El Gobierno de Mendoza ratificó que pagará el operativo electoral de Capital y San Carlos
Convocados por la Corte, el ministro Lafalla aclaró que no habrá dinero para el pago de publicidad electoral. Suárez se diferenció.
Luego de más de dos semanas de declaraciones cruzadas entre el Gobierno provincial y el intendente interino de Capital, Rodolfo Suárez, ayer se reunieron las partes por primera vez y acordaron el financiamiento de la logística de los comicios.
El encuentro fue más institucional que político y sacó en limpio dos puntos centrales: por un lado, el Gobierno asumirá los costos de las elecciones municipales en Capital y San Carlos, pero por otro lado ratificó que no pagará las campañas publicitarias de los partidos políticos.
A su vez, Suárez confirmó que “por racionalidad política y por temas de costos” usarán el sistema tradicional de boleta de papel y no el voto electrónico.
Las elecciones en ambas comunas para cargos municipales (intendente y concejales) fueron adelantadas del calendario nacional y fijadas para el 22 de febrero -las PASO- y el 3 de mayo las generales.
El puntapié inicial lo dio Suárez (UCR) hace más de dos semanas y a la decisión se plegó también el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD-Frente Renovador).
La noticia supuso un adelantamiento de todo ese clima que implican las elecciones, situación que el mismo gobernador, Francisco Pérez, intentó evitar por varios medios.
“Éste es un año de gestión”, reitera el mandatario en cada oportunidad que se le pregunta por el calendario electoral provincial (queda definir si es simultáneo con el nacional o no) y por la reglamentación de las PASO provinciales.
Justamente, la falta de este último paso en la ley 8.619 es el que deja en una situación extraña la próxima elección del 22 de febrero, en la que se estrenarán las primarias provinciales, para cargos municipales, pero sin el financiamiento de campaña a los partidos políticos.
“Nuestra postura es la misma de siempre: la Provincia está dispuesta a colaborar con la logística y no obstaculizar el desarrollo de las elecciones, pero no se financiará la publicidad”, señaló en un tono más conciliador el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, y desmintió las diferencias que se dejaron entrever: “No nos peleamos nunca, no tenemos problemas”.
“Los perjudicados con esto son los partidos políticos. Por eso, si bien yo asistí en mi rol institucional, mi opinión política es otra”, explicó Suárez su disidencia.
La reunión de ayer fue convocada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, y en el encuentro estuvo presente el secretario electoral, Luis Alfredo Puebla.
Los convocados fueron Lafalla, Suárez y Difonso, aunque este último se ausentó por un viaje y envió en su representación a un funcionario municipal. “San Carlos aceptó lo mismo que Capital”, aseguraron los voceros al finalizar el cónclave.
Según los compromisos asumidos, la Provincia deberá pagar los costos operativos de las dos elecciones primarias y las dos generales. Esos gastos están calculados en $ 3.500.000 y suponen traslado de urnas y presencia policial, entre otros gastos de logística.
“El dinero saldría del Presupuesto. Estamos analizando dónde conseguimos la plata. Ya veremos cómo, en conjunto con la Legislatura, ordenamos y adecuamos los números para poder llevar adelante este proceso eleccionario”, justificó Lafalla. Aunque Suárez matizó: “Dos o tres millones de pesos no es mucho en un presupuesto provincial, ni siquiera en uno municipal”.
El PD impugnará
Fuera de la reunión de ayer, el FIT y el PD (partidos opositores en la provincia y Capital) mostraron su malestar tanto con el Ejecutivo como con Suárez.
Por un lado, la Izquierda volvió a criticar la decisión del intendente capitalino de adelantar las elecciones. “¿En qué le beneficia a la gente si las elecciones se hacen antes o después? Para nosotros esta decisión corre del eje las discusiones importantes y responde a los intereses de los partidos tradicionales” opinó Soledad Sosa, referente del Partido Obrero.
Por su parte, el PD presentará hoy ante la Justicia una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 2.075, firmado por el gobernador, Francisco Pérez, hace dos semanas.
“Varios son los vicios del decreto: el primero de ello es que el Poder Ejecutivo pueda suspender la aplicación de una ley; el segundo es que entienda que no existe partida presupuestaria pues la ley 8701 facultó al Poder Ejecutivo a reestructurar partidas”, fundamenta el pedido.
