Dejar de ser invisibles: cocineras de barrios populares exigen ser «trabajadoras»
Unas 10 mil personas llevan adelante comedores y merenderos en Santa Fe, la gran mayoría mujeres. A través de un proyecto de ley que este lunes La Poderosa presentará en el Congreso, exigirán salario y derechos laborales
Unas 10 mil personas llevan adelante comedores y merenderos en Santa Fe, la gran mayoría mujeres. A través de un proyecto de ley que este lunes La Poderosa presentará en el Congreso, exigirán salario y derechos laborales
Mari vio a su mamá cocinar durante más de 20 años en el comedor de un jardín maternal del barrio. La mamá de Mari tiene 58 años, después de la pandemia ya no pudo trabajar en el comedor y cuando cumpla los 60 años no podrá jubilarse porque no tiene aportes. Mari creció alimentándose en los comedores del barrio: el de la escuela, a veces, los de las organizaciones, otras. De adolescente, cuando no tenía hijos, comenzó a colaborar, le gustaba y además le garantizaba llevar un plato de comida a su casa. Con tres hijos más o menos crecidos, de 15, 13 y 8 años, le insistieron con un comedor y un merendero y ahora está al frente de Pancitas Contentas, el espacio que las mujeres de la agrupación La Poderosa sostienen en el barrio Los Pumitas, frente la canchita de fútbol. Solo allí se elaboran cada vez que se cocina unas 400 raciones que reciben entre 75 y 100 familias de la zona.
Las mujeres que «paran la olla», las hacedoras de esos platos de comida, las de Rosario y las de todo el país, reclaman en la Nación, a través de un proyecto de ley nacional, que se las reconozca como trabajadoras.
Lo que sucede entre Mari y su mamá no es herencia ni tradición, es pobreza estructural en la Argentina, que no se mueve del 35 por ciento. En todo el país, de acuerdo a los datos oficiales, existen 5 mil barrios populares donde son los comedores y merenderos comunitarios los que aportan el alimento para 10 millones de personas, que de otro modo no tendrían asistencia alimentaria. De ese total, más de la mitad, son niños, niñas y adolescentes, una proporción que no escapa en las estadísticas de pobreza que tiene el país, la provincia y la ciudad.
La crisis de demanda alimentaria «hizo su peor pico en la pandemia, pero que desde entonces siguió aumentando sostenidamente», afirma María Claudia Albornoz, a la que todos llaman La Negra en el barrio Chalet de Santa Fe y que es la referente de La Poderosa en la provincia. Solo esta organización, que comenzó a pensar y a gestar el proyecto del ley que el lunes se presentará en el Congreso de la Nación, cocina a diario en todo el país 40 mil platos de comida.
Son ollas enormes que para cocinarse lleva por lo menos entre seis y diez horas de trabajo y que a nivel país, en la organización, requieren las manos de 135 mil personas, que en más de un 80 por ciento de los casos son mujeres.
«Hay trabajos que hacen los varones, sobre todo los más pesados, traer la leña y esas cosas, pero somos casi todas mujeres», ratifica Mari, desde Los Pumitas.
El barrio que saltó a los diarios nacionales semanas atrás con el asesinato del niño de la comunidad qom Maxi Jerez, que desencadenó una pueblada y una serie de hechos de violencia, que incluso obligó a mantener varios de los espacios del barrio, incluido el comedor, cerrados durante varias semanas.
El territorio santafesino
En Santa Fe es difícil tener el número preciso de cuántas son las personas que a diario sostienen esa red que cocina, entrega raciones y alimenta. Sin embargo, algunas estimaciones permiten decir que son más de 10 mil las que llevan adelante esa labor a diario, algunas de las cuales cobran por eso alguna remuneración subsidiada a través del Estado, pero que para nada les garantiza derechos laborales, y en otros casos lo hacen como voluntarias a cambio del plato de comida que se llevan.
Según explica Albornoz, en cada uno de los comedores y merenderos asistidos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sin importar la cantidad de raciones que se cocine y que se entreguen, solo está permitido registrar a una coordinadora y cinco trabajadoras más.
«Eso sin contar que hay cantidad de espacios no registrados y que muchos otros cuentan con mayor cantidad de personas en la cocina por la cantidad de comida que se elabora», indica Albornoz y que estima que «fácilmente se puede estar hablando de 10 mil personas en toda la provincia».
En el Gran Rosario, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) una de las organizaciones más masiva y extendida sostiene entre Rosario, Villa Gobernador Gálvez y localidades del Cordón Industrial más de 80 espacios de asistencia alimentaria, donde solo allí trabajan 400 personas de las cuales el 90 por ciento son mujeres.
Solo en la ciudad, en tanto, y solo en los comedores que La Poderosa sostiene en Empalme Graneros, La Cariñosa, Camino Muerto y La Quinta de Barrio Toba trabajan más de 40 personas.
Invisibles
«No estamos precarizados, nosotros no existimos», dice Albornoz cuando se refiere a los derechos que asisten a esas miles de mujeres (y ese porcentaje de entre el 10 y el 20 por ciento de varones) que pasan cuatro, seis, ocho y hasta diez horas trabajando en garantizar alimentos en comedores y merenderos comunitarios de los barrios populares.
Hace tiempo en esos espacios comenzaron a notar las marcas que deja eso en el cuerpo. «Empezamos a ver los inconvenientes que conlleva pasar años haciendo eso, acarrear ollas pesadísimas para hacer cientos de raciones, manipular comida, quemarse con las ollas y todo eso sin tener ninguna posibilidad ni de licencia médica ni de cobertura social», detalla.
Si bien en algunos casos las mujeres que son parte de las organizaciones perciben subsidios estatales por esa labor, como en el caso de Mari que está incluida dentro del programa nacional Potenciar Trabajo, eso para nada significa contar con los derechos de un trabajador: ni licencia, ni cobertura, ni vacaciones, ni jubilación posible.
«El 40 por ciento de las mujeres de la organización, además, no cobra ningún plan y pareciera que se les pide que sean voluntarios de su propia hambre», dice la referente santafesina y agrega: «Así y todo nos estigmatizan como planeras, que vivimos del Estado y eso no es más que no entender la realidad de un barrio popular que se mantiene en pie en base al trabajo de las trabajadoras populares».
Y lo que es peor, hacen con poco. Y no solo con poca materia prima y mercadería, sino en barrios donde se cocina con suerte con garrafa o a leña, o como como sucede en algunas zonas del sur del país «apenas si se puede cocinar con basura porque la leña sale fortunas», cuenta. A veces también se cocina sin agua o con poca, o la que se consigue hay que ir a buscarla en la previa y acarrearla desde lejos.
«Todo eso y desde temprano pensar como estirar lo que tenés porque sabés que cada vez son más los que se acercan a comer, provoca un estrés infernal», agrega.
La ley punto por punto
Si bien el impulso y la letra de la ley sale de la organización nacional La Poderosa, su aplicación aclaran una y otra vez es para todas las mujeres y varones que se desempeñan como cocineros en los espacios comunitarios de todo el país a través de cualquier organización, e incluso de aprobarse la normativa tiene un tiempo de regularización previsto para los comedores no registrados de modo tal que quienes se desempeñan allí también puedan ser alcanzados por los beneficios de la ley.
El proyecto propone crear un Régimen de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios como una nueva modalidad de contratación en el marco de la puesta en marcha un programa nacional que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Los beneficios aplicarán para todos aquellos que desempeñen ese trabajo durante más de 24 horas semanales y solo se exigirán como requisitos ser argentino nativo o naturalizad y con una residencia legal en el país no inferior a un año, tener entre 16 y 56 años, no tener otro trabajo registrado en el sector público o privado -con la única excepción de quienes están contempladas bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares-, no ser monotributistas de categoría C o superiores, tener prestación por desempleo o percibir jubilaciones.
El proyecto, además, no solo regula la jornada laboral que no se podrá exceder en más de 7 horas y 45 horas semanales, sino que además prevé descanso semanal de 48 horas, licencia anual ordinaria, licencias por enfermedad o accidente, sueldo anual complementario y licencias por maternidad o paternidad.
Del mismo modo, se prevé que el contrato de trabajo no podrá disolverse sin preaviso, así como también se establecen indemnizaciones en caso de despidos y la creación de un fondo de desempleo.
