Disturbios por los exámenes de ingreso a la universidad en Chile

Estudiantes de bachillerato que desataron el estallido social en Chile en octubre pasado volvieron a tomar ayer las estaciones del metro y generaron disturbios en algunas sedes donde se rendía la prueba de ingreso a la universidad

Estudiantes de bachillerato que desataron el estallido social en Chile en octubre pasado volvieron a tomar ayer las estaciones del metro y generaron disturbios en algunas sedes donde se rendía la prueba de ingreso a la universidad, a la que se oponen por considerarla un sistema de selección injusto.

La céntrica estación Plaza Egaña apareció tomada por más de un centenar de estudiantes que desplegaron pancartas y vitorearon canciones de protesta, lo que obligó a suspender el servicio por algunas horas.

Algunos incidentes violentos se registraron en los barrios adinerados de Providencia, Las Condes y otras zonas de la región metropolitana, así como en la región de Valparaíso y en Coronel, en el Bio Bio. Los estudiantes lanzaron elementos contundentes y se enfrentaron con el control policial, que fue reforzado para la prueba y que, en algunos casos, impedía el acceso a aquellos jóvenes que querían realizar el examen que ya había sido boicoteado a comienzos de enero.

En Las Condes la prueba fue suspendida en uno de sus recintos y ocho personas fueron detenidas, informó el alcalde Joaquín Lavin en Twitter. La prueba también se suspendió en otros locales y las autoridades informaron que los alumnos serán enviados a otras sedes para poder rendir.

Unas 41 personas fueron detenidas en todo el país por incidentes vinculados con el examen, indicó la Policía. Las medidas de seguridad para esta segunda convocatoria están dirigidas por el Ministerio del Interior, que se involucró en el proceso tras los incidentes.

Sin embargo, las autoridades minimizaron el impacto de las protestas. “De los 238 locales en que debía aplicarse esta prueba se pudo llevar a efecto en 235. En ocho de ellos, hubo suspensiones parciales, lo que indica que en el 98 por ciento de los locales se pudo rendir la prueba efectivamente’’, afirmó Aldo Valle, vicepresidente de Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.

Miles de aspirantes

La prueba debía ser realizada por unos 230 mil estudiantes, según datos de la Universidad de Chile, a cargo del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional que organiza el examen. Muchos de esos estudiantes debieron repetir la PSU después de que se alterase la ejecución habitual de la prueba el 6 y 7 de enero, cuando también hubo manifestaciones y se filtraron las respuestas de los exámenes a través de las redes sociales.

En Chile existe una enseñanza claramente estratificada: de los 3,5 millones de estudiantes en torno del 35 por ciento concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55 por ciento asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8 por ciento a institutos privados.

Método discriminatorio

La PSU es considerada discriminatoria por líderes de los alumnos de bachillerato, porque refleja en sus resultados la calidad de la educación: los alumnos de grupos acomodados ingresan casi todos a la universidad seguidos por los jóvenes de clase media, mientras quienes provienen de los colegios públicos generalmente quedan afuera de la educación superior.

Debido al estallido social del 18 de octubre y las multitudinarias manifestaciones y olas de violencia que lo siguieron, las autoridades suspendieron la prueba en noviembre y en diciembre.

Nunca desde el inicio de la aplicación de la PSU en 1996 se habían registrado problemas. “La PSU es una mentira como medida de igualdad. Es un instrumento para negar la verdadera educación a las/os hijas/os del pueblo. Sólo confirma la discriminación y la segregación’’, afirmó en una publicación en Facebook la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundaria.

“El futuro es cambiarlo todo: terminar con la PSU, terminar con la educación de mercado y darle término a la sociedad basada en la explotación y en la competencia’’, agregó.

La derogación de la PSU, cuya modificación es analizada por especialistas, no estuvo incluida en las demandas sociales que incluyen mejores en las pensiones, salarios, salud y educación.

Fuente: La Voz