Cruje la alianza conservadora en Andalucía
La ultraderecha Vox les marcó la cancha al Partido Popular y a Ciudadanos y condicionó su participación en el conservador gobierno regional a la desfinanciación de los programas contra la violencia de género.
La ultraderecha Vox les marcó la cancha al Partido Popular y a Ciudadanos y condicionó su participación en el conservador gobierno regional a la desfinanciación de los programas contra la violencia de género. Los dos partidos advirtieron, sin embargo, que existe un acuerdo previo en la materia a nivel nacional y que no cambiarán su postura.
El candidato de Vox en Andalucía, el ex juez Francisco Serrano, lo dejó bien claro por Twitter. “Esos pactos que los suscriban con el PSOE y Podemos. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde (está) el cambio?”. El punto 84 de programa de gobierno del PP y Ciudadanos establece un «gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía» y promete cumplir con la “dotación presupuestaria suficiente».
Más tarde, a través de sus redes, Vox remarcó que el “PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar ‘con dotación presupuestaria suficiente’ las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales”. Con la misma retórica, el partido que encabeza Santiago Abascal aseguró que “no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo”.
«Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos”, advirtió, por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien recordó que “firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian».
A su turno, la diputada del PP Marta González, vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género, advirtió que es un “sinsentido” poner en tela de juicio la necesidad de proteger a las mujeres «cuando 47 mujeres han sido asesinadas en 2018 por sus parejas o ex parejas, con 39 niños y niñas huérfanos y casos tan dramáticos y tan recientes y tan en la memoria de todos como el de Laura Luelmo, en Huelva, hace unos días».
El revuelo fue tan grande que el propio Serrano tuvo que salir a hacer algunas aclaraciones. «Lo que pedimos es que las ayudas lleguen a todas las personas que sufren violencia en el ámbito familiar, sin discriminación alguna», aseguró el ex magistrado, por Twitter, y pidió que «no haya prejuicios, se respete la presunción de inocencia, la independencia judicial y que se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista (sic) y las imposiciones ideológicas de la izquierda».
Andalucía ha sido un bastión socialista de forma ininterrumpida desde el fin de la dictadura franquista. El PSOE fue la fuerza más votada el pasado 2 de diciembre y logró 33 diputados, seguido por el PP con 26 y Ciudadanos con 21. La alianza entre Podemos e Izquierda Unida, Adelante Andalucía, alcanzó 17 escaños, y los restantes 12 fueron para la ultraderechista Vox, que a nivel nacional lidera Abascal, un resultado sin precedentes para una fuerza de ese carácter, y que de esa manera se convirtió en árbitro del futuro gobierno regional, que necesita, al menos, 55 diputados.
El PSOE y Adelante Andalucía llegan a 50 escaños, y la derecha del PP y Ciudadanos suman 47. Por tal razón los 12 diputados de Vox resultan clave. De hecho, ya dieron sus votos para ungir como presidenta del Parlamento andaluz a una legisladora de Ciudadanos. Sólo falta celebrar la sesión de investidura, en la que la suma de las tres fuerzas dejaría el gobierno en manos de Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz.
