Chile: La Convención Constitucional debate un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico
El informe de la Comisión de Sistema Político se votará en el pleno de la Convención en la segunda quincena de abril y se espera un largo debate, ya que es considerado el corazón de la nueva Constitución
El informe de la Comisión de Sistema Político se votará en el pleno de la Convención en la segunda quincena de abril y se espera un largo debate, ya que es considerado el corazón de la nueva Constitución, y para ser aprobado deberá conseguir dos tercios de los votos de los convencionales, al menos 103.
El nuevo sistema político que se debate en la Convención Constitucional chilena plantea un cambio fundamental para el país, con un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico, que le da más poder a los diputados y diputadas, según evaluaron expertos.
El informe de la Comisión de Sistema Político que se acordó esta semana se votará en el pleno de la Convención en la segunda quincena de abril y se espera un largo debate, ya que es considerado el corazón de la nueva Constitución, y para ser aprobado deberá conseguir dos tercios de los votos de los convencionales (al menos 103).
El abogado constitucionalista Javier Couso, de la Universidad Diego Portales, le dijo a Télam que espera que se logre la aprobación en el pleno «porque los grupos que llegaron al acuerdo el lunes en la noche representan en general dos tercios de la Convención».
La primera modificación importante del informe es el denominado sistema bicameral «asimétrico» del Poder Legislativo, en el cual una nueva Cámara de las Regiones reemplazaría el Senado, aunque con otras funciones, mientras que la Cámara de Diputadas y Diputados pasaría a llamarse Congreso de Diputadas y Diputados.
Couso explicó que esto significaría la eliminación de un sistema que se denomina de «bicameralismo espejo», en el cual las cámaras tienen «casi la misma facultad legislativa para leyes nacionales», y que establece que «toda ley deba ser aprobada por ambas cámaras».
«Se empodera un poco más al Congreso de Diputados y Diputadas, en relación a lo que es el actual Congreso, en una serie de materias que hoy día están vedadas para iniciar legislación», añadió el analista.
Antes del estallido social de octubre de 2019, que a partir de las masivas protestas y marchas derivó en el proceso constitucional que busca dejar atrás la actual Constitución escrita en 1980, durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990), la Cámara de Diputados y el Senado eran los órganos con menor aprobación popular, con rechazos que alcanzaban el 80% en diferentes encuestas.
La composición del nuevo Congreso mantendría los 155 diputados y diputadas, y la Cámara de las Regiones no tendría menos de 48 miembros, es decir, mínimo tres por cada región (son 16 regiones a lo largo de Chile), similar a la composición actual del Senado (50).
En ambos casos deberían cumplir además con el principio de paridad de género y plurinacionalidad, es decir, incluir a representantes de los pueblos originarios.
Respecto a la funcionalidad, todos los proyectos de ley deberán ingresar y salir desde el Congreso de Diputados y Diputadas, al tiempo que se amplió la potestad de la cámara para presentar proyectos de ley que impliquen gasto fiscal, algo que hasta ahora es facultad exclusiva del presidente.
«Las leyes nacionales se iniciarían y tendrían el grueso de su tramitación en el Congreso de Diputados y Diputadas», dijo Couso.
Sin embargo, los congresistas necesitarán presentar antecedentes financieros de cómo se usarían esos recursos en los proyectos propuestos y también deben obtener el patrocinio del Ejecutivo.
Por otra parte, entre las facultades de la nueva Cámara de las Regiones estaría la formación de las leyes de acuerdo regional, que entre otras materias abordarán lo vinculado con la Ley de Presupuestos, enfocado en el proceso de descentralización que busca tener la nueva Constitución.
Asimismo, se estableció que algunas de sus potestades serán concernientes a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, así como las que alteren la división política o administrativa del país.
Finalmente, se establece que tanto los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados, como la Cámara de las Regiones deberán ser renovados totalmente cada cuatro años.
Uno de los principales cambios que marca esta propuesta afectaría directamente al veto presidencial, pues se establece que si el Ejecutivo rechaza un proyecto aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados podrá devolverlo con las observaciones que considere relevantes o, en su defecto, con la propuesta de rechazo total del proyecto.
De ocurrir este escenario, el Congreso sólo podría insistir con el voto de 4/7 de los parlamentarios, en lugar de los 2/3 actuales.
«El sistema político, en ese sentido, es bastante distinto en relación con lo que hay actualmente dentro de un sistema presidencial (…) es un sistema efectivamente de presidencialismo atenuado, pero que le da la posibilidad a un presidente que cuente con el apoyo del Congreso de llevar a cabo su programa de una manera que hoy en día no lo puede hacer», aclaró el académico.
Couso afirmó que «se habla de presidencialismo atenuado porque muchas leyes (actualmente) son de exclusiva iniciativa del presidente, ahora eso se va a atenuar con la creación de un sistema que se llama ‘leyes de concurrencia'».
«Esas leyes permiten al parlamento iniciar legislación, pero requieren que el presidente concurra para que sigan su tramitación, pero van a ser excepcionales. En el fondo, en Chile diríamos en la práctica para la legislación nacional, con excepciones, va a haber un sistema más bien unicameral, como ocurre en Portugal», sostuvo.
Entre otras modificaciones propuestas, el jefe de Estado mantendría los cuatro años en el cargo, con la diferencia de que su posible reelección se pueda hacer de forma consecutiva, pues en la legislación actual no está permitido, salvo con un periodo presidencial intermedio.
En relación a la conformación del gabinete de ministros, éste debería ser paritario y contar con al menos una ministra o ministro que tenga procedencia de un pueblo o nación indígena para asegurar el principio plurinacional.
De ser aprobado por dos tercios de los convencionales, el informe de la Comisión de Sistema Político pasará al proyecto de nueva Constitución, que deberá ser votado por los chilenos en el plebiscito de salida, en el segundo semestre de este año.
«Valoro mucho el acuerdo al que ha llegado la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Señal clara que el diálogo transversal rinde frutos», escribió el presidente Gabriel Boric en Twitter esta semana después de que se acordara el informe. Según se comprometieron varios miembros de la Convención, se espera que, si finalemente es aprobado, el cambio del sistema político no se implemente durante su mandato.
