Cumple un mes el acampe del Tercer Malón de la Paz ante la Corte Suprema
Desde el 1 de agosto integrantes de pueblos originarios de Jujuy exigen la derogación de la reforma de la Constitución provincial llevada a cabo por Gerardo Morales.
Desde el 1 de agosto integrantes de pueblos originarios de Jujuy exigen la derogación de la reforma de la Constitución provincial llevada a cabo por Gerardo Morales.
Comunidades indígenas pertenecientes al Tercer Malón de La Paz se encuentran acampando desde el 1 de agosto frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la anulación de la reforma de la Constitución provincial de Jujuy llevada a cabo por Gerardo Morales, y que atenta contra territorios ancestrales, el agua, y la vida de los pueblos originarios.
Los principales pedidos del Tercer Malón son «nulidad de la reforma inconstitucional; solicitud de intervención en la provincia de Jujuy, cese de represión, detenciones y persecuciones, y ley de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas».
A un mes de la entrega de un petitorio con las denuncias sobre la falta de Estado de derecho y violencia institucional en esa provincia tras la reforma de la Constitución a miembros de la Corte, los integrantes del Malón aún siguen sin obtener respuesta, ni ser recibidos.
«Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos», señaló el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.
Una misión internacional recorrió Jujuy
Cabe recordar que entre el 21 y 25 de agosto de 2023 se realizó una misión internacional de observación conformada por personas pertenecientes a ocho organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y derechos ambientales.
Las representantes de la misión visitaron la provincia de Jujuy, Argentina, para conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública. Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia.
Durante el recorrido, la misión se detuvo en los principales focos de protesta de los últimos dos meses, tales como Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca.
En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas “menos letales” para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas).
La misión internacional dialogó con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y asociaciones campesinas, también con referentes sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, docentes, abogadas y personas que dieron cuenta de diversas formas de violación a los derechos humanos tanto individuales como colectivos.
La misión también tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales, incluyendo el Ministro de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía y diputadas provinciales en San Salvador de Jujuy.
Las integrantes de esta misión internacional están procesando la información recabada en Jujuy, que será empleada para la elaboración de un informe sobre los hallazgos de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia.
Sin embargo, la misión consideró oportuno adelantar algunas observaciones preliminares, con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social. Esta aproximación se realiza respetando la autonomía de las comunidades y el gobierno provincial, tomando como base las obligaciones del Estado argentino y la provincia que se desprenden de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía legal y constitucional, así como de su legislación interna.
Observaciones preliminares de la misión internacional
La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.
De la información obtenida, se desprenden preocupaciones sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios.
La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados. En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas.
En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias.
Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho.
Aunado a ello, la misión recibió información que da cuenta de una aparente falta de independencia del poder judicial en Jujuy. Ello podría dificultar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las reformas constitucionales provinciales, leyes o actos de autoridad arbitrarios. Se debe recordar la importancia que tiene el principio de división de poderes y el sistema de contrapesos para una sociedad democrática.
