Bariloche: ¿Qué propone la declaración de emergencia para el Municipio?
La norma que ingresó días atrás será tratada este jueves en sesión extraordinaria. En la búsqueda del acompañamiento de los concejales, en caso de ser aprobada ¿qué cambiaría para la comuna en sus gestiones por el término de un año?
La norma que ingresó días atrás será tratada este jueves en sesión extraordinaria. En la búsqueda del acompañamiento de los concejales, en caso de ser aprobada ¿qué cambiaría para la comuna en sus gestiones por el término de un año?
El jueves el Concejo Municipal volverá a reunirse en sesión extraordinaria. Esta vez será para tratar un único proyecto que impulsa el Ejecutivo: la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal de servicios y habitacional.
El texto presentado por el intendente Walter Cortés, que tiene como colaboradores a los funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Instituto de Tierra y Vivienda (IMTVHS), se ampara en la declaración de emergencia a nivel provincial en diciembre pasado y en que, a pesar de minimizar el gasto público, “resulta dificultoso alcanzar ese equilibrio con el agravante de la disminución de la coparticipación provincial”.
En los párrafos siguientes se hace mención a los datos del Censo 2010 para estimar un déficit habitacional de al menos 10.000 hogares en la ciudad, se explica que hay contribuyentes que no abonan las tasas municipales –aunque se omite el dato de cuántos de ellos-, y se agrega la crisis del transporte público y el deterioro de la red vial.
En el articulado se detalla que, una vez aprobado, el período de emergencia para el Municipio quedará establecido por un año “pudiendo ser prorrogada por el Poder Ejecutivo”. En cuanto al apartado económico, fiscal y de servicios, se prevé renegociar los acuerdos contraídos, priorizar el pago a proveedores del servicio de tránsito y vial, y contratar en forma directa insumos y bienes de capital “para lograr el normal desarrollo de los servicios de tránsito y transporte municipal”. Pero además prevé la contratación de personal para esas áreas.
Otros de los puntos de importancia son aquel que permite al Ejecutivo renegociar el contrato de concesión del Transporte Urbano de Pasajeros y la enajenación de los bienes inmuebles (edificios o tierras) de la Municipalidad y así obtener nuevos recursos.
Tal como había anticipado Cortés, también se propone modificar el procedimiento de compra de bienes, servicios o equipamientos a otros proveedores que no sean locales, con la salvedad de aquellos casos en los que los comercios de la ciudad no superen en más de un 10% la oferta de una empresa foránea.
Por otro lado quedarían autorizadas la toma de crédito público, la gestión de operatorias de leasing en pesos o dólares, y para concretarlos poder otorgar en garantía o pago “los recursos que corresponden a la Municipalidad” en lo que refiere a la coparticipación.
Además establece que durante el período de emergencia se suspendan las ordenanzas y resoluciones que fijan montos de contratación para resolver si la compra debe ser mediante concursos o licitaciones.
Emergencia habitacional
En cuanto a las soluciones que se pudieran conseguir en materia habitacional, la ordenanza manda a los desarrolladores urbanísticos a garantizar las obras de infraestructura para los nuevos barrios, y que los parámetros urbanísticos serán aprobados luego del dictamen de la Unidad Coordinadora. También se propone un “proceso expeditivo” de rango temático especial que culminará con la firma de un “convenio urbanístico” entre el desarrollador y la comuna.
Por otro lado los beneficiarios de lotes sociales podrán acceder a planos estándar de “vivienda tipo”, pero también propone la creación de un “Fondo de Desarrollo Urbano para la Emergencia Habitacional” para financiar proyectos, gestiones y obras que se requieran. Ese fondo se conformará de la coparticipación provincial del impuesto inmobiliario, el 20% de lo recaudado en derecho de construcción, el pago de los lotes sociales, los créditos que otorgue el Municipio y los préstamos del gobierno provincial o nacional. Pero el Municipio también podrá hacer uso de ese fondo para inversiones de “bajo riesgo” en bancos.
Por último la ordenanza prevé la creación de dos comisiones de seguimiento, una para la cuestión económica financiera y otra para la problemática habitacional. En ambos casos los grupos de trabajo estarán integrados por representantes del Ejecutivo, del Concejo Municipal y del Tribunal de Contralor.
