causa que se enteró por los medios de comunicación y que sigue abierta a la espera de una definición.
En la entrada del Astillero hay una pared con 46 placas que recuerdan a los y las trabajadoras desaparecidas durante la última dictadura militar. Astilleros Río Santiago es la empresa estatal que registra mayor cantidad de detenidos-desaparecidos. De ese momento, Banegas recuerda militares sacando a compañeros de las oficinas que no volvió a ver nunca más. “Después del golpe del 76 lo peor que vivimos fue el 2018. La represión y las persecuciones que vimos no lo vivimos en los 90, cuando nos querían destrozar pero ni se acercaba a este plan siniestro», cuenta.
