Bolsonaro rechazó ajuste en jubilados para crear nuevo plan social y amenazó al equipo económico
"Hasta 2022 está prohibido hablar de Renta Brasil. Vamos a seguir con el programa Bolsa Familia y punto final", afirmó Bolsonaro, enojado con su equipo económico.
«Hasta 2022 está prohibido hablar de Renta Brasil. Vamos a seguir con el programa Bolsa Familia y punto final», afirmó Bolsonaro, enojado con su equipo económico.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que desistió de implementar el plan social Renta Brasil y amenazó con expulsar al equipo económico luego de que este aconsejara el congelamiento de jubilaciones y de otros beneficios de la clase trabajadora.
Lo hizo en un video para desmentir una profundización del ajuste fiscal defendido por el ministro de Economía, Paulo Guedes, cuyo equipo informó a la prensa sobre nuevos ajustes para los jubilados y los trabajadores registrados.
«Hasta 2022 está prohibido hablar de Renta Brasil; vamos a seguir con el programa Bolsa Familia y punto final», afirmó Bolsonaro, enojado con su equipo económico.
Los cuatro principales diarios del país, O Globo, Folha de Sao Paulo, Valor y O Estado de Sao Paulo respaldaron al ministro Guedes y su ajuste, de acuerdo con sus posturas editoriales frente a la política fiscal.
El ajuste que proponía el equipo económico iba a aumentar la ayuda social del plan Bolsa Familia creado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10), que se iba a llamar Renta Brasil.
Pero el costo de ayudar a los más pobres era congelar jubilaciones, con lo cual Bolsonaro puso fin a uno de sus sueños de popularidad que podían acercarlo a la reelección en 2022.
«Hace poco dije que no iba a sacarle plata a los pobres para darles a los paupérrimos; quien proponga una medida así se merece que le saque una tarjeta roja», amenazó.
El Gobierno está dividido sobre si romper el llamado Techo de Gastos, la enmienda constitucional aprobada en 2017 que prohíbe gastar más allá de la actualización de la inflación por 20 años.
Bolsonaro se había propuesto, con el grupo político de la centroderecha oficialista en el Congreso y los militares que lo apoyan, dejar atrás la era del Bolsa Familia de Lula y ponerle de nombre Renta Brasil, con un aumento sustancial.
Desde hace un par de meses esa propuesta con vista a la reeleccion genera disidencias en el gobierno, sobre todo porque Guedes buscó todas las propuestas en restarle derechos y beneficios a los trabajadores registrados.
«La tarjeta roja no fue para mi», dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes
La paciencia de Bolsonaro se terminó esta mañana luego de que el fin de semana se filtrara desde Economía que se iban a congelar por dos años las jubilaciones, incluso las más bajas.
Guedes quedó entonces más debilitado aun en su plan de ajuste, que choca con la nueva confianza con la que goza el ministro de Desarrollo Regional, Rogerio Marinho, que respalda hacer una política heterodoxa para enfrentar la pandemia y la caída económica.
«La tarjeta roja no fue para mi», dijo Guedes a la cadena Globo, desmintiendo su renuncia y dejando para las segundas líneas la posible salida del Gobierno.
Bolsonaro deberá enfrentar momentos de caída de popularidad, según analistas, a partir de enero, cuando se termine la ayuda del auxilio de emergencia por la pandemia a la población más vulnerable y trabjadores informales.
Guedes insistió, de todos modos, en no hacer automáticas las paritarias y acuerdos anuales en el sector público y privado con el objetivo de «evitar la quiebra de las empresas».
El ministro prometió presentar una reforma tributaria y defendió la reforma administrativa que cambia el régimen de los futuros empleados del Estado presentada ante el Congreso.
En medio de esta discusión, el Gobierno ve derretir la popularidad ganada con el auxilio en la pandemia con la explosion de la inflación en el arroz, el alimento de primera necesidad de la familia del pueblo brasileño, como si fuera el pan para el almuerzo de la mesa de los argentinos.
La producción de arroz carece de control estatal y durante la pandemia, con la devaluación, fue en su mayoría a exportación, dejando sin stocks al mercado local, con lo cual las cerealeras aumentaron los precios hasta 100 por ciento en la bolsa de cinco kilogramos.
Agentes de Defensa del Consumidor salieron a los supermercados de los centros urbanos más importantes para denunciar a estos comercios.
Bolsonaro pidió a los supemercadistas «patriotismo» para evitar subir los precios de la canasta básica.
