Crece la escasez de viviendas en Cuba
Las autoridades de Cuba, con un déficit de casi 900 mil viviendas, "reacomodan" leyes para eliminar las llamadas "ilegalidades" bajo la promesa oficial de no cerrar el camino a la solución del agudo problema.
Las autoridades de Cuba, con un déficit de casi 900 mil viviendas, «reacomodan» leyes para eliminar las llamadas «ilegalidades» bajo la promesa oficial de no cerrar el camino a la solución del agudo problema.
Según estadísticas gubernamentales, el país cuenta con un fondo habitacional de 3.811.002 viviendas y un déficit que ascendía a 883.050 viviendas al cierre de 2016, para un incremento de 30 mil frente a 2015.
Actualmente las nuevas leyes autorizan a un ciudadano a tener solo una casa y otra en alguna localidad vacacional. Además puede a su vez alquilar habitaciones de la vivienda que posee, o completa, otra vía para aliviar la falta de techos.
Están vigentes además otras vías para que cubanos tengan vivienda, entre estas construirla por sí mismos. Sin embargo, aún se mantiene el déficit mencionado, el más agudo el de La Habana, de 206.000. La capital tiene alrededor de dos millones de habitantes y una gran variedad de edificios y casas muy envejecidas.
El programa basado en los cambios aún tiene un ritmo lento.
Según los análisis oficiales ello ocurre precisamente por el deterioro del denominado «fondo habitacional» nacional, deteriorado más en el último medio siglo a causa de huracanes y también por falta de recursos para reparaciones y para levantar nuevas casas.
Otro elemento que ha retrasado las soluciones ha sido, de acuerdo con expertos, la desaparición de planes como el de «microbrigadas», que operaba en los años 80 con respaldo en materiales y mano de obra especializada pagada por el Estado, y trabajadores extraídos de sus empleos estatales.
En tal contexto, y con vistas a impulsar la construcción por esfuerzo propio, el Consejo de Ministros modificó este año esa regulación en relación con los subsidios que se les entregan.
El Estado se queja de que estos se han entregado a veces a partir de datos y declaraciones falsas. En ese caso el órgano estatal correspondiente lo cancela. Para evitar estos resultados, los análisis para aprobar entregas de subsidios son más profundos haciendo énfasis en el estado de la economía de la persona que los solicita.
Las nuevas medidas autorizaron, por única vez, la entrega de 16.887 viviendas estatales en ejecución, a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo propio y otras acciones, entre las que están algunas que garantizan los cobros por el Estado de impuestos deducidos de manera más precisa.
«Aún la situación es difícil para gente como yo. Nunca he tenido una casa propia. Vivía con mis padres, pero ahora tengo dos hijos y se me hace imprescindible una», explicó a ANSA Aurora Fernández, empleada de 35 años de edad de una empresa pública.
«No tengo dinero para comprar una vivienda ni para alquilarla porque los caseros (dueños de casa) suelen demandar pagos mensuales por encima de los que regulan las leyes», explicó.
