Escándalo en Santa Fe por cocheras subterráneas: Espacio público versus negocio privado
El ambientalista radical, Ricardo Mascheroni (hermano de Santiago, el diputado provincial y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara baja), encendió una mecha alternativa con una declaración titulada: «Negocios privados y apropiación de los espacios comunes, a propósito de las cocheras en las plazas». Se queja en su primer párrafo al decir que «parecería que la década de los 90 nunca termina y que los herederos de Menem, insertados en todas las fuerzas políticas, siguen actuando con la misma lógica, en cuanto al hecho de seguir haciendo buenos negocios privados con espacios públicos y semipúblicos».
Mascheroni, dijo por LT-9 que las empresas que construyen en el Alberdi no corren ningún riesgo porque si dentro de 30 años o antes, como pasa ya en muchas ciudades hay que impedir el ingreso de autos al microcentro, y el negocio deja de ser rentable se van y listo. No tuvieron que comprar el terrero porque se les dio gratis.
Alejandro Alvarez, de la Asociación Parque Federal, en LT-10 opinó: «Nadie va a invertir tantos millones de pesos en una obra si no creyera que la rentabilidad es extraordinaria. 30 años son varias generaciones y excede cualquier mandato democrático». Alvarez cuestionó lo exiguo del canon de mil pesos. El secretario municipal Pablo Tabares refutó diciendo que «si fuera tan extraordinario el negocio se habrán presentado más interesados a la licitación».
Hablar del negocio hizo aparecer en escena a la Inmobiliaria Benuzzi que tiene en oferta «Parking Alberdi, el negocio del futuro», según dice su publicidad. «No sé que vende Benuzzi. No puede vender las cocheras porque son públicas y lo impide el contrato de concesión. Es decir, cualquier santafesino podrá ir y estacionar por media hora, medio día o por mes si quiere, pero no comprar su uso exclusivo. Esta gestión ha demostrado que ha quitado concesiones cuando se burló el objeto de las mismas», se desentendió ante LaCapital, Tabares.
Publio Benuzzi, titular de la inmobiliaria explicó a este diario que Cam, una de las empresas de la UTE, le pidió a su inmobiliaria que conforme un fideicomiso de inversores para las cocheras. «Como facilitadores actuamos de intermediarios, nada más. No ponemos dinero en la obra. Para participar del fideicomiso se puede hacerlo como inversor (van a empezar a percibir la venta al tercer mes de funcionamiento del negocio) o usuario exclusivo donde tiene adjudicada la cochera por un tiempo determinado. Esto está en base al convenio firmado por Corral y la UTE. Corroboramos que está todo en orden para ofrecer este negocio. Lo escuché a Tabares decir de forma artera que la cláusula 2ª del contrato de concesión fija que no se pueden adjudicar cocheras. El dijo que esto sería un acto de mala fe. Yo tengo el contrato en mis manos y en ningún momento dice eso. Lo que no está prohibido está permitido. Hay que hablar con lo que dicen los papeles. Que se hagan cargo los que firmaron».
Comunicado de los autoconvocados
La ‘’Asamblea Ciudadana en Defensa de lo Público’’ gestada a partir del conflicto en el parque Alberdi comunica:
El Parque Alberdi es un Bien Público que nos pertenece a todos.
Esta Asamblea peticiona, mientras se están dirimiendo en el ámbito de la justicia de Santa Fe un Amparo por la ley 10000 de intereses difusos y eventuales nuevas presentaciones judiciales, la convocatoria a una Audiencia Pública, con transmisión en vivo de todos los medios audiovisuales de comunicación tradicionales, comunitarios y cooperativos.
La LICENCIA SOCIAL no se negocia, se adquiere.
Reafirmamos los 4 ejes principales pronunciados oportunamente y consensuados por la asamblea:
- El uso indebido e ilegítimo del espacio público para fines privados. Y con la particularidad accesoria y no menos grave que se trataría, en principio, de una obra viciada de irregularidades jurídicas y técnicas.
- La presentación y comunicación insuficiente a la ciudadanía de la información del proyecto.
- El impacto ambiental y urbano.
- La destrucción del patrimonio arquitectónico y cultural.
Planteamos la derogación de la ordenanza N 11852 de iniciativa “público – privada” ya que es el marco normativo que está facilitando en este caso el uso de un bien público para explotación comercial privada. Es por eso que se peticiona el cese inmediato y total de la obra y por ende que se rescinda la concesión. Además la derogación de la ordenanza de iniciativa “público-privada” como marco normativo que permite y facilita el lucro privado con bienes público.
A la vez que solicitamos a los medios de comunicación que informen a la población adecuadamente que el punto de conflicto es la oposición al uso de espacios públicos con fines económicos de privados, que abarca mucho más que la problemática planteada del destino de los árboles como se intenta comunicar y como se ha instalado en algunos medios de comunicación.
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Lo que dicen los medios locales
A pedido del Defensor del Pueblo, Luciano Leiva, alarmado «por la creciente tensión y los recurrentes enfrentamientos», el intendente santafesino José Corral accedió a iniciar desde hoy un diálogo formal con los opositores a la construcción de cocheras semisoterradas en el parque Alberdi capitalino. El intendente va a la negociación, dijo, dispuesto a explicar y hacer todas las reformas necesarias al proyecto, aunque aclaró que «la obra se hará». Los representantes de los vecinos, lo harán fortalecidos porque el viernes juntaron en el segundo abrazo al lugar el doble de gente: más de 2.000 personas, dicen.
Hoy, se estima, el Defensor dará a conocer la fecha en que comenzará la negociación que, presumiblemente, abarcará otras obras previstas: 800 cocheras en la plaza San Martín ya con ordenanza aprobada e intervenciones idénticas en otros paseos.
Por 137 árboles
Desde hace dos semanas jóvenes acampan en el parque Alberdi para impedir las obras. Aunque éstas fueron aprobadas por todos los partidos en el Concejo hace ya dos años, los vecinos reaccionaron cuando empezaron a sacar algunos de los 137 árboles del lugar.
Con 15.245 metros cuadrados de superficie, el Alberdi está ubicado en el microcentro capitalino, a dos cuadras de la peatonal y frente al modernizado y coqueto paseo ribereño de la zona portuaria. El municipio intenta remozarlo y construir debajo 295 cocheras que dará en concesión por 30 años a las empresas constructoras.
Abrazos simbólicos. Miles de personas protestaron en el parque Alberdi cuando se comenzaron a sacar algunos de los 137 árboles que hay en el lugar.
En marzo del año pasado la UTE integrada por Cam Construcciones, Ponce Construcciones y Park Centro (esta última con los mismos socios de las anteriores pero creada, dice el pliego de concesión, para explotar las cocheras luego de construidas) ganaron la licitación para edificar las 295 dársenas de «estacionamiento público de tiempo fraccionado», y poner en valor el paseo, con una oferta de 33.065.598,07. Fueron los únicos oferentes.
No obstante, esa cifra no está en el contrato de la concesión por el cual se obliga el concesionario. Este instrumento sólo precisa los montos de las garantías de contrato y de obra, 1.630.000 y 3.000.000, respectivamente, a cifras redondas. «Es a obra entregada. El municipio no pone un peso. Lo que gasten las empresas es su inversión y las obras quedarán para la ciudad. Las empresas deben mantener las cocheras, construir y mantener el nuevo parque y baños públicos», explicó a este diario el secretario de la Producción del municipio, Pablo Tabares.
Inicialmente la protesta fue porque sólo un porcentaje de los árboles quedaría dentro del predio de la plaza. Los demás serían replantados en los alrededores. Al conocerse que el canon mensual exigido a las empresas sería de mil pesos, se extendió el malhumor social y más actores se sumaron a la polémica. Un amparo en la Justicia pide que se suspenda la obra.
El clima se volvió más denso aún cuando se comenzó a hablar del «negocio» (ver aparte). El Centro Comercial salió en respaldo: «Mejorará el tránsito, reduciendo el número de autos circulando o estacionados en la vía pública» algo que beneficia al comercio, principal motor de la ciudad. El Colegio de Arquitectos recordó que intentó frenar la licitación porque los 140 días entre la aprobación del proyecto y el llamado a licitación le parecieron pocos, dado que se «involucra un bien de gran valor y muy sensible para la ciudadanía», y «reconociendo el valor de la práctica participativa promovida por esta gestión municipal» demandó que «se tomen los tiempos necesarios antes de avanzar en su licitación para la difusión de los mecanismos de resguardo que seguramente se habrán tomado».
Hoy se verá si la gestión del Defensor logra cauces más calmos.
