Dos iniciativas que molestan a Etchevehere
Las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Concordia quieren prohibir el uso de agroquímicos -en particular el glifosato- y, para ello, trabajan sobre sendos proyectos de ordenanzas.
Las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Concordia quieren prohibir el uso de agroquímicos -en particular el glifosato- y, para ello, trabajan sobre sendos proyectos de ordenanzas. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, suele repetir que «el glifosato no causa ningún daño».
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, repite que el “glifosato no causa ningún daño”. Sin embargo, más de 400 pueblos del interior argentino no creen que eso sea tan así y avanzaron en distintos niveles de protección de las poblaciones en las que no para de crecer el índice de muertes por cáncer. Ahora, los municipios entrerrianos de Gualeguaychú y Concordia buscan prohibir el uso del glifosato en sus territorios.
El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, elevó un proyecto de ordenanza que prohíbe, sin excepciones, el uso, aplicación, movimiento, comercialización de agroquímicos en todo el ejido de la ciudad. Para Piaggio, «un municipio libre de glifosato no sólo implica un fuerte compromiso con la vida, la salud y el medio ambiente del presente sino también con las generaciones venideras».
El proyecto de ordenanza, que será tratado en la próxima sesión del Concejo, se fundamenta en el «principio precautorio», el cual está incluido en el artículo 4º de la Ley Nacional de presupuestos mínimos ambientales. «La prohibición establecida en la presente no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores de ninguna índole», dice el proyecto que en su articulado invita finalmente a otros municipios de la provincia a tomar medidas en el mismo sentido.
En Concordia, el concejal radical Esteban Benítez propuso, también a través de una ordenanza, que se prohíba el glifosato en el éjido de esa ciudad, porque «los efectos nocivos de tal producto ya han sido reconocidos por varios países de la comunidad europea, algunos de ellos lo han prohibido». «Lo que espero, en principio, es que se prohíba el uso en la ciudad, sobre todo en parques y jardines si es que lo utilizan, y luego ver quiénes comercializan y a quién le venden», anticipó el concejal al defender su propuesta.
“Es una respuesta a la enorme cantidad de casos de cáncer. En Concordia, desde hace años que vienen denunciando que tienen muchos casos. Nosotros, en la zona, tenemos estudiada la ciudad de San Salvador, donde hay años que tienen el 50 por ciento de fallecidos por cáncer y otros años del 40 por ciento. Normalmente, el índice es el 20 por ciento”, dijo a Página/12 el referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vázquez. En Gualeguaychú, la municipalidad hizo un estudio que le dio un alarmante aumento de los índices de frecuencia de casos de cáncer en personas fallecidas, según reveló Ávila Vázquez. “Eso desencadena estos proyectos”, aseguró. Si bien el glifosato está reconocido como una sustancia potencialmente cancerígena por la Organización Mundial de la Saldu, en la Argentina es de venta libre y prácticamente no hay restricciones para su uso.
“La resistencia se da en los más de 400 pueblos que tienen ordenanzas prohibiendo las fumigaciones. Esto muestra que a nivel local es muy difícil que nieguen el carácter tóxico de este modelo. A los dirigentes se les mueren familiares, amigos, saben cómo está contaminado todo con glifosato. En cambio, a nivel provincial y nacional predomina el lobby de los negocios. Bayer y Monsanto financian campañas del que gana y también del que pierde”, advirtió Ávila Vázquez.
En la Red de Pueblos Fumigados asumen que el Gobierno nacional avanzará con una legislación nacional a medida de los intereses de las empresas del agro, con la que se buscará limitar severamente las restricciones que lograron los gobiernos locales.
Al respecto, Eleonora Lamm, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Mendoza y representante argentina en el Tribunal Internacional Monsanto, que acusó a la multinacional del delito de «ecocidio», advirtió que las disposiciones municipales son una respuesta a este problema, aunque insuficiente: «Tienen menos jerarquía, y son fácilmente revocables. También son difíciles de ejecutar por los recursos, el poder de policía para controlar que efectivamente se cumpla», explicó a Página/12.
Para Lamm, las ordenanzas «siempre van a devenir insuficientes», mientras no exista un compromiso global como país para «legislar en contra del uso del glifosato». «Las resoluciones locales están bien, pero una puede ser de una manera y en un pueblo cercano, de otra. Mientras no exista una decisión única, lamentablemente vamos a seguir con problemas», apuntó.
“Ellos (por el Gobierno) no quieren que los pueblos restrinjan las áreas de fumigación. No quieren ni entregar el 2 por ciento del territorio cultivable, que es lo que representa establecer una restricción de mil metros alrededor de los pueblos. Son 200 mil hectáreas que se podrían destinar a la agroecología, cinturones verdes para no generar daño a la gente”, concluyó Ávila Vázquez.
