Colombia: la tregua pedida por Gustavo Petro y los 15 mil documentos desclasificados
La base de datos, anexos y archivos desclasificados que el decreto 588 de 2017 promovía para esclarecer la verdad, tuvieron gran impacto entre la comunidad de investigadores en Estados Unidos.
La base de datos, anexos y archivos desclasificados que el decreto 588 de 2017 promovía para esclarecer la verdad, tuvieron gran impacto entre la comunidad de investigadores en Estados Unidos.
Las diferentes caras de la interminable guerra civil en Colombia se superponen. En clave actual, el presidente Gustavo Petro pidió hace pocos días “una tregua” en Villavicencio. El viernes último visitó El Tarra, donde fue baleada una parte de su comitiva que lo precedía en el viaje. No la tiene fácil el máximo dirigente del país. Ni siquiera completó un mes de gobierno. Tampoco es fácil la historia de esta tierra donde la lógica del conflicto armado se ha naturalizado durante más de siete décadas.
Todo se refleja en el informe final de la Comisión de la Verdad. Su plataforma virtual es un archivo desplegable que explica muchos años de dolor incontenible. Los asesinatos masivos. El millón de exiliados distribuidos por 24 naciones. Los falsos positivos. El narcoterrorismo. Los paramilitares. Las diferentes guerrillas. La injerencia de Estados Unidos basada en una doctrina contrainsurgente que ha sido acompañada de un despliegue militar inusitado. Lejos de disminuir después de la paz firmada en 2016, el gasto en las fuerzas armadas aumentó en los años siguientes. Las cifras más actuales hablan de que subió un 4,7 % en 2021, elevándolo a 10,2 billones de dólares. El segundo en el continente, solo por detrás de Brasil.
Petro acaba de ir a uno de los territorios donde la violencia domina la vida cotidiana: el Catatumbo, al noreste colombiano, en el departamento de Santander. Incluso viajó contra lo que suponía el anuncio de que no iría, comunicado por su ministro de Defensa, Iván Velásquez, después del ataque a tiros contra sus funcionarios en una ruta.
Los cultivos de coca y la presencia de bandas narco, de cara a la frontera con Venezuela, transformaron la región en casi ingobernable. También tienen presencia en la zona el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados. El presidente cuando llegó se reunió con los campesinos y escuchó sus reclamos mientras participaba en un Consejo de Seguridad. “Que el Catatumbo sea la capital nacional de la paz”, exclamó en un acto horas después.
Su gesto busca que se replique en otros gestos. Colombia los necesita para ir dejando atrás las consecuencias de una guerra prolongada. Las conclusiones de la Comisión de la Verdad son demoledoras cuando describen el pasado, pero también inquietan cuando apuntan al futuro. Un solo dato alcanza para demostrarlo: desde el año pasado operan en el país grupos ilegales mixtos, integrados por ex paramilitares, delincuentes comunes e inclusive ex militares y ex guerrilleros. Ahora se reciclan y conviven entre sí aquellos que se repelieron durante décadas.
De todas las derivaciones del conflicto armado, acaso una de las menos difundidas es la del millón de exiliados. Una cantidad que fue aumentando desde los años ’60. Se vieron obligados a salir de Colombia hacia Brasil, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Grecia, Suiza, Irlanda y Canadá, entre otros países. El tema está tratado en la plataforma virtual de la Comisión de la Verdad. Se explica por “la zozobra prolongada y el miedo por sus vidas”, sin omitir que además de exiliados hubo asilados internos, a quienes se conoce como “desplazados”. Otro vértice del drama colombiano.
En el país de Gabriel García Márquez y su realismo mágico hay dos y hasta tres generaciones de exiliados. Aunque los registros del tema escasean, el informe final va recreándose con testimonios en off que se escuchan en la misma plataforma (https://www.comisiondelaverdad.co/) Los relatos se agrupan por décadas y así se puede acceder a voces que cuentan cómo se escaparon en barco hacia España e Italia entre 1960 y 1969. También una explica que salió hacia Chile en los ’70 antes de la caída de Salvador Allende por el golpe de 1973.
Un concejal de la Unión Patriótica que partió al exilio en Ecuador en 1987 también aporta su testimonio. Pertenecía al frente de izquierda que entre desaparecidos y asesinados tiene un registro escalofriante: 5.733 víctimas y entre ellas, dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Un senador cuenta que en los ’90 tuvo que salir hacia Suiza primero y después Israel. Un periodista testigo de una masacre en 1997 siguió el mismo camino que una campesina diez años después. Ella pertenecía a una comunidad afrocolombiana de pescadores de Urabá. Las voces se multiplican en esa página que sostiene: “Hay futuro si hay verdad”. Es la bitácora más completa de una situación que el gobierno de Petro intenta desactivar por completo y que condiciona el futuro de Colombia.
La base de datos, anexos y documentos desclasificados que el decreto 588 de 2017 promovía para esclarecer la verdad, tuvieron gran impacto entre la comunidad de investigadores en Estados Unidos. El National Security Archive con sede en Washington es una organización con más de 35 años que accedió a información secreta y vital para entender por qué EE.UU ha sido un actor clave en la trama de violencia que sufre Colombia desde la década del 60 o incluso antes.
Esto resultó evidente desde que la Casa Blanca empezó a tratar al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Esa definición, según la Comisión de la Verdad, agravó el conflicto en Colombia. La ONG National Security Archive fue fundada en 1985 por periodistas y académicos para controlar el secretismo gubernamental en aumento. Su archivo – dice su propia página web – “combina una gama única de funciones: centro de periodismo de investigación, instituto de investigación sobre asuntos internacionales, biblioteca y archivo de documentos estadounidenses desclasificados”. El diario Los Angeles Times la llama “la colección no gubernamental más grande del mundo”.
De ahí surge una confesión de altos funcionarios de Inteligencia citados por el propio Archivo. Consideraban que la represión al narcotráfico en Colombia exigía en la década del 80 –en pleno apogeo del Cártel de Medellín que lideraba Pablo Escobar– de “un esfuerzo coercitivo sangriento, costoso y prolongado”. Esa política continuó años después bajo la tutela de Estados Unidos. El analista principal del National Security Archive, Michael Evans, se unió al Comisionado de la Verdad, Alejandro Valencia Villa, y otros académicos de la Universidad Nacional de Colombia para celebrar el lanzamiento de la plataforma. Desde el 24 de agosto ya se pueden ver y estudiar algunos de sus 15 mil documentos.
