Chile consigue mejor calidad de vida pero alta desigualdad
La calidad de vida de los chilenos "ha mejorado de forma significativa" durante las últimas décadas, pero la desigualdad sigue siendo un desafío pendiente
La calidad de vida de los chilenos «ha mejorado de forma significativa» durante las últimas décadas, pero la desigualdad sigue siendo un desafío pendiente, indicó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundido ayer.
El documento de 71 páginas analizó las reformas del gobierno de Michelle Bachelet en materias tributaria, laboral, educativa y pensiones, sosteniendo que «aumentar el gasto social y en educación reforzará el crecimiento inclusivo con el paso del tiempo».
En esa línea, aprobó la reforma tributaria de 2014 y aseveró que hay espacio para aumentar más los impuestos.
El informe advirtió que la debilidad de la economía chilena es su expansión, pues «el crecimiento está tocando fondo tras un largo ajuste por la caída de los precios del cobre».
Añadió que «incrementar la productividad aumentaría los ingresos de todos los chilenos y contribuiría a financiar servicios públicos, de educación y de salud de alta calidad».
El texto apuntó que «demasiados adultos poseen competencias básicas deficientes, al tiempo que la excesiva dependencia del empleo por cuenta propia y de los contratos de corta duración, así como el ineficiente sistema de capacitación, obstaculizan el crecimiento de la productividad y el bienestar».
La OCDE enfatizó que «el boom de las materias primas ocultó la debilidad de las exportaciones no relacionadas con ellas así como la baja productividad». También que «la dependencia de sectores intensivos en recursos naturales limitó la diversificación de las exportaciones en productos, empresas y destinos».
El organismo recomendó «conseguir un crecimiento más inclusivo a través de medidas sociales y del mercado de trabajo» pues «las desigualdades siguen siendo elevadas». Planteó la «adopción de reformas sociales y del mercado de trabajo centrada especialmente en la mujer y en los trabajadores menos cualificados».
Agregó que «la pobreza relativa, la proporción de trabajadores con baja calificación, las brechas de género -tanto en salarios como en participación en la fuerza laboral- y el desempleo juvenil siguen siendo elevados para los estándares de la OCDE».
El informe destacó que se están realizando grandes esfuerzos para incrementar la equidad y la calidad de la educación. «Un mayor acceso a servicios de salud y de cuidado infantil, un aumento en la eficacia de las políticas de capacitación, la adopción de reformas adicionales en el sistema tributario y un incremento de las transferencias a los más vulnerables contribuirían a una mejor distribución de la prosperidad», indicó.
Asimismo sugirió que «la reducción en el costo por despido en los contratos indefinidos y el aumento de la cobertura de las prestaciones por desempleo reducirían la gran proporción de contratos informales y temporales, y mejorarían la productividad y el bienestar de todos los chilenos».
En resumen, analizó que «el marco de políticas macroeconómicas es sólido pero la supervisión financiera es mejorable», por lo que sugirió «implementar la Ley de Bancos que incorpora los requerimientos de capital de Basilea III y refuerza la supervisión».
Añadió que «en general, la posición fiscal es adecuada. Sin embargo, la deuda pública ha aumentado desde niveles bajos y los ingresos fiscales dependen del precio del cobre».
Frente a ello, propuso «incrementar aún más los ingresos públicos procedentes de los impuestos ambientales, de los aplicados sobre la propiedad y a la renta para aumentar la equidad y estimular el crecimiento».
En cuanto al crecimiento tendencial de la productividad, que «es débil y está en descenso», propuso «reforzar los procedimientos electrónicos existentes a escala nacional para el registro y autorización de sociedades, y centrarse en los controles ex-post para aquellas empresas que tengan bajos riesgos asociados en materia ambiental y sanitaria».
El informe subrayó que «el gasto social y en educación ha aumentado, pero la desigualdad permanece alta» por lo que se requiere «continuar incrementando el gasto social para reducir desigualdades» y reforzar las transferencias monetarias, sobre todo los subsidios al empleo y el apoyo a los seguros médicos y de desempleo.
En tanto, dijo que «el sistema privado de pensiones no hace lo suficiente para reducir las desigualdades, y el envejecimiento de la población ejercerá una mayor presión sobre el gasto público».
Ante ello, la propuesta es «aumentar las contribuciones para incrementar el ahorro de cara a la jubilación. Seguir aumentando el pilar solidario financiado a través de la tributación general».
Además, sugirió incrementar progresivamente y unificar la edad de jubilación de mujeres y hombres (en los 65 años, lo que implica un agregado de cinco años).
