Chile aprobó rescatar al sistema de salud privado
Para el presidente Gabriel Boric, el proyecto consigue "proteger la salud de las personas", "terminar con los abusos" y "otorgar estabilidad al sistema de salud".
Para el presidente Gabriel Boric, el proyecto consigue «proteger la salud de las personas», «terminar con los abusos» y «otorgar estabilidad al sistema de salud».
El presidente chileno, Gabriel Boric, celebró este martes una ley aprobada en el Parlamento que rescata a las aseguradoras privadas de salud para que puedan pagarle a sus afiliados una deuda millonaria por cobros excesivos desde 2019, en cumplimiento de un fallo de la justicia chilena. Para paliar el impacto financiero que implica cumplir esa sentencia, las aseguradoras podrán subir los precios de los planes durante los próximos tres años con menos restricciones que antes. La norma se tramitó durante un año en el Congreso y despertó críticas incluso dentro de la coalición de gobierno.
Una norma para «terminar con los abusos»
La ley fue aprobada el lunes por 122 diputados, 14 votaron en contra y hubo 10 abstenciones. En el Senado recibió 39 votos a favor y 3 en contra. «El proyecto aprobado logra cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de ‘perdonazos’, además de otorgar estabilidad al sistema de salud, que creo es tremendamente importante», expresó Boric.
La norma permite a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) subir los precios de los planes a sus más de 3 millones de clientes. «Es una ley responsable porque resguarda la continuidad de las atenciones de salud de los afiliados, quienes hoy pueden estar más tranquilos», insistió Boric en su discurso durante el Encuentro Anual de la Construcción 2024, organizado por los grandes empresarios del sector.
Los alcances de la nueva ley
Las Isapres se declararon «al borde de la quiebra» después de la pandemia y después de un proceso judicial de 10 años que se puso en su contra y terminó reconociendo un conjunto de deudas con sus clientes, que protagonizaron un éxodo masivo al sistema de salud público, que reúne al 80 por ciento de la población chilena.
La nueva ley establece que las aseguradoras privadas deberán saldar su deuda (estimada por la Corte Suprema en más de 1.200 millones de dólares) en un plazo de 13 años, 3 más de los contemplados en la propuesta inicial del gobierno. Por ejemplo, para los mayores de 65 años se debe pagar en 5 años y a los mayores de 80 años en 2.
Las aseguradoras podrán aumentar los valores de sus planes con menos restricciones que antes, uno de los puntos más controvertidos de la norma. A estas subas previstas para 2025, 2026 y 2027 se suma un alza extraordinaria en los próximos meses que tendrá un techo del 10 por ciento de lo que pagaban las personas hasta junio de 2023 y que las aseguradoras tendrán que justificar ante la Superintendencia de Salud, el organismo que las fiscaliza.
Las principales críticas
Los detractores de la nueva ley consideran que es un «perdonazo» para las compañías de salud, que cada mes reciben al menos el 7 por ciento del sueldo de sus afiliados, y que serán los propios afiliados quienes terminarán pagando la millonaria deuda. Desde la coalición de derecha, el parlamentario Andrés Celis señaló que «la noticia es positiva porque se estabiliza el sistema», pero enfatizó que «algo falla cuando hay que legislar para regular el pago de una deuda en salud de una institución privada».
«No queremos un ‘perdonazo’, pero tampoco que la gente quede sin su seguro de salud. Es una ley que no me deja feliz por las facilidades que damos a las Isapres, pero hay que mirar que las personas no queden desvalidas», señaló a la prensa local la diputada Helia Molina, del Partido Por la Democracia (PPD), uno de los más críticos con la propuesta dentro del oficialismo.
El titular del partido Comunes, Marco Velarde, aseguró que «si bien se pudo resolver este problema y cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que ya estaba bastante atrasado, quedamos con una sensación amarga, porque las Isapres terminan no asumiendo del todo las responsabilidades por los cobros abusivos y las discriminaciones a los usuarios».
Boric aseguró este martes que las aseguradoras privadas «tendrán que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados en cuotas establecidas, con prioridad a las personas de mayor edad y dando estabilidad al sistema» y criticó que «durante demasiados años» las aseguradoras realizaron «cobros abusivos, como estableció la Corte Suprema y discriminaron de manera injusta a parte de usuarios».
«Hay una responsabilidad ahí que provocó este complejo escenario», sostuvo el mandatario chileno. Ante las críticas de varios partidos de la coalición de gobierno, que tildaron la propuesta de «rescate» y «salvavidas» para las empresas privadas, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, respondió que Boric «no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas».
«Nunca se pretendió que este proyecto fuera para reformar el sistema de salud. Desde un principio era para dar solución a un dilema, a la necesidad de servir a la justicia, pero al mismo tiempo dar estabilidad al sistema», destacó Aguilera luego de la votación en el Congreso. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri, remarcó que la nueva ley es una «respuesta para no dejar sin atención a las personas con enfermedades severas y a las que quedaron con sus Isapres», aunque hay varios de los aspectos aprobados de la norma que «dolieron» a los oficialistas.
Una herencia del pinochetismo
El mercado de las Isapres, muy concentrado en seis compañías, fue creado en 1981 como parte de las reformas neoliberales instauradas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Según la Superintendencia de Salud, entre 2017 y 2020 acumularon ganancias por más de 225 mil millones de pesos (más de 280 millones de dólares), mientras que en 2021 y 2022 registraron pérdidas históricas.
Chile tiene un sistema de salud mixto, compuesto por un seguro público, denominado Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y uno privado administrado por las Isapres. En el primer caso el aporte es del 7 por ciento del sueldo, mientras que las aseguradoras privadas pueden recibir un porcentaje mayor y ofrecer un plan de salud con mayores prestaciones. A fines de 2023 las Isapres habían perdido 360.876 beneficiarios, mientras que en el primer trimestre de 2024 fueron 47 mil los afiliados que abandonaron su cobertura privada de salud.
