Un fallo del Tribunal Constitucional jaquea logros de la reforma educativa chilena
El polémico Tribunal Constitucional de Chile aprobó la posibilidad de que empresas o fundaciones con avidez de ganancias controlen universidades y jaqueó así la ley emblema del gobierno de Michelle Bachelet, que consagró la gratuidad.
El polémico Tribunal Constitucional de Chile aprobó la posibilidad de que empresas o fundaciones con avidez de ganancias controlen universidades y jaqueó así la ley emblema del gobierno de Michelle Bachelet, que consagró la gratuidad.
Por seis votos contra cuatro, la instancia declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohibía la presencia de controladores con fines de lucro en instituciones de educación superior.
En un comunicado, el TC declaró que se aprobó «por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de las disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento».
No obstante y también por mayoría de votos se acordó declarar la «inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades», añadió.
El nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela (partidario del lucro), le restó importancia al mencionado articulado asumiendo que «no es vital en el proyecto» por cuanto, opinó, «el lucro con esta ley tiene su funeral, han cremado el féretro, han tirado sus cenizas al mar y me parece ya una etapa superada».
Distinta fue la reacción de los legisladores opositores, como el diputado de Revolución Democrática y ex dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, quien definió al TC «como una verdadera tercera cámara política, compuesta seis a cuatro entre las posiciones más conservadoras y los que podrían opinar de forma más progresista».
Discrepó del ministro Varela, con quien «tenemos una diferencia sustantiva. El cree que es marginal que los controladores, como lo han hecho los últimos 20, 25 años, triangulen fondos usando la pantalla de una institución sin fines de lucro».
Jackson manifestó que «es vergonzoso que cuando nos prometen y nos dicen ‘jueguen el juego de la democracia, postúlense a cargos de representación popular’, uno se postula, ganamos, uno tiene una mayoría, se logra tramitar el proyecto de ley y el tribunal decide políticamente que esto no se puede legislar».
«No tiene ningún sentido legislar, hagamos lo que hagamos, era un proyecto de ley que no tenía ningún reparo en términos de constitucionalidad por parte de Chile Vamos», recordó.
El senador Jaime Quintana, también de oposición, explicó que «prohibición del lucro en universidades (obligación principal) existe desde 1981 (artículo 15 DFL1). El artículo 63 de la nueva Ley de Educación Superior es accesorio a esa obligación y buscaba introducir una herramienta jurídica para evitar que se siga defraudando la ley por parte de algunas Universidades».
A su juicio, tras la resolución del TC «el presidente (Sebastián) Piñera tiene que elegir entre el Senado y la Cámara o esta tercera cámara que está más que mirando el interés constitucional, está fallando con una determinada ideología».
Sandra Beltrami, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile Confech), preguntó «qué se le va a decir a los estudiantes, que estamos aquí con el esfuerzo de nuestras familias?: Que los empresarios se siguen llenando las manos, los bolsillos y ahora además lo van a hacer con los recursos de la gratuidad?».
«Nos parece inaceptable que los recursos de la gratuidad también ahora se presten para el lucro en la educación», subrayó.
La expresidenta Bachelet también reaccionó en Twitter y afirmó que el fallo del TC «distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior».
La senadora del opositor Partido Demócrata Cristiano y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, afirmó que el fallo valida «el negocio de un conjunto de empresarios de la educación».
«Es lamentable que la mayoría Piñerista del Tribunal Constitucional opte una vez más por el mercado y no por los ciudadanos», acotó.
Para el senador del también opositor Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, se ha ratificado «que, por la vía administrativa, se están desmantelando los avances logrados en materias tan relevantes como la educación».
«Entre los decretos presidenciales y la funcionalidad del TC a los intereses de la derecha, están desmantelando los logros del gobierno anterior que fueron construidos a partir de las demandas de la ciudadanía», apuntó.
