Desmantelaron diez campamentos de minería ilegal en la Amazonia brasileña
La operación en el estado norteño de Rondonia tuvo como foco un "escenario de gran devastación ambiental", equivalente a 118 canchas de fútbol.
La operación en el estado norteño de Rondonia tuvo como foco un «escenario de gran devastación ambiental», equivalente a 118 canchas de fútbol.
La Policía Federal de Brasil destruyó diez campamentos de minería ilegal durante una operación de cuatro días en una tierra indígena de la Amazonia, según informó este lunes la institución. La operación, llevada a cabo entre el jueves y domingo pasado, tuvo como foco un «escenario de gran devastación ambiental» equivalente a 118 canchas de fútbol, ubicado en el Parque Nacional de Campos Amazónicos y la Tierra Indígena Tenharim Marmelos, en el estado norteño de Rondonia.
La policía señaló que fueron destruidas dos excavadoras hidráulicas, once motores de drenaje, cuatro generadores de energía eléctrica y ocho vehículos por un valor total de ocho millones de reales (1,6 millones de dólares), pero no informó de detenciones. En la operación participaron veinte policías federales y ocho funcionarios del estatal Instituto Chico Mendes de Preservación de la Biodiversidad, además de dos aeronaves de esta organización.
Durante los cuatro años del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), la minería ilegal tuvo una notable expansión en toda la región amazónica, contaminando ríos con mercurio y amenazando el sustento de los pueblos indígenas. El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo que desde enero hay una «operación continua» contra la minería ilegal, gracias a la cual se destruyeron 323 campamentos y bloquearon unos 400 millones de dólares de cuentas vinculadas a esta actividad.
La situación en territorio yanomami
El 19 de junio el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva declaró «libre de minería ilegal» a la golpeada tierra indígena yanomami. El resultado en la mayor reserva indígena del país surgió de los monitoreos satelitales, que detectaron el 6 de mayo pasado por última vez, una alerta de explotación en una nueva área. «¿Eso quiere decir que se terminó la minería? No, pero dejó de avanzar. Las rutas fluviales y aéreas quedaron inviables, los suministros no están llegando como antes y el flujo es difícil», aseguró el jefe del Departamento de Represión de Delitos Ambientales en Roraima, Thiago Leão.
Los vuelos clandestinos en el territorio yanomami cayeron un 90 por ciento en los cinco meses transcurridos desde el inicio de la represión a la minería ilegal en la región. Según un informe divulgado el martes pasado por las fuerzas armadas, la «Operación Ágata Frontera Norte» incautó 30,9 millones de reales (6,5 millones de dólares) en objetos, entre ellos 42 toneladas de casiterita, el óxido natural del que se extrae el mineral de estaño. Los agentes también incautaron o destruyeron combustible, oro, mercurio, tiendas de campaña, motores, teléfonos móviles, balsas, embarcaciones, aviones, munición y armas.
«Tenemos la oportunidad de mostrar el esfuerzo que el Estado brasileño viene haciendo para enfrentar los problemas en el territorio indígena yanomami y, sobre todo, cómo lo hacemos de forma impecablemente coordinada con los órganos federales, lo que es crucial para el éxito de nuestros próximos pasos», declaró el general Ricardo Augusto Costa Neves luego del operativo.
El papel del vicepresidente
El alcance del trabajo de las fuerzas armadas en la región fue ampliado recientemente. El 22 de junio, el vicepresidente Geraldo Alckmin firmó un decreto estipulando que el ministerio de Defensa actuaría en medidas de prevención y represión de «crímenes transfronterizos y ambientales», realizando patrullas, registros de personas y vehículos, e incluso deteniendo a personas en flagrante delito. Anteriormente el ministerio de Defensa operaba solo con inteligencia y logística, transportando a los agentes responsables de expulsar a los mineros del territorio yanomami.
La reserva indígena yanomami es un vasto territorio de casi 10 millones de hectáreas que alberga a unos 30.400 indígenas. Está desde hace años en una situación crítica, debido a las invasiones de los buscadores de oro. Los indígenas acusan a estos trabajadores ilegales, conocidos en Brasil como «garimpeiros», de violar y asesinar a miembros de su comunidad, mientras los privan de uno de sus principales medios de subsistencia, la pesca, al contaminar los ríos con mercurio.
