Brasil: la Corte Suprema decidió investigar a militares por el intento de golpe contra Lula
Los uniformados, que pertenecen a la guardia presidencial y a los servicios de inteligencia de la presidencia, no habrían actuado ante el ataque contra la sede de los tres poderes.
Los uniformados, que pertenecen a la guardia presidencial y a los servicios de inteligencia de la presidencia, no habrían actuado ante el ataque contra la sede de los tres poderes.
La Corte Suprema de Brasil determinó que tiene competencia para juzgar a los militares acusados de algún tipo de participación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el ocho de enero, cuando seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaron la sede de los tres poderes en Brasilia. En especial, estarán bajo investigación aquellos militares del Ejército pertenecientes a la guardia presidencial y a los servicios de inteligencia de la presidencia, que habrían omitido actuar ante el ataque.
El rol de los militares, bajo la lupa
La decisión fue tomada por el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, quien tuvo en cuenta una sugerencia de la Policía Federal debido a que muchos policías distritales de Brasilia acusaron a miembros de las Fuerzas Armadas de negarse a defender las instituciones e incluso participaron activamente del movimiento golpista. La decisión es inédita ya que los analistas del caso esperaban que los militares investigados fueran juzgados por los tribunales castrenses.
«Fijo la competencia del Supremo Tribunal Federal para procesar y juzgar los crímenes del ocho de enero, independientemente de que los investigados sean civiles o militares y es por eso que autorizo la apertura de investigación por eventuales delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y las policías relacionados a los atentados contra la democracia», dice el fallo de Moraes, el magistrado que desde 2021 lleva adelante la megacausa sobre las fake news y el atentado al Estado de derecho por la cual fueron detenidos reconocidos activistas bolsonaristas y en la cual está investigado el propio Bolsonaro.
Moraes sostuvo que esta investigación no choca contra el principio de competencia de la justicia militar. «La justicia militar no juzga delitos de militares sino delitos militares», subrayó el juez en ese sentido, amparado en el Estatuto Antiterrorista que estipula que en «actos que atentan contra el régimen democrático» la justicia «no está asociada a la función militar», que tiene su propia jurisprudencia.
La Policía Federal había pedido a la Corte Suprema autorización para investigar la «supuesta participación» de efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Policías Militarizadas en el delito de «abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado». Moraes, en el mismo fallo, prorrogó por 60 días las investigaciones por los actos golpistas y en 90 las que avanzan sobre las «milicias digitales antidemocráticas» que habrían fomentado los mismos a través de las redes sociales.
Libertad provisional a 137 detenidos
En simultáneo la Corte Suprema informó este martes que autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el intento de golpe, pero deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales. «El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores» del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.
Además del uso de la tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares como la prohibición de usar redes sociales, salir de sus casas por la noche o los fines de semana, portar armas de fuego, y la cancelación de sus pasaportes. El magistrado también tuvo en cuenta que «en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad», y que ya fueron imputados por la fiscalía por «incitación al delito» y «asociación delictiva».
Con esta resolución, alrededor de 800 de las 1.400 personas detenidas inicialmente por la asonada del ocho de enero continúan en la cárcel, acusadas de diversos delitos, que incluyen desde amenazas y atentados contra la democracia y el Estado de derecho hasta destrucción de patrimonio público. La libertad provisional ya había sido otorgada previamente a 516, en el marco de investigaciones que tramitan bajo secreto judicial.
El lunes Bolsonaro pidió desde Estados Unidos, donde se encuentra desde el 30 de diciembre, la liberación de los presos acusados de golpismo, un reclamo que coincidió con el lanzamiento de una marca con productos con su apellido para ganar dinero entre sus seguidores. «En Brasil todo pasó a ser fake news, atentado contra el Estado de derecho. Se cumplirán dos meses con 900 personas presas tratadas como terroristas, fueron detenidas sin tener ningún arma entre sus manos, están presas, son jefes de familia, señoras, madres, abuelos», sostuvo Bolsonaro en su discurso.
En su mayoría, los acusados son activistas de una ultraderecha violenta que apoyaba al expresidente y que se negó a reconocer la victoria de Lula en las elecciones de octubre pasado. Los actos golpistas ocurrieron una semana después de la toma de posesión de Lula y, según confesaron muchos de los detenidos, el objetivo era sembrar el caos y forzar una intervención militar para derrocar al nuevo gobierno y declarar nulas las elecciones.
Las investigaciones están a cargo de la Policía Federal, que en el marco de la Operación «Lesa Patria» está detrás de quienes financiaron esos actos antidemocráticos, que implicaron la movilización de bolsonaristas desde diversos puntos del país hacia Brasilia.
