Fondo para obras: los proyectos excluidos y los que se harán, en medio de la presión de los intendentes mendocinos
Los intendentes buscan que se prioricen obras que el Gobierno no tiene en mente. La tensión entre "lo necesario, pero invisible y lo visible pero intrascendente". Qué pasará con las viviendas.
Los intendentes buscan que se prioricen obras que el Gobierno no tiene en mente. La tensión entre «lo necesario, pero invisible y lo visible pero intrascendente». Qué pasará con las viviendas.
El presidente Alberto Fernández firmó el certificado de defunción de Portezuelo del Viento, obra que siempre tuvo varios problemas propios que la hacían inviable, y Mendoza quedó en una extraña encrucijada: tener dinero, pero no en qué gastarlo. Rodolfo Suarez consultó y había más expresiones de deseo que proyectos; muchas ideas sueltas y ningún plan. Tan rara es la situación que pasaron 5 años desde que la provincia firmó el acuerdo para que la Nación le pague 1.023 millones de dólares, ya están depositados casi todos los fondos y aún hay incertidumbre sobre el destino.
Alfredo Cornejo tiene la lapicera dorada para autorizar el destino de los fondos. Fue quien firmó el convenio con Mauricio Macri y a quien habilitó Javier Milei a usarlos discrecionalmente. En el medio Fernández y Suarez se habían encargado de entorpecer todo. Como anticipó MDZ, la intención es que las obras a ejecutar tengan repago o se hagan compartiendo inversión y riesgo con el sector privado. Los intendentes presionan para morder. Los ajenos, con el lobby desde el Sur principalmente, y los propios, como hizo Marcos Calvente al solicitar que se amplíe el acceso Este (una ruta nacional). Todos manotazos aislados, sin un plan detrás. La tensión política estará entre el uso del dinero para obras necesarias pero muchas veces invisibles, o las visibles pero no siempre necesarias. El 2025 es un año electoral y el escenario político es incierto. Varios intendentes oficialistas hacen sus primeros pasos liderando gestiones y la ansiedad puede ganarles. Con otro condimento: el cerrojo nacional para las obras y la caída en la recaudación automática por coparticipación.
La planilla que se elaboró incluye detalles profundos. Y sobre todo el nivel de avance; si tiene proyecto ejecutivo, externalidades positivas o negativas, si hay repago posible o es una obra hundida, beneficiarios e impacto. El Gobernador tiene en mente algunos cambios más profundos que afecten modelos productivos. “No se puede hacer una inversión en eficiencia hídrica para llevar agua a una producción que no es competitiva, no tiene rentabilidad ni mercado”, explican. Por eso hasta podrían producir incentivos para reconvertir el uso de la tierra en algunas zonas.
Tampoco habrá inyección de dinero para viviendas desde el Instituto Provincial de la Vivienda. Desde el gobierno responden rápidamente “no”, aunque después matizan. “Puede haber algunas inversiones pero con modelos distintos, con participación privada y con un recupero de la inversión que no sea el del IPV”, aseguran.
El único proyecto ejecutivo que había era el de la represa El Baqueano, un dique que no es prioritario para responder a la emergencia hídrica y la demanda energética. Solo se haría si el Gobierno nacional garantiza tarifa en la compra de energía y aparecen inversores privados.
Desconectados
El atraso en la infraestructura es tal que hay industrias que no pueden instalarse en la provincia por falta de acceso a la energía o por la imposibilidad de tener gas. Incluso los proyectos de generación de energía renovables no se pueden hacer porque no hay cómo transportar esa energía. Por eso en el plan que diagrama Marité Baduí se incluyen obras de ese tipo, líneas eléctricas que en otro contexto deberían ser financiadas por la Nación y el sector privado. Mendoza creó un fondo para ese fin, que es con el que se construye la línea que Cruz de Piedra Gran Mendoza. El repago sería vía tarifas, otra vez.
Los intendentes presionan por un lado y las empresas constructoras hacen su parte. Las cámaras que las nuclean ya pidieron audiencia con el Gobernador para sondear el terreno. El pedido es que haya señales para que se facilite la participación de constructoras locales. Un “compre mendocino” aggiornado. Entre otras cosas piden que se bajen algunos requisitos que consideran excluyentes, como ocurre con las obras del Departamento General de Irrigación al solicitar antecedentes en obras de gran magnitud.
El “compre mendocino” no siempre es un dato alentador. Las propias constructoras advierten que hay que andar con precaución en ese terreno para evitar dos de los peores males de la obra pública: la cartelización y los sobreprecios por falta de competencia. Hay ejemplos de distinta escala en ese sentido. Uno de ellos es, nuevamente, Portezuelo del Viento, que fue licitada originalmente con una sola oferta y a un precio descomunal. Mientras, el sector sufre. Hay Pymes de la construcción que ya hicieron las valijas y, por ejemplo, se presentan en UTE en otras provincias para participar de obras privadas.
