El detalle de los proyectos inmobiliarios que el oficialismo buscará aprobar en la Legislatura porteña
El oficialismo porteño buscará aprobar este jueves en la Legislatura un paquete de cuatro proyectos inmobiliarios impulsadas por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
El oficialismo porteño buscará aprobar este jueves en la Legislatura un paquete de cuatro proyectos inmobiliarios impulsadas por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Además de la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, Vamos Juntos (VJ) intentará darle aprobación definitiva al barrio de torres de lujo que el Grupo IRSA pretende construir en los terrenos costeros de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Entre esos dos proyectos están en juego más de cien hectáreas en el acceso al Río de la Plata. En tanto, también se debatirá la segunda lectura del paquete de «Convenios Urbanísticos» que otorgará excepciones a diversos desarrolladores inmobiliarios para construir once torres en ocho barrios porteños. Por último, en el temario también aparece un proyecto de «regularización» de «obras llevadas a cabo en contravención», que la oposición catalogó como un «blanqueo» de obras ilegales.
Organizaciones de defensa del espacio público se citaron para protestar contra los proyectos a las 10 de la mañana, cuando comience la sesión, a las puertas de la Legislatura.
Costanera Norte
Por las 32 hectáreas del conjunto Costa Salguero y Punta Carrasco existen dos leyes diferentes. La Ley 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que habilitó al GCBA a vender esos predios, por el momento está frenada por la Justicia porteña. En octubre de este año, la Cámara de Apelaciones ratificó la inconstitucionalidad de esa norma –al GCBA todavía le queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)–, al argumentar que el oficialismo no cumplió con la doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad para los proyectos que involucran enajenación de terrenos de «dominio público».
Lo que VJ intentará aprobar este jueves es, entonces, la segunda lectura de la ley de rezonificación de esos predios, para habilitar nueva normativa constructiva, paso necesario para la privatización. El proyecto inicial, aprobado en octubre de 2020, estipulaba que en Costa Salguero se podrían construir diez bloques de edificios de hasta 32 metros de altura. Tras la audiencia pública más masiva de la historia, en la que más de dos mil personas se manifestaron en contra de la privatización, el GCBA introdujo sólo algunos cambios: las alturas bajan de 32 a 24 metros, aumenta el 3 por ciento de lo destinado a espacio público y habrá un camino de ribera de 50 metros de ancho. El cemento sobre la costa, razón fundamental del rechazo del 98 por ciento de los participantes de la audiencia, sigue en pie.
A principios de noviembre, el Frente de Todos (FdT) y organizaciones sociales, políticas y ambientalistas entregaron más de 53 mil firmas en apoyo a la Iniciativa Popular que propone crear un parque público en esos terrenos. Al superar las 40 mil adhesiones, la Legislatura quedó obligada a debatir el proyecto cuando el TSJ termine de verificar una parte de las firmas. Justo cuando la rezonificación volvió a la Legislatura, el Tribunal pidió una prórroga hasta marzo para revisar las firmas. Con la ley de venta frenada, en agosto el GCBA amplió hasta fines de 2022 la concesión de la empresa Telemetrix, cuya tenencia debió haber finalizado en abril de este año, tras 30 años consecutivos.
Costanera Sur
De aprobarse la segunda lectura del convenio firmado entre IRSA y el GCBA, el holding empresarial de Eduardo Elsztain quedará habilitado a construir ni más ni menos que un nuevo barrio en la ciudad. El acuerdo ingresó a la Legislatura el 20 de julio pasado y en menos de medio año, sin mención alguna en la campaña electoral, VJ ya planea darle aprobación definitiva. En el medio, durante la audiencia pública, más de 800 vecinos y vecinas –también el 98 por ciento– se manifestaron contra el proyecto «Costa Urbana», a construirse en el acceso al Río de la Plata, en zona de humedales, frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, y frente al Barrio Rodrigo Bueno.
IRSA adquirió las 72 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva en 1997, por la módica suma de 50 millones de dólares. Cuando las compró todavía tenían por norma el destino que se les asignó originalmente y que aún conservan: que sea un espacio para que los ciudadanos puedan hacer deportes. Si VJ consigue aprobar la segunda lectura, cumplirá uno de los mayores anhelos de IRSA: que el uso del terreno cambie a lo que el Código Urbanístico (CUR) cataloga como «mixtura de usos 4». «Tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates», promociona IRSA en su página web, junto a su multitud de shoppings distribuidos por todo el país. Allí, el holding deja claro el valor que asigna al predio que compró hace ya 24 años: «Reserva de tierras», es el apartado en el que aparece. Solo con el dictamen de comisiones de la primera lectura, IRSA aumentó el valor de sus acciones un 28 por ciento. Se calcula que los 50 millones de 1997 se transformarán en más de mil una vez finalizado el nuevo barrio.
En concreto, el proyecto despachado en comisiones el viernes pasado estipula que IRSA podrá levantar más de treinta edificios, algunos de hasta 145 metros de altura. Tras escuchar las catorce jornadas de la audiencia, el GCBA no introdujo ningún cambio al proyecto que ingresó a comisiones. Aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano promociona que se hará un parque de 47 hectáreas con el 67 por ciento del predio cedido por IRSA, lo cierto es que los números finos dicen otra cosa. Además de calles y veredas, dentro de lo que IRSA pondrá como «contraprestación» aparecen, por ejemplo, 11 hectáreas de un «espejo de agua»: agua del Río de la Plata. Entre Costa Salguero, Punta Carrasco y Costanera Sur, la Legislatura definirá el jueves el destino de 104 hectáreas ribereñas.
Más torres
Pero no todo es costanera para el avance inmobiliario. Durante la sesión del jueves también se debatirán once convenios urbanísticos que permitirían a diversos desarrolladores levantar torres en Caballito, San Cristóbal, Colegiales, Palermo, Belgrano, Almagro, Villa Crespo y Núñez. Los convenios funcionan como excepciones a los establecido por el CUR, que estipula los usos, alturas y capacidades constructivas de los barrios de la Ciudad. En este caso, hay once predios para los que el GCBA buscará modificar esa normativa para permitir, en algunos casos, torres de más de 70 metros. Tras la primera aprobación del paquete de convenios, también se realizó una audiencia pública que finalizó recién el martes de la semana pasada. Allí hubo alrededor de 150 expositores, todos se manifestaron en contra de las torres.
Sin embargo, los proyectos regresaron igual a la Legislatura y ahora habrá que ver cómo actúan los bloques aliados a VJ, a los que necesita para superar la mayoría de 30+1. En la primera lectura, el paquete original tenía 16 proyectos, incluida una torre de 72 metros proyectaba junto al monasterio y la iglesia de Santa Catalina, en Área de Protección Histórica. Ese día, UCR-Evolución condicionó sus votos a la retirada de cinco convenios, mientras que la Coalición Cívica directamente se abstuvo. El oficialismo terminó aprobando 11 de los 16 con 33 de sus 38 votos habituales. La apurada de VJ por tratar los proyectos también encuentra sus razones en ese poroteo: a pesar de la victoria electoral, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre pasará a tener 32 bancas.
También en el temario del jueves se incluyó un proyecto de «regularización de construcciones y obras llevadas a cabo en contravención», que la oposición catalogó como «blanqueo» de obras irregulares. Entre otros puntos, el proyecto brinda beneficios, facilidades de pago y financiación de multas para aquellas constructoras que hayan excedido en hasta 5 mil metros cuadrados la capacidad constructiva que establecen el CUR y el Código de Edificación. Como en los otros casos, el proyecto ya tiene aprobación de primera lectura, por lo que este jueves podría quedar sancionado.
Tras el plenario del viernes, el bloque de FdT denunció que el despacho del paquete de normas no cumplió con los tiempos reglamentarios para ser tratado el jueves, ya que no se dictaminó antes de las 14 horas. El oficialismo, en tanto, asegura que el plenario se rigió por un decreto que estipuló los mecanismos legislativos durante la pandemia, y que ese decreto no prevé límites horarios para los despachos.
