Es oficial: El gobernador y el intendente de Mendoza compartirán la administración del Parque Cívico
La gestión provincial le cedió nuevas competencias al municipio. La norma establece reglas sobre el uso del suelo, el control del tránsito y prohíbe la venta de terrenos públicos.
La gestión provincial le cedió nuevas competencias al municipio. La norma establece reglas sobre el uso del suelo, el control del tránsito y prohíbe la venta de terrenos públicos.
El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este lunes las modificaciones a la Ley 3.401, cuyo objetivo es redefinir el régimen jurídico del Centro Cívico. La nueva norma, publicada en el Boletín Oficial, establece nuevas reglas sobre el uso del suelo y la distribución de competencias entre la Provincia y la Municipalidad de Ciudad.
Aprobada por la Legislatura a finales de marzo, la ley otorga nuevas funciones a la gestión de Ulpiano Suarez, entre las que se incluyen el cuidado y mantenimiento de los edificios administrativos ubicados en la Capital. Entre los cambios más relevantes, se destaca que todas las edificaciones públicas deberán estar aisladas, sin cercos ni muros divisorios, y con sus fachadas tratadas de forma integral.
Además, cualquier construcción en terrenos de dominio público requerirá aprobación municipal, tanto en su diseño como en su uso. En el caso de terrenos privados, las obras deberán ajustarse a las normativas de uso del suelo y a los indicadores urbanos establecidos por ordenanza municipal.
Otro punto clave es la transferencia de nuevas responsabilidades a la Municipalidad de Ciudad. A partir de ahora, la comuna asumirá el poder de Policía de Tránsito dentro del Centro Cívico —según lo establecido por la Ley 9024—, el sistema de estacionamiento medido (incluida su recaudación) y las competencias generales previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Por su parte, la Provincia conservará el control del arbolado público, los espacios verdes, el alumbrado, las fuentes ornamentales y la limpieza de calles y acequias. Se trata de un esquema mixto que busca clarificar funciones y evitar superposiciones entre los distintos niveles del Estado.
Uno de los artículos más destacados de la reforma prohíbe expresamente la venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación —temporal o definitiva— de terrenos de dominio público dentro del Centro Cívico. La única excepción será para la instalación de dependencias oficiales. Además, la ley permite el uso de estos espacios para actividades culturales, deportivas o artísticas, siempre con autorización previa del Poder Ejecutivo.
El documento lleva las firmas de los presidentes de ambas cámaras legislativas: Hebe Casado (Senadores) y Andrés Lombardi (Diputados).
