El descontrol fiscal en los municipios Mendocinos
Junto con la presión tributaria récord que ejerce el Estado Nacional desde hace una década, las administraciones municipales siguen creando tasas y aplicando ajustes a discreción. La voracidad recaudadora ya generó más de 130 tipos de contribuciones.
Tasas por seguridad ciudadana, por limpieza e higiene, por el uso del espacio público, por el consumo de energía eléctrica, por el cuidado del medio ambiente, por el uso de calles y rutas… Estas son algunas de las contribuciones más habituales que hoy debe pagar un comercio o empresa a nivel municipal en la Argentina.
Pero hay más, mucho más: tasa para el cementerio, tasa para el fondo de bomberos voluntarios, tasa al uso de publicidad interior en comercios, tasa para servicios de odontología, tasa al funcionamiento de altoparlantes, tasa a la recarga de extintores de incendios, tasa a la instalación de antenas, tasa a la emisión de rifas, y hasta una tasa a los cabarets.
La constelación de contribuciones municipales vigentes, que supera los 130 tipos distintos de gravámenes, según cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), es parte del firmamento impositivo que hoy gira alrededor del Gobierno nacional.
La sideral expansión del gasto público durante el kirchnerismo generó que, en un país que ostenta un nivel de presión tributaria que se ubica entre los más altos del mundo y que llega al 37% del Producto Bruto Interno (PBI), los intendentes sigan creando nuevas tasas y aplicando ajustes incluso por encima de la inflación.
Muchos de estos gravámenes pasan desapercibidos porque figuran como montos ínfimos en las facturas de los contribuyentes, pero al final de cuentas representan cifras millonarias que se transfieren del sector privado a las arcas de los más de 1.200 municipios del país.
Al respecto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó un relevamiento en 151 municipios para evaluar el grado de presión fiscal que soportan las pequeñas y medianas empresas.
Las cifras obtenidas son elocuentes: el 70% de las comunas incrementó la presión tributaria en los últimos tres años. En tanto, una de cada dos localidades creó nuevas tasas y, en promedio, un contribuyente debe hacer frente a unos 20 gravámenes distintos.
“La presión al contribuyente es insoportable. Para llegar a fin de mes los municipios inventan tasas y aplican subas abusivas”, denuncia Fabián Tarrio, vicepresidente del sector comercial de CAME.
La tendencia, que según los expertos consultados se incrementó en los últimos años, es una consecuencia del aumento del gasto público del Estado Nacional, que este año alcanzará los $ 1.251.630 millones, según establece el Presupuesto 2015.
“La presión tributaria está íntimamente relacionada con el fuerte crecimiento del gasto público. En esto han sido vitales los subsidios económicos, que hoy representan el 5% del PBI y también el gasto en personal de provincias. Todo esto se ha financiado básicamente con impuestos”, sostiene Nadín Argañaraz, director del Iaraf.
Por su parte, Marcelo Capello, de la Fundación Mediterránea, explica: “Mientras el Gobierno nacional siga expandiendo su gasto a tasas altas, asistido con adelantos del Banco Central, las provincias deberán seguir de cerca ese aumento del gasto, y los problemas fiscales que esto les acarrea conducen a una suba en la presión tributaria provincial y municipal. Esta tendencia se volverá a visualizar durante 2015.”
Descontrolados
En los últimos 12 años, los municipios duplicaron la presión fiscal sobre las empresas. Sin embargo, la proliferación de tasas no siempre se tradujo en nuevos y mejores servicios.
“El problema es que el dinero recaudado no va a compartimientos estancos y no se dedica a lo que está destinado. Va a una tesorería general para que se use discrecionalmente y no siempre se prestan los servicios correspondientes”, remarca Tarrio.
En la misma línea, desde el Iaraf sostienen que, por lo general, la normativa establece cuáles son los servicios que el municipio debería brindar como contraprestación al cobro de la tasa, pero que en muchas ocasiones la forma en la que se cobra el tributo no guarda relación con el servicio brindado.
“Un claro ejemplo de esta situación se da con la tasa que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, que se cobra en la mayoría de los distritos como un porcentaje de la facturación, funcionando de esta manera como un verdadero impuesto a los ingresos brutos”, advierten los expertos en análisis fiscal.
Otra desprolijidad del sistema tributario que surge de las denuncias de los empresarios del interior del país es la superposición de impuestos. Con excepción de la ciudad de Buenos Aires -los porteños tributan sólo a la Ciudad y a la Nación- el resto de los argentinos paga impuestos en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Así las cosas, muchas veces el contribuyente paga varias veces por un mismo servicio.
“En la Argentina, cada nivel de gobierno actúa como si su ciudadano fuera exclusivo, cuando en realidad deberían trabajar coordinadamente, porque cada persona aporta a los tres niveles”, dice Argañaraz.
Autonomía local
Si bien la voracidad recaudatoria parece ser un signo de la época, el recurso de aplicar nuevas contribuciones no es potestad del kirchnerismo. “Hace varios años que los municipios y comunas vienen ejerciendo discrecionalmente su autonomía fiscal, utilizando esta estrategia para generar nuevas formas de financiamiento”, reconocen en CAME.
Esto es posible gracias a que la Constitución establece que las provincias determinan el grado de autonomía fiscal de los municipios, lo cual los habilita a cobrar impuestos y a introducir contribuciones.
De esta atribución se vale el puñado de municipios que accedieron a comentar sobre el uso y abuso de los tributos municipales para justificar las cerca de 20 tasas vigentes en promedio por cada localidad. “Entre lo poco que llega por coparticipación y con los niveles de inflación, es la única forma de subsistir”, reconocen fuera de micrófono.
Una de las contribuciones más populares y que más debate despertó en los últimos meses es la tasa a los combustibles, también conocida como tasa vial.
Si bien los funcionarios municipales consultados niegan que la aplicación de éste y otros gravámenes responda a motivos políticos en tiempos de disciplinamiento por vía fiscal -mecanismo por demás habitual a nivel provincial, por caso-, desde CAME sostienen que el polémico canon “se cobra en varios municipios administrados por intendentes massistas o del PRO”.
La radiografía de la presión impositiva revela que la voracidad recaudadora municipal es constante en todo el país, según se desprende de los informes realizados por los expertos consultados. Sin embargo, en algunos distritos, los empresarios dan batalla.
En el partido de Olavarría, la Federación de Empresarios de Combustibles llevó a juicio al municipio por aplicar la tasa vial. “Se gravaba con el 4% sobre el precio final, lo que significaba una transferencia mensual de $ 2 millones al sector público”, apuntan desde CAME. El año pasado la Suprema Corte bonaerense dio lugar al pedido de inconstitucionalidad y eximió a pagar la tasa.
En tanto, en la provincia de Córdoba, la tasa vial rige desde septiembre de 2012. “Para tener una idea de su impacto, los cálculos legislativos arrojan que, en 2015, el Estado provincial recaudará más de $ 1.000 millones”, sostiene Tarrio. Y agrega: “Hubo intentos judiciales y políticos para eliminar la tasa pero no tuvieron éxito”.
En otro frente de batalla se encuentra el intendente de Junín, Mario Meoni. El dirigente massista desafió al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, al incluir en el presupuesto una suba del 25% en el impuesto que cobran las estaciones de servicio en la localidad del noroeste bonaerense. La disputa se dirime en la Justicia.
Efecto contagio
Para intentar explicar el caótico panorama fiscal de los municipios, desde la CAME sostienen que se está produciendo «una especie de efecto contagio», en el cual los distritos van introduciendo tasas vigentes que observan en otras ciudades vecinas. “Con la tasa de publicidad interior que se les cobra a los quioscos y autoservicios”, pasó eso”, grafican.
Si bien los especialistas consultados no ponen en duda la necesidad de que los municipios apliquen tasas y contribuciones, ya que representan alrededor del 35% de sus ingresos y resultaría imposible para los intendentes administrar sus territorios sin esos fondos, sí exigen una mayor coordinación y transparencia en el sistema tributario.
“Con el próximo gobierno, es probable que existan intentos parciales de reforma, condicionados por la situación fiscal pero a la vez estimulado por la necesidad de generar incentivos para que la producción privada”, opinan desde la Mediterránea.
