El pueblo chileno unió sus voces para exigir una nueva Constitución

Miles de chilenos volvieron ayer a las calles para exigir mejoras sociales y económicas, en una jornada en la que resonó la demanda popular para dar al país una nueva Constitución que reemplace a la sancionada en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Miles de chilenos volvieron ayer a las calles para exigir mejoras sociales y económicas, en una jornada en la que resonó la demanda popular para dar al país una nueva Constitución que reemplace a la sancionada en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

El “superlunes” de barricadas, marchas, concentraciones callejeras y cacerolazos en todo el país, convocados por la Mesa de Unidad Social que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de Chile, se cumplió en Santiago y en otras ciudades del país con algunas escaramuzas entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La convocatoria fue lanzada en coincidencia con la publicación de una encuesta de Cadem, según la cual el 87% de los chilenos consideran que el país necesita una nueva Constitución, un debate que se abrió paralelamente al estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre, y ya ha dejado 23 muertos y miles de heridos y de detenidos.

La Constitución vigente en Chile fue sancionada en 1980 y desde entonces, hasta 2017, fue objeto de una veintena de reformas.

Prioridad: paz social

El gobierno del presidente Sebastián Piñera afirmó por distintos canales que no descarta un debate sobre una reforma constitucional, pero aclaró que la prioridad en esta emergencia es recuperar la paz social y poner en desarrollo una agenda social que atienda los problemas urgentes de la sociedad.

Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, la fuerza política de Piñera, advirtió ayer que “ningún cambio constitucional demorará menos de un año”.

“Si usted arma una asamblea constituyente, son meses de trabajo y de discusión, por lo menos un año, y lo que la gente quiere es ver si de verdad hay solución hoy al tema de las pensiones, los sueldos y la salud; lo que propongo es que caminemos y comamos chicle al mismo tiempo”, apuntó.

Mientras los políticos discutían este asunto, las protestas se llevaban a cabo en varias ciudades de Chile, la más importante de ellas, en la plaza Italia, de Santiago.

Otro de los asuntos en los que se centra la atención de los chilenos se relaciona con las violaciones a los derechos humanos denunciadas desde el comienzo de las protestas.

Los miembros de una misión enviada a Chile por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron recibidos ayer por las máximas autoridades judiciales de Chile, que le entregaron información considerada de utilidad para sus investigaciones, según medios chilenos como El Mercurio y Radio Cooperativa.

Espionaje

Además, el Gobierno de Chile pidió un informe completo a Carabineros para profundizar en una investigación sobre una supuesta operación de espionaje de esa fuerza de seguridad contra líderes sociales y sindicales.

La trama de espionaje quedó al descubierto a partir de una publicación del sitio Interferencia, que difundió el resultado de un hackeo, con fecha del 1° de septiembre pasado, según el cual Carabineros investigó a líderes sociales y los agrupó en categorías denominadas “blanco de interés”.

Esa acción de inteligencia fue previa al estallido social reportado en Chile del 18 de octubre pasado, desde cuando se han sucedido protestas, hechos de violencia y respuesta de represión, con un resultado de 23 muertos y miles de heridos y de detenidos.

En este contexto, la vocera del Gobierno chileno, Karla Rubilar, afirmó ayer que las autoridades pidieron un informe con “transparencia total” sobre el espionaje.

Responsabilidad

Las denuncias por brutalidad policíaca durante la represión llevaron a la guatemalteca Rigoberta Menchú, quien obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1992, hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida a Piñera.

“Chile no es un país anárquico, desordenado; es un país que tiene Estado, tiene jefes. ¿Y qué pasa con el jefe cuando hay un abuso de derechos humanos? Es su profunda responsabilidad lo que pasa en su territorio”, indicó Menchú en una breve declaración.

El politólogo Alberto Mayol dijo que “todos los esfuerzos se centran en una sola variable, la agenda social, porque esta permite estabilizar y salir airoso de una crisis que (el Gobierno) está recién tratando de comprender en todas sus dimensiones”.

En el plano parlamentario, una comisión de la Cámara de Diputados dio ayer un paso más hacia la aprobación de un proyecto que reduce de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral.

El texto acordado establece que, en caso de aprobación definitiva, la norma se aplicará en el término de un año en las grandes empresas y con un plazo de cinco años para el caso de las pymes.

Prevén caída del crecimiento

El ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, anunció ayer que el crecimiento económico del país será menor que el esperado, debido a las protestas de las últimas semanas, que afectaron a la actividad económica en importantes ciudades como Santiago o Valparaíso. “Vemos el cierre del crecimiento este año que bajó del 2,6, que era la estimación que teníamos, a un rango más bien entre el dos y el 2,2 por ciento”, dijo Briones en el Palacio de la Moneda.

Briones explicó que el tercer trimestre cerró con un crecimiento del 3,3 por ciento, “lo que es consistente con la tendencia hacia una mejoría que estaba viviendo la economía” chilena.

Sin embargo, en el cuarto trimestre “la situación será completamente distinta, producto de los eventos que todos hemos conocido y que han generado que muchas actividades estén funcionando a media máquina”, anticipó. “Esto va a marcar evidentemente una disminución de la actividad económica”, recalcó.

Así las cosas, pedió al Comité del PIB que hiciera una “evaluación” para determinar “si su estimación estructural cambia o se mantiene”. “Todo esto lo reflejaremos de manera muy transparente en la discusión presupuestaria en el Congreso”, afirmó.

La patronal chilena ha cifrado en más de 1.400 millones de dólares las pérdidas económicas por las protestas, mientras que los daños causados en la infraestructura del metro de Santiago rozan los 400 millones de dólares.

El ministro de Exteriores, Teodoro Ribera, admitió que “cuando un país tiene estos niveles de violencia, obviamente genera incertidumbre en el extranjero”.

Chile en cifras: números que hablan

Datos para entender a un país convulsionado.

400 dólares. Es el salario mínimo chileno. El sueldo promedio oscila entre 500 y 700 dólares. Un senador puede ganar U$S 44 mil.

18 días consecutivos. Han pasado desde el inicio de las protestas, encendidas por un aumento en el precio del boleto del tren.

65% de endeudados. Más de 11 millones y medio de los 18 millones de chilenos gastan más que sus ingresos y tienen deudas.

Fuente: La Voz