Avanzan las políticas de ajuste en Uruguay
Superados los primeros 100 días de gobierno el presidente Luis Lacalle Pou hizo su declaración de principios al presentar la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Superados los primeros 100 días de gobierno el presidente Luis Lacalle Pou hizo su declaración de principios al presentar la Ley de Urgente Consideración (LUC). El mega paquete legal tiene un fuerte sesgo punitivista y restringe derechos constitucionales.
El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou encara su plan de gobierno en plena crisis económica por el avance del coronavirus. La caída de la actividad obligó al mandatario a reevaluar algunas de sus prioridades, como por ejemplo el recorte al gasto público de 900 millones de dólares que había prometido en campaña. Sin embargo sigue avanzando la Ley de Urgente Consideración (LUC) que envío en abril al Parlamento. Se trata de un mega proyecto con casi 500 artículos que reforma cerca de 60 leyes. El mismo tiene un fuerte sesgo punitivista y ataca el derecho a huelga. Ya pasó por el Senado donde la oposición, encabezada por el Frente Amplio (FA), logró modificaciones en más de la mitad de las normas. “La derecha que en campaña se mostraba desideologizada terminó siendo bastante parecida a la vieja derecha uruguaya”, sostuvo Daniel Gerhard diputado por el FA.
Declaración de principios
El sistema de salud uruguayo pudo contener el avance del coronavirus como pocos países del mundo. Tan sólo hubo 25 muertos y 876 personas contagiadas con la covid-19. La tensión está puesta en la frontera seca con Brasil, donde la gestión de Bolsonaro obliga a redoblar esfuerzos. En paralelo, el desplome de la economía marcó los primeros meses de Lacalle Pou al frente del ejecutivo. En ese lapso, que suele ser el momento clave para que un nuevo gobierno instale su agenda, la denominada «coalición multicolor» presentó al Parlamento la LUC. El proyecto propone profundos cambios en campos tan variados como educación, seguridad, derecho a huelga, protección del medio ambiente y finanzas. Modifica leyes que llevaron años de debate. Sin embargo, el gobierno la presentó con carácter de “urgente” lo que obliga a tratarla de manera expedita. El FA intentó cambiar esta denominación pero no pudo ya que la derecha uruguaya tiene mayoría en ambas cámaras. El Congreso tiene un lapso de 90 días para votarla. Los artículos en los que no haya consenso quedarán tal como los propuso el Ejecutivo.
El proyecto consiguió la «media sanción» del Senado el 5 de junio pasado. Obtuvo los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que junto al Partido Independiente y el Partido de la gente forman la coalición gobernante. La LUC ingresó al Senado con 502 de artículos y salió con 476. A su vez, más de la mitad fueron modificados. Pese a las controversias Lacalle Pou defendió la ley con los mismos argumentos que lo llevaron a la presidencia. “Casi la mitad de los artículos refieren a educación y seguridad, temas que la gente pidió en campaña electoral», sostuvo el mandatario. También marcó la necesidad de reducir el déficit fiscal que dejó el FA, cerca del 4,6 por ciento del PBI. La retórica del presidente no se aleja del libreto habitual de la derecha: defensa de la propiedad privada, resguardo de libertades económicas y volver el país atractivo para el mundo. Hace algunas se semanas se deslizó la posiblidad de poner un tributo a las grandes fortunas para paliar la crisis. El mandatario fue categórico: “Gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza a la salida de la crisis”, indicó Lacalle.
Más poder al poder
Con la LUC el gobierno puso en la mira derechos constitucionales de los trabajadores. El artículo 388 garantiza como legales las protestas consideradas “pacíficas”, sin dar mayores definiciones sobre el concepto. En tanto que el 466 considera ilegítimos los piquetes. Para eso incorpora el derecho de los no huelguistas a trabajar y de los empresarios a ingresar a su emprendimiento. Desde el PIT-CNT el Secretario General Marcelo Abdala indicó el objetivo punitivo de esos artículos. «Le dan la posibilidad al Poder Ejecutivo de avanzar de manera represiva contra una legítima forma de manifestación», sostuvo el sindicalista. Además mencionó que hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó al gobierno . La OIT pidió que se revisen estos artículos y que haya consultas a los actores involucrados. También sumaron sus críticas tres relatores de la ONU en una carta a la Cancillería . “Estas disposiciones serían incompatibles con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Uruguay ratificó en 1970”, sostuvieron los miembros de la ONU.
A su vez la ley amplía el margen de acción de las fuerzas represivas. Aparece la figura del “agravio policial”, así como modificaciones en lo que hace al uso de la fuerza. En ese sentido el diputado Gerhard cuestionó el argumento de que la policía esta limitada ala hora de actuar. “Durante enero y febrero la policía abatió a 31 personas y ningún agente fue procesado ni formalizado por la justicia. ¿Cuántos muertos más necesita la derecha para decir que la policía puede hacer su tarea sin estar de brazos atados?”, cuestionó el legislador. Por otra parte, también denunció que se agregaron cambios de último momento a la LUC relativos a las “Áreas Protegidas”. “Al día de hoy el 90 por ciento de los territorios bajo esta denominación están en manos de privados. Ellos tienen la obligación de vigilar y supervisar que se cumpla la protección. Pero la ley del gobierno propone quitarles esa obligación”, indicó el diputado. Gerhard sostuvo que estas modificaciones favorecerán la expansión del negocio forestal.
Nuevas caras, mismas recetas
Para el Secretario General del PIT-CNT el país está entrando en un momento de ajuste. «Este gobierno responde al capital financiero y los agronegocios. Estamos en un período de agotamiento de las formas tradiciones de obtener ganancia en estos sectores. Eso deriva en un ajuste hacia los trabajadores y el pueblo», sostuvo el sindicalista. Ante esta situación resaltó la necesidad de llevar a la práctica la unidad del movimiento obrero internacional. “Es importante retomar el trabajo de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur y abrir una agenda de reivindicaciones comunes de todos los trabajadores del continente”, manifestó Abadala.
Por su parte el diputado del FA señaló que el gobierno de Lacalle Pou expone el renacimiento de la vieja oligarquía uruguaya. “Entre las preocupaciones que manifiesta el gobierno y los medios que propone con esta ley hay una distancia terrible. Va a ser nuestra tarea política poder explicar eso. Vos le preguntás a un ciudadano que es la LUC y muchos no saben”, reconoció el legislador. “No nos equivocamos en campaña cuando decíamos que esta derecha era la que ya conocíamos y venía por todo. La LUC es una herramienta restauradora de ese Uruguay al servicio de las minorías”, indicó Gerhard.
