En lo que va de 2015, la Auditoría de Salta no publicó informes de los municipios
Hasta ayer, el organismo solo dio a conocer cuatro documentos, ninguno sobre la situación de las intendencias A esta altura, en 2014, ya se habían emitido 22 resoluciones.
En lo que va del año, la Auditoría General de la Provincia (AGP) no publicó informe alguno sobre la situación de los municipios de Salta.
El organismo, de acuerdo con lo que establece artículo 169 de la Constitución provincial, tiene funciones de contralor «de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa en atención a los criterios de legalidad» en las intendencias, dependencias del Grand Bourg y otros poderes del Estado.
En este semestre, la AGP solo dio a conocer a través de su página de internet cuatro informes: dos sobre ejecuciones presupuestarias del Poder Judicial correspondientes a 2011, uno sobre el programa Provisión de Medicamentos Genéricos (ex-Remediar) y otro referido al hospital Francisco Herrera de la localidad de Campo Quijano.
En 2014, a esta altura del año, la AGP ya había difundido 22 documentos, a través de sus cuatro seccionales de control. Entre esos instrumentos públicos, 12 correspondían a análisis de las gestiones municipales.
Área por área
El área I, por ejemplo, examinó la ejecución de gasto y el estado de deuda de Los Toldos, Isla de Cañas y La Caldera, correspondientes al período 2011 para el primer caso y al segundo semestre de 2012, para los otros dos. En 2015, el área I, difundió los mencionados informes presupuestarios del Poder Judicial.
El área II de la Auditoría, llamativamente, aún no publicó ni un solo expediente en lo que va del 2015, ni de los municipios ni de los organismos del Ejecutivo provincial.
Esa dependencia, entre otras cuestiones, debe analizar el cumplimiento de la ley de Contabilidad de la Provincia y la ley de Contrataciones 6.838, en las carteras de Economía, Gobierno, Seguridad y en las intendencias de Campo Quijano, Cafayate, Cachi, San Antonio de los Cobres y Rosario de la Frontera, entre otras.
También están en su jurisdicción, según se consigna en la web de la AGP, Saeta, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y el Ministerio Público.
Al 19 de junio de 2014, el área III de la AGP ya había colgado en su portal de internet cinco informes, mientras que en lo que va de este año solo cargó dos.
En cuanto al análisis de los municipios, esa área emitió en los primeros meses del año pasado dos resoluciones, una para Tartagal y la otra para Aguaray. También se ocupó de los hospitales Materno Infantil, de la capital salteña, y San Vicente de Paul, de San Ramón de la Nueva Orán.
En la área IV, la AGP sigue sin dar a conocer su trabajo y el resultado de los análisis contables y de legalidad en las dependencias que están bajo su jurisdicción. Los ministerios de Cultura y Turismo y Trabajo, la
Secretaría General de la Gobernación, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y municipios como los de General Güemes, San José de Metán, El Galpón, Apolinario Saravia y Joaquín V. González, entre otros, pertenecen a esa órbita de contralor.
En esta caso, a esta fecha de junio del año pasado ya se habían dado a conocer siete informes. De esos, cinco correspondían al análisis de las intendencias de Güemes, La Candelaria, El Jardín, El Tala y Metán.
Desde el viernes pasado, El Tribuno insistió en lograr una entrevista con el presidente de la AGP, Oscar Salvatierra, pero el funcionario no accedió.
Su cargo, por cierto, debe renovarse en estos días. El Senado convocó a una audiencia pública para mañana, a las 10, en el marco de la nueva designación de Salvatierra, quien cumple funciones en la AGP desde julio de 2010.
Salvatierra, recordemos, es cuñado del exministro de Gobierno de la Provincia Julio César Loutaif.
En Orán, esas familias también tienen lazos con miembros de un estudio contable.
La obligación fijada por ley
«Los informes, dictámenes y pronunciamientos finales de la Auditoría tienen la calidad de públicos y deben ser publicados por la misma», marca la Constitución. Además, tiene legitimación para comparecer en juicio en representación del Estado, en los casos de daños al fisco.
