Críticas al proyecto para una oficina anticorrupción porteña
La Legislatura tratará este jueves una ley que modifica la actual Ley de Ética y crea un régimen de integridad pública.
La Legislatura tratará este jueves una ley que modifica la actual Ley de Ética y crea un régimen de integridad pública. En concreto, implica que se designarán responsables en los tres poderes de controlar el patrimonio de los funcionarios, a través de sus declaraciones juradas. El oficialismo porteño busca presentar la iniciativa como una Oficina Anticorrupción porteña, pero viene siendo cuestionado por distintos sectores de la oposición, incluída la UCR. Lo que señalan es que los funcionarios serán designados por las cabezas de cada poder y no pasarán por concursos, como establece la normativa actual. Además, no tendrán facultades para querellar ni hacer investigaciones.
Gobierno y existen proyectos desde hace tiempo presentados por la legisladora radical Inés Gorbea, así como por el peronista Santiago Roberto. Desde el oficialismo, la principal impulsora es la legisladora Natalia Fidel. El proyecto que el larretismo llevará al recinto establece que la cabeza de cada uno de los tres poderes deberá designar a una persona a cargo de una Oficina de Integridad Pública. En el caso del Ejecutivo, por ejemplo, el jefe de Gobierno propone a la persona, pasa por un proceso de presentación de impugnaciones de 15 días y luego queda designada. El cargo dura cinco años, salvo que incurra en alguna de las causales de remoción (que van de la comisión de delitos al «mal desempeño»). Y tiene la posibilidad de ser renovado por un mandato.
La función de la Oficina de Integridad Pública, según el proyecto oficialista que tiene dictamen para tratarse, es reunir las declaraciones juradas de los funcionarios (tiene la potestad de aplicar multas a quienes no cumplan con presentarla). Y luego debe evaluarlas y hacer recomendaciones «que estime pertinentes a efectos de remover cualquier situación de conflicto de intereses prevista en el presente régimen».
En la oposición porteña, hasta las últimas horas, había un rechazo al método de designación y también a las funciones. De hecho, los radicales no estaban dispuestos a votar la ley así como estaba redactada, salvo que se hicieran cambios. En la misma línea estaba el legislador del GEN Sergio Abrevaya, por lo que al oficialismo le faltaban algunos votos para llegar a aprobar la ley (todo podía revertirse, no obstante, en las negociaciones). «Es importante crear una oficina que mejore la actual, que es una dirección. Una oficina con más independencia que maneje las declaraciones jurada con un estándar más preciso. La designación no tendría que ser solo por el jefe de Gobierno, sino a través de un concurso o bien ratificado por la Legislatura. Las dos formas son válidas», indicó Abrevaya a este diario.
En cuanto a las funciones, había diferencias dentro del bloque del Frente de Todos. Algunos legisladores que presentaron proyectos, como Roberto, planteaban que tendría que existir una Oficina Anticorrupción plena con todas las funciones: esto incluye la posibilidad de realizar investigaciones y de querellar penalmente a los funcionarios. «Así planteada, es una oficina que junta declaraciones juradas y nada más», indicaban.
«Los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas de nuestro bloque para crear una Oficina Anticorrupción que investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública», indicó Roberto a este diario. «En lugar de eso le dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el Jefe de Gobierno. Esta iniciativa parlamentaria se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen y son autoridad de aplicación de la actual ley de Ética, dejando de lado las facultades investigativas y la posibilidad de querellar», remarcó el legislador del Frente de Todos.
«Además, es un retroceso respecto de la Ley vigente que establece que los cargos son por concursos públicos y lo que ahora proponen es que sea designado a dedo por la autoridad que debe ser controlada. De esta manera perdemos la posibilidad de tener una Oficina Anticorrupción autónoma y que brinde transparencia para lograr una mejor calidad institucional. Porque la bandera de la lucha contra la corrupción se proclama, pero también se tiene que hacer carne en propuestas concretas», indicó el legislador, quien hace dos años que busca que se apruebe una Oficina Anticorrupción. Hasta ahora, el oficialismo no había aceptado tratar el proyecto.
Si bien hasta anoche no contaba con los votos, no se descartaba que algunos cambios y algunas negociaciones sobre la hora le permitieran convertir en ley el proyecto del oficialismo porteño. En la Legislatura, Larreta hace tiempo que no se queda sin una ley que pida.
