En Salta, el 82% de las trabajadoras de casas particulares no cuentan con aportes jubilatorios
Según el Mapeo Federal del Cuidado en la región NOA el porcentaje es del 83,8%, detrás del NEA, con el 86%, y Cuyo, donde el porcentaje llega al 85.5%.
Según el Mapeo Federal del Cuidado en la región NOA el porcentaje es del 83,8%, detrás del NEA, con el 86%, y Cuyo, donde el porcentaje llega al 85.5%.
Ayer se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. En recuerdo de esta sanción el 3 de abril es el Día del Personal de Casas Particulares. La legislación reconoce y garantiza los derechos laborables de estas trabajadoras. No obstante, su aplicación es esquivada por los empleadores.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la provincia de Salta, el 82% de las trabajadores de casas particulares no cuentan con aportes jubilatorios por su trabajo. Además, la Dirección de Mapeo Federal del Cuidado, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, dio a conocer que en la región del NOA, el porcentaje es del 83,8%, un poco menos que en el NEA, donde llega al 86%, y Cuyo, con el 85.5% sin aportes.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta retomó los datos del INDEC e precisó que en la provincia el 97% de las trabajadoras en casas particulares son mujeres; destacando que es el sector laboral más feminizado del país. A ello se suma que es la rama económica menos reconocida, puesto que el ingreso mensual promedio del trabajo en casas particulares es de $20.200, mientras que en el resto de las ramas de ocupación el ingreso promedio es de $58 mil.
Para el Observatorio, estos datos «demuestran la violencia de género indirecta que atraviesan las trabajadoras de casas particulares», ya que son las mujeres quienes más se dedican a la actividad. Una de sus directoras, la sociológa Ana Pérez Declercq, manifestó que es preciso seguir visibilizando la situación porque «a pesar de que hay políticas estatales orientadas a que las empleadas de casas particulares tengan sus derechos, como los aportes jubilatorios, aún es una deuda pendiente», ya que los datos actuales demostraron que en los hogares que se contratan estos servicios, no se formaliza la relación laboral.
Para Pérez Declercq no es menor que la provincia de Salta mantenga altos índices de informalidad, ya que el territorio mantiene una «cultura» aferrada a la figura de la «criada», entendida como aquella donde una persona realiza las tareas de cuidado en una casa a cambio de educación y comida. «No podemos seguir tolerando que estas situaciones se sostengan», expresó.
En publicaciones anteriores, el Observatorio ya había alertado sobre los altos porcentajes de informalidad. Según el Ministerio de Economía de la Nación, en 2020, en la provincia el porcejante de trabajadoras no registradas era del 72,4%, lo que también impide el acceso a vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura de salud.
Para la funcionaria provincial, este crecimiento en los porcentajes de informalidad exige un cambio cultural por parte de la sociedad, ya que las personas empleadoras no se perciben como tales. Pérez Declercq insistió en que se trata de una violencia de género indirecta que está atravesada por jerarquías de las clases sociales. También destacó que «al trabajar cada empleada en una casa es muy difícil organizarse».
En 2017, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un estudio en Argentina para identificar los factores que inciden en la formalización de las trabajadoras de casas particulares. Entre sus principales hallazgos, se encontró que cuanto mayor es la dedicación horaria en la relación laboral (cuanto más se acerca a la jornada completa) existe una mayor propensión a otorgar derechos a las trabajadoras.
Mientras que, respecto al discurso y a las prácticas asociadas al registro por parte de personas empleadoras, la responsabilidad suele ser depositada sobre las propias trabajadoras, reforzando mitos respecto a que el registro les quitaría “planes”. En tanto, respecto a las trabajadoras, se conoció que tanto el temor al despido, así como la necesidad de priorizar la cuestión salarial (más urgente en sus vidas cotidianas), son las variables que limitan la demanda de formalización.
Registradas, una política que se esquiva
Ante los altos porcentajes de la ausencia de registro, el gobierno nacional lanzó a fines de septiembre de 2021 el Programa Registradas. Esta medida tuvo como objetivo reducir la informalidad en el sector de trabajadoras de casas particulares, garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar su bancarización.
Para ello, se dieron ciertos beneficios a la parte empleadora. Principalmente que, después de inscribir a la trabajadora en la AFIP, se realizaría la apertura automática de una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco de la Nación de la Argentina.
Esto permite que durante seis meses el Estado le transfiera a la trabajadora el 30% o el 50% del salario, hasta $22.258,75 por mes, dependiendo del nivel de ingresos de la parte empleadora. Por su parte, a la parte empleadora le compite depositar a la trabajadora el porcentaje restante del sueldo que corresponda. La inscripción al Programa debe ser solicitada por la parte empleadora y está abierta hasta el 31 de diciembre de 2023.
De acuerdo al Informe 2022 que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizó sobre el programa, el sector de casas particulares fue la categoría de empleo más afectada en la región durante la crisis por la covid-19 con una contracción del 20,9% en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Argentina, para el segundo trimestre de 2020, más de 400 mil trabajadoras habían perdido el trabajo y se estima que para el primer trimestre de 2022, 177 mil trabajadoras no lo habían recuperado. Ante esta situación se decidió crear una política de generación y sostenimiento del empleo formal en el sector, que fue Registradas.
Según informaron, desde el 28 de septiembre de 2021, fecha de inicio del programa, hasta diciembre de 2022 inclusive, 22.100 trabajadoras de casas particulares pudieron acceder al Programa Registradas. También la AFIP dio a conocer que aproximadamente 8 de cada 10 trabajadoras conserva la relación laboral formal luego de finalizar el beneficio.
En el caso de Salta, se dieron 784 solicitudes de ingreso entre septiembre 2021 y diciembre 2022.
La cartera nacional también observó que la difusión del Programa impactó de forma positiva en la registración, aún de personas que deciden no solicitar su ingreso, o bien, no cumplen con los requisitos establecidos. Entre septiembre 2021 y diciembre 2022 hubo un total de 235.226 altas de relaciones laborales en el sector de trabajadoras de casas particulares. Dado que aún resultan altos los porcentajes de informalidad, Nación comunicó que durante 2023 la inscripción al programa permanecerá abierta todo el año.
Además, para aquellos casos donde la persona contratada sea una trabajadora con discapacidad o con hijxs con discapacidad, trabajadorxs travestis, transexuales o transgénero o trabajadora titular del programa Acompañar (que continúe percibiendo la prestación económica o no), el beneficio del programa se extenderá por 8 meses en lugar de 6. También se comunicó que se simplificará el porcentaje del sueldo que paga el Estado, es decir, todas las trabajadoras inscriptas en el programa pasarán a percibir el 50% de su sueldo por parte del Estado, indistintamente de los ingresos de la parte empleadora.
Sin embargo, los índices de informalidad son altos en todo el país, con un promedio general del 75,7%. En la región NEA, es del 86%; en la zona de Cuyo, del 85,5%; en el NOA, del 83,8%. En la región Pampeana, del 72,8%; en Gran Buenos Aires, del 73,9%; y en la Patagonia, del 64,9%.
Es por ello que desde el Ministerio de Mujeres de la Nación buscan fortalecer y profundizar los cambios que trae el Programa Registradas. En esa línea, se propone hacer un análisis de los impactos en términos de alcances de la población destinataria en función de los cambios incorporados en el nuevo decreto del Programa. Y frente a la persistencia de los mitos que operan como obstáculos a la registración, se propone fortalecer las campañas de comunicación focalizadas.
También se propone llevar a cabo acciones de fiscalización que permitan monitorear el cumplimiento de las obligaciones por parte de las y los empleadores. Asimismo, trabajar en la difusión de herramientas para brindar información de las trabajadoras sobre sus derechos (control de aportes, tramitación de licencias, obra social), especialmente para sectores medios que no cuentan con este acompañamiento contable. Además, diseñar y llevar a cabo acciones de formación tanto para la finalización de los estudios obligatorios como para promover la profesionalización del sector.
